CIUDAD VICTORIA, TAM.- Luego de la conclusión de la elección judicial que modificará por completo las estructuras de la impartición de justicia en México, ahora se ha puesto sobre la mesa el debate sobre el futuro de las fiscalías.
Se dio a conocer que Morena y sus aliados buscarían presentar una iniciativa para que las Fiscalías vuelvan a depender del Ejecutivo Estatal y que sea el Gobernador el que proponga a sus titulares, argumentando que estos organismos no han entregado los resultados esperados, y no suele haber quien se responsabilice de su falta de efectividad.
El Senador Waldo Fernández González, señaló que si bien no hay aún una iniciativa elaborada, sí están analizando el presentarla ante la Cámara Alta, explicando que el modelo autónomo de Fiscalías no ha funcionado.
Y puso el ejemplo su entidad, Nuevo León, donde la Fiscalía ha sido motivo de disputas políticas, lo que ha derivado en rezagos de la justicia, en detrimento de los ciudadanos.
“Retomando las discusiones estamos planteando, todavía no es un hecho, estamos trabajándolo primero con los integrantes de la coalición viendo la posibilidad de que regrese”. El legislador señaló que los actuales fiscales tendrían que concluir sus mandatos para entonces adentrarse en un nuevo modelo, en caso de aprobarse, y luego ya retomaría el titular del Poder Ejecutivo, para él poder designar y responsabilizarse ante los ciudadanos de la procuración de justicia”. En Tamaulipas, sin llegar al tema de la autonomía, el encargo de la Fiscalía General ha generado un debate político en el Congreso del Estado, especialmente a partir de la Legislatura anterior, coincidiendo con la llegada de Morena al gobierno del Estado. Actualmente, el proceso para designar al Fiscal está a cargo del Congreso del Estado y del Gobernador. Primero, el Congreso debe emitir una convocatoria para los ciudadanos interesados en ocupar la Fiscalía General de Justicia y que cumplan con los requisitos.
El Legislativo debe aplicar un proceso de selección para integrar una lista paritaria de seis personas: tres hombres y tres mujeres, que deberá ser aprobada por dos terceras partes del Pleno. Esta lista se envía al Ejecutivo para que de ahí, el gobernador proponga una terna final que sería devuelta al Congreso. En el pleno, se debe votar para que una mayoría calificada seleccione finalmente a quién ocupará la Fiscalía General de Justicia del 2025 al 2032.
El actual titular, Irving Barrios Mojica, llegó al puesto de Procurador General de Justicia, en el arranque del entonces gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca en 2016.
Luego de la reforma que cambió a la Procuraduría en Fiscalía en el 2018, el Congreso de mayoría panista, ratificó a Barrios Mojica ahora como Fiscal General, para un periodo de siete años que concluye este 2025. Un año antes de que concluyera García Cabeza de Vaca su encargo como gobernador, en septiembre de 2021, el Congreso aún de mayoría panista, aprobó reformas para extender su permanencia hasta 2027.
Sin embargo, la nueva Legislatura, ahora con Morena al mando, dio reversa a esa y otras reformas que fortalecieron a la Fiscalía al grado de llamarle “súper Fiscalía”, regresando las cosas a sus orígenes. La autonomía de la Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas no ha significado que su titular haya autorizado, al menos en sueldo, alguna modificación extraordinaria.
En 2016 el salario como Procurador sería similar al de un Secretario de Estado, es decir, 19,992.00 pesos más una compensación de 115,000.00 pesos, para el 2024, el sueldo que se reporta para el Fiscal General es de 22,564.00 pesos, más una gratificación de 144,387.12 pesos. Con el cambio de gobierno en Tamaulipas y Morena y sus aliados como mayoría en el Congreso del Estado, los señalamientos al Fiscal General serían por su presunta afinidad al ex gobernador panista.
Sin embargo, no han iniciado algún proceso para la remoción del encargo como Abogado de Tamaulipas, aclarando que hasta hoy no existe causales para ello, por lo que podrá concluir su encargo, además de tener la posibilidad de volver a participar en el proceso de elección para un nuevo periodo. Esta discusión se da de hecho en la víspera de que el Congreso del Estado emita la convocatoria para el revelo en la Fiscalía, pues el mandato de Irving Barrios Mojica llegará a su fin en diciembre próximo, tras una gestión de casi una década. La fiscalía ha experimentado importantes movimientos en su organigrama.
Elizabeth Almanza Ávalos, quien se desempeñaba como Fiscal Especializada en Desaparición Forzada de Personas, fue designada Vicefiscal Ministerial, sustituyendo a Enrique Feregrino Taboada, quien presentó su renuncia en febrero. Por su parte, Jorge Ernesto Macías Espinosa, anteriormente titular de la Comisión de Búsqueda de Personas, asumió como Fiscal Especializado en Desaparición Forzada.
En la cúpula institucional también se mantiene Miguel Gracia Riestra como Vicefiscal de Delitos de Alto Impacto. Desde la llegada de Morena al poder estatal, el nombre de Jesús Eduardo Govea Orozco ha emergido como el candidato más mencionado para suceder a Barrios Mojica. Govea Orozco actualmente encabeza la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cargo que obtuvo tras un complejo proceso. Tras ser cuestionado en la semana por su posible interés en participar en la convocatoria, no lo descartó, pero dijo que deberá esperar a que esta sea publicada.
PROCURADURÍA A FISCALÍA, ¿SÓLO UN CAMBIO DE NOMBRE?
En 2018, la Ley orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) fue la primera reglamentación aprobada y el paso natural para implementar la reforma constitucional en materia político-electoral publicada desde 2014 y que establecióa la autonomía del Ministerio Público y su transformación en Fiscalías. Se plantearon diversos objetivos para proteger la objetividad de las investigaciones y la persecución penal, “este organismo ya no sería una dependencia del Ejecutivo.
Incluso, tendría que modificar sus procesos internos a un sistema acusatorio oral”. También establecía una renovación de personal profesional, que estaría enfocado a coordinar investigaciones criminales contundentes y fortalecer el rol de los fiscales en juicio. “Lo que se buscaba era que la Fiscalía fuera un órgano autónomo, tuviera políticas claras de persecución y que su planeación estuviera abierta al escrutinio público. Además se abrirían canales de comunicación con otros actores para construir casos fuertes y combatir la impunidad”, señala México Evalúa. Sin embargo, el organismo señala que todas esas intenciones se vinieron abajo en febrero del 2019, con un proceso de designación cuestionable, cuando se nombró por un periodo de nueve años como primer Fiscal autónomo a Alejandro Gertz Manero.
Y es que meses después, Gertz Manero presentó un paquete de iniciativas para regresar al sistema penal escrito inquisitivo, que primero detiene, encarcela y luego investiga; con un proceso penal basado en papeles, en vez de audiencias públicas.
Además, propuso una Ley completamente nueva para la Fiscalía que regresaba a la jerarquía vertical, en vez de fortalecer la independencia de criterio de los fiscales. Su paquete de reformas no fue presentado debido a la presión que provino de jueces, ministerios públicos y defensores de todo el país, además del rechazo de la academia, sociedad civil e incluso actores dentro de la Suprema Corte y del Ejecutivo y solo se aprobó su nueva Ley de Fiscalía que se publicó en mayo de 2021.
En la misma, se eliminaron las disposiciones para transitar a un servicio profesional de carrera, y las formas de control y escrutinio público; se quitaron facultades al Consejo Ciudadano cuya función sería orientar la política de la Fiscalía a las necesidades del país. De acuerdo con México Evalúa, a pesar de la “autonomía”, las Fiscalías, son percibidas como parte del gobierno en turno y tienen un uso político, lo que se evidencia con la renuncia o destitución de 12 fiscales en los últimos siete años.
Entre ellos las renuncias en San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Quintana Roo, Estado de México, Baja California, Sonora, Jalisco y Nuevo León, mientras que en Guerrero y Veracruz, los titulares fueron destituidos.
PRESIDENTA PIDE ANALIZAR PROPUESTA
Sobre la posibilidad de que las Fiscalías de Justicia regresen a los Ejecutivos estatales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha señalado que si bien se debe analizar el tema, ella misma no tiene interés en el control de las dependencias.
“Tienen que analizarse la autonomía de las Fiscalías, cómo ha funcionado; en algunos estados ya tiene más tiempo, a nivel federal desde el 2019, tiene qué analizarse, pero no es una propuesta del Gobierno Federal ara poder quitar la autonomía de las Fiscalías”. Señaló que una vez que pasó la reforma judicial, en caso de existir una propuesta para regresar al Ejecutivo el control de las Fiscalías, ésta debe analizarse, especialmente para revisar los resultados que las mismas han tenido en estos años.
“Pero no hay ninguna propuesta nuestra, que tenga que ver con quitarles la autonomía”, reiteró la mandataria federal durante una conferencia matutina en Palacio de Gobierno. Señaló que si bien, hay casos donde las fiscalías no han funcionado, existen otras que han dado buenos resultados, “la Fiscalía General de la República ha funcionado bien, en otras tiene que mejorar, creo que en general, es importante para el país”.
POR PERLA RESÉNDEZ
