CIUDAD VICTORIA, TAM.- Después de varios meses de estudio, esta semana Tamaulipas aprobó en el Congreso del Estado una reforma al Código Penal que prohíbe y sanciona las llamadas terapias de conversión, prácticas que buscan modificar u “orientar” la identidad o preferencia sexual de una persona.
Con ello, se suma a una lista creciente de entidades federativas que han optado por poner fin a una práctica que ha sido calificada por colectivos y activistas como una forma de violencia que, durante años, se mantuvo en la impunidad.
La reforma, respaldada por una mayoría legislativa, tipifica como delito la realización, aplicación, impartición, obligación o financiamiento de cualquier tipo de tratamiento, terapia o práctica cuyo objetivo sea suprimir, modificar o anular la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
El nuevo artículo 276 Octies del Código Penal tamaulipeco establece penas de dos a seis años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA (más de 200 mil pesos), contra quien incurra en estas prácticas.
En caso de que la víctima sea menor de edad, adulto mayor, persona con discapacidad o incapaz de comprender el hecho, la sanción se incrementa hasta en la mitad de su mínimo y máximo. Si el perpetrador tiene una relación de poder o subordinación (como médicos, docentes o funcionarios), también se aplicará inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Se definen estas terapias de conversión —conocidas también como ECOSIG (Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género)— como prácticas sin base científica que incluyen violencia física, psicológica o moral, y que atentan directamente contra la dignidad humana.
La reforma es el resultado de dos iniciativas presentadas desde el año pasado por las diputadas Consuelo Nayeli Lara Monroy y Guillermina Magaly Deandar Robinson, quienes en sus exposiciones destacaron que estas prácticas violan múltiples tratados y convenciones internacionales firmados por México. Citando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, así como los Principios de Yogyakarta, argumentaron que este tipo de violencia institucionalizada no tiene cabida en una sociedad que aspire a la justicia y la inclusión.
La diputada Lara Monroy subrayó que esta reforma busca homologar el Código Penal estatal con el artículo 209 Quintus del Código Penal Federal, que recientemente fue reformado. Por su parte, Deandar Robinson enfatizó el impacto devastador de estas prácticas, señalando que sus consecuencias incluyen desde depresión, ansiedad, suicidio, hasta violencia sexual y exclusión familiar. Durante el proceso de dictamen, el Congreso escuchó también a especialistas en salud mental.
El doctor Ricardo Hernández Brussolo, presidente del Colegio de Psicólogos y Psicólogas Victorenses, fue categórico: “Estas prácticas no son terapias. Son actos de tortura, sin base científica ni ética, que violan los derechos humanos fundamentales”.
El Colegio, integrado por más de cien profesionales, emitió un pronunciamiento unánime en contra de los ECOSIG. “La evidencia científica muestra que las terapias de conversión incluyen actos prejudiciales, palizas, violaciones, desnudez forzada, alimentación forzada o privación de alimentos, aislamiento, el confinamiento, medicación forzada, abuso verbal, humillación y electrocución”. Brussolo detalló que los impactos psicológicos de estas prácticas pueden incluir ideación suicida, trastornos de estrés postraumático, odio hacia uno mismo, vergüenza, culpa y aislamiento.
“La terapia de conversión, pues, no debería existir como tal, ya que la orientación sexual, la identidad y las expresiones de género diversas, no son una enfermedad ni algo que requiera tratamiento para curarse, no existe ninguna base científica para apoyar que las orientaciones de las las minorías sexuales sean causadas por psicopatologías”. La especialista Den Chacón Alanís, también del Colegio, subrayó la dimensión simbólica de esta reforma: “Este acto legislativo puede representar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas que no tienen el apoyo de sus familias.
El hecho de que el Estado les reconozca y les proteja es, en sí mismo, un acto de justicia y humanidad”. “Piensen que fuimos el último estado en todo México, para aprobar las uniones civiles, entonces, pensemos también que ahora que estamos trabajando en esto, estamos diciéndole a todas estas personas que les estamos apoyando, que estamos aquí para ellos”.
Con esta decisión, Tamaulipas se alinea con los criterios de organismos internacionales como la ONU, la OMS y la CIDH, y se une a entidades como Ciudad de México, Baja California Sur, Yucatán, Zacatecas y Colima, que ya han legislado en el mismo sentido. El estado, que hasta hace poco era uno de los últimos en legalizar las uniones civiles entre personas del mismo sexo, ahora envía un mensaje claro: no hay cabida para la violencia disfrazada de tratamiento.
Por Staff
