No entiendo por qué las fiscalías General de Justicia y la Especializada en Combate a la Corrupción han demorado tanto en llevar a juicio a quienes saquearon las arcas públicas en beneficio personal, cuando han sido los mismos funcionarios gubernamentales quienes han señalado con índice de fuego un cúmulo de ilícitos. Tanto o más que los diputados locales que, mediáticamente, se muestran dispuestos a llevar al patíbulo a tantos malhechores.
Sobre todo, por el mar de documentos que aparecen cotidianamente en todas las áreas para sustentar acusaciones –por prácticas contrarias al ejercicio público–, bajo un marco legal, como espera la sociedad.
Ésta que de ningún modo plantea una cacería de brujas, pero sí una actitud congruente entre el decir y el hacer, por parte de quienes son, ahora, fiduciarios del poder.
Mucho se comenta sobre el latrocinio indiscriminado con obras que no existieron; una abultada nómina, al pagarle jugosos salarios a gente sin desquitar los emolumentos; desviación de recursos, mediante el rollo del sistema de viáticos y becas; la asignación vertical de contratos, siendo la ley muy clara en cuanto a las licitaciones para adquirir equipo, mobiliario y enseres de papelería y limpieza; la renta o venta de bienes inmuebles; así como en el mantenimiento de la infraestructura (léase oficinas), y del parque vehicular, entre otros ilícitos menos graves a los que serían:
a) El extravío de cientos o tal vez miles de millones de pesos;
b) La preferente asignación de los apoyos de programas sociales en beneficio exclusivo de amigos, compadres, caprichos y parentelas de los otrora influyentes jerarcas gubernamentales; y
c) El saqueo millonario mediante el pago de facturas a empresas sin haber brindado servicios –se les llama fantasmas–, que aparecieron con las auditorías practicadas.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas consiga la forma, el método y los procedimientos a seguir para requerir información sobre las finanzas y su consecuente aceptación u observaciones, antes, durante o posterior al análisis de la Auditoría Superior del Estado, apoyada por una comisión legislativa.
Ahí se establece claramente que, aún vencido el término de 60 días hábiles para que la administración saliente rindiera cuentas claras a la entrante, de encontrarse irregularidades puede aún procederse vía penal por las infracciones cometidas.
Más cuando los ilícitos resultan gravosos, como sería en este caso.
Tal vez por eso las fiscalías no han actuado, todavía, para enjuiciar a los saqueadores.
De cualquier forma, el plazo para que la Auditoría Superior del Estado entregue sus observaciones al Congreso venció hace meses.
A partir de entonces, se dio que empezarían a caer los peces gordos.
Pero a la fecha sólo han sido consignadas alrededor de 20 carpetas de investigación de las cerca de 800 que mantiene abiertas la Fiscalía Anticorrupción y decenas de la Fiscalía General de Justicia.
Diputados intolerantes
Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), ven mal todo cuanto no satisfaga sus dogmas extremistas que hacen de ellos seres necios e inflexibles.
De ahí que su quehacer legislativo deje mucho qué desear; y que su conducta, siempre, esté encaminada a fustigar cuanto ocurre en su entorno, sin importarles excederse en las funciones que les confiere la propia reglamentación del Congreso.
Con ésta su actitud, el rebaño albiceleste sólo demuestra que son un grupo carente de disposición al diálogo y a la concertación.
Una oposición cerrada, tal y como definió Jesús Reyes Heroles.
De ahí que recuerde a esos napoleones de opereta lo que en vida acuñó el ideólogo veracruzano:
“La oposición ni siquiera cumple el papel elemental que en cualquier régimen político le concierne: resistir para apoyar. No resiste y, por consiguiente, no apoya.
La oposición se ocupa más de criticar que de señalar sus objetivos y propósitos. La crítica a lo ajeno es la razón de su existencia”.
Cicuta
La contribución de los alcaldes tamaulipecos en la elección de juzgadores, fue pobre, en lo general; pero también la respuesta ciudadana a su gestión edilicia.
Hablando de los siete municipios con mayor desarrollo económico y mayor explosión demográfica:
a) Decepcionó José Alberto Granados Favila (Matamoros);
b) Carlos Víctor Peña Ortiz (Reynosa) siempre se dijo que operaría en contra;
c) Erasmo González Robledo (Ciudad Madero) y Armando Martínez Manríquez (Altamira) pasaron de ‘panzazo’; y
d) Eduardo Abraham Gattás Báez (Victoria).
Por Juan Sánchez Mendoza
Correo: jusam_gg@hotmail.com
