TAMAULIPAS, MÉXICO.- El pasado 29 de mayo, un estudiante de primer grado de la Escuela Secundaria General Número Ocho “Blas Uvalle González” fue señalado por presuntamente portar un arma de fuego dentro del plantel educativo. Aunque nunca se confirmó oficialmente si el arma era real o de juguete, el incidente generó gran preocupación entre madres y padres de familia, quienes se manifestaron al día siguiente afuera de la institución.
Su principal inconformidad: la dirección escolar no habría activado el protocolo oficial previsto para este tipo de situaciones.
A raíz del caso, que evidenció vacíos en la actuación institucional, el tema fue abordado durante la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) del viernes 27 de junio, donde docentes de todo el estado analizaron a fondo los lineamientos de seguridad que deben seguirse dentro de las escuelas.
El protocolo oficial, contenido en la Guía práctica para el cuidado y protección integral de la comunidad ante situaciones de emergencia de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, establece pasos precisos para actuar de forma inmediata ante la posesión de un arma de fuego por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa.
¿Qué debió hacerse?
Cuando se tiene conocimiento o sospecha de que una persona porta un arma dentro del plantel —sin una intención violenta evidente—, la prioridad debe ser proteger a la comunidad educativa sin provocar pánico ni confrontación. Estos son los pasos oficiales:
Una comunidad preparada salva vidas
Más allá de reaccionar ante una emergencia, el enfoque debe ser preventivo. El protocolo establece la importancia de contar con un Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, encargado de implementar planes de seguridad, organizar simulacros y fortalecer la cultura del autocuidado y la paz en el entorno educativo.
También madres, padres y tutores tienen un papel clave: conocer el protocolo, participar en actividades preventivas y alertar a la escuela ante cualquier señal de riesgo.
La Guía práctica para el cuidado y protección integral de la comunidad ante situaciones de emergencia es de uso obligatorio en todas las escuelas del estado, tanto públicas como privadas. Lo ocurrido en la Secundaria Número Ocho recuerda que una sospecha ignorada a tiempo puede detonar crisis, desconfianza y poner vidas en riesgo.
Aplicar el protocolo con responsabilidad, firmeza y sensibilidad no es una opción: es una obligación para proteger lo más valioso que hay en nuestras aulas.
Por Raúl López García
EXPRESO-LA RAZON