Hay un contraste muy evidente entre los resultados obtenidos en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación durante la actual administración estatal y los de la anterior.
Miles de millones de pesos de diferencia.
En el contexto de la guerra mediática y la posverdad, vale la pena recurrir a las cifras para dimensionar el desorden financiero que alcanzó Tamaulipas en el pasado, y los avances que se han conseguido para revertir esas prácticas que dañaron al erario, y dieron pie a un saqueo que aún hoy no ha podido ser castigado a cabalidad.
De acuerdo con las estadísticas del Sistema de Consultas de Auditoría de la ASF, entre el 2017 y el 2022 -los seis años que gobernó el PAN- el organismo detectó un mal uso de 6,483 millones de pesos, en múltiples rubros relacionados con las aportaciones y participaciones federales.
En el 2017 -el primer año completo de Francisco García Cabeza de Vaca- fueron 1,963 millones de pesos los observados, y en el 2018 se alcanzó una cifra escandalosa de 13,716 millones de pesos que derivaron en distintas acciones de la ASF.
Ya en el 2018, la cifra fue de 1,367 millones de pesos, y en el 2019 fueron 3,093 millones de pesos de los cuales según el seguimiento de la Auditoría, nunca pudieron justificar 1,503.8 millones de pesos.
En el 2020, ya en la recta final del sexenio panista, la estadística se mantuvo alta con 1,367 millones de pesos y fue hasta el 2021 -con la presión ciudadana encima por los constantes escándalos de corrupción- que lograron una reducción: pues se observaron “solo” 817.2 millones de pesos.
En el último año de Cabeza de Vaca en el poder al Gobierno del Estado le determinaron irregularidades por 101.9 millones de pesos.
Ya en el 2023, el primero completo de la administración de Américo Villarreal Anaya la reducción fue mayúscula, al detectarse solo 14.9 millones de observaciones que en el transcurso del proceso, fueron solventadas.
Y finalmente en la primera entrega de la cuenta pública 2024, publicada ayer por la ASF, no hubo monto alguno observado, lo que debe entenderse como una buena noticia porque quiere decir que el manejo financiero del gobierno del Estado ha sido correcto y transparente.
Esta tendencia positiva, sin embargo, no debería hacer pasar por alto el cuestionamiento al Auditor Superior sobre las acciones que se llevaron a cabo para sancionar las evidentes irregularidades financieras cometidas por los funcionarios de la administración panista.
Si hay -por lo menos- 1,1503 millones de pesos que nunca se justificaron debidamente, valdría la pena preguntar si la ASF cumplió con el procedimiento para que se dirimiera en la justicia si hubo responsables de lo que a todas luces parece un saqueo.
Por. Miguel Domínguez Flores
