14 mayo, 2026

14 mayo, 2026

Aumentan 3,700 % sanciones de ASE

Durante 2024 y el primer trimestre de 2025, la Auditoría Superior del Estado instauró más de 80 procedimientos administrativos contra municipios, organismos descentralizados y entidades estatales
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TAMAULIPAS, MÉXICO.- Durante el primer semestre de 2025, la Auditoría Superior del Estado (ASE) reportó un incremento considerable en el número de procedimientos administrativos instaurados contra diversos entes gubernamentales en Tamaulipas, derivado de una revisión más exhaustiva de la Cuenta Pública.

Según el informe semestral entregado al Congreso del Estado, el mayor número de expedientes corresponde al ejercicio fiscal 2024, representando el 90 por ciento del total de procedimientos instaurados hasta la fecha.

De acuerdo con los datos oficiales, en 2023 se iniciaron apenas dos procedimientos administrativos, mientras que en 2024 la cifra se elevó a 76, es decir, aumentó un 3,700 por ciento.

Durante 2025, únicamente en el primer trimestre, ya se han instaurado siete procedimientos, por lo que se espera que el número crezca conforme avancen los meses.

La causa más recurrente de los procedimientos instaurados por la Auditoría Superior es la falta de presentación dentro del término legal establecido y/o la presentación extemporánea del corte de caja, con un total de 29 casos.

Le sigue la falta de entrega puntual del Informe Financiero Trimestral, que acumula 27 expedientes, mientras que por la negativa a proporcionar información requerida por la auditoría se abrieron 25 procedimientos más. Finalmente, la falta de presentación de la Cuenta Pública en los términos que marca la ley representa cuatro procedimientos hasta el momento.

En el ejercicio fiscal 2025, la Auditoría instauró procedimientos administrativos contra el Ayuntamiento del Municipio de Aldama, señalando a María Naomi Sosa Villarreal, Melchor Antonio Leal Romero y Wilfredo Guadalupe Flores Ruiz, por la falta de presentación o presentación extemporánea del corte de caja.

La misma causa motivó procedimientos contra el Ayuntamiento de Jaumave, con señalamientos hacia Manuel Báez Martínez, Mirsha Elizabeth Cruz Vázquez y Pedro Martín Hernández Ortega; además del Ayuntamiento de González y del Ayuntamiento de El Mante. Por la falta de presentación del Informe Financiero Trimestral, se instauraron procedimientos contra la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Miquihuana, así como contra el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de El Mante. Finalmente, por la negativa a proporcionar información solicitada por la auditoría, se procedió contra la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Casas.

Respecto al ejercicio 2024, se advierte una larga lista de expedientes instaurados por diversas causas. Por la falta de presentación o entrega extemporánea del corte de caja, fueron señalados el Ayuntamiento de El Mante, con un expediente por 15 mil 561 y el Ayuntamiento de Llera, donde Moisés Borjón, Norma Delia Lara Alemán y Héctor Velázquez Martínez acumulan montos de 67 mil 431 pesos y 89 mil 216.40 pesos cada uno, en múltiples expedientes.

También el Ayuntamiento de Soto la Marina fue señalado, involucrando a Luis Antonio Medina Jasso, Minerva Arellano Velázquez y Claudia Isela Ávalos de la Fuente, con montos que van de los 15 mil 561 pesos a los 20 mil 748 pesos. El Ayuntamiento de Valle Hermoso también registró expedientes en esta categoría, involucrando a Alberto Enrique Alanís Villarreal, María de los Ángeles Arce López y Martha Pérez Torres.

En este mismo ejercicio, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo, encabezada por Florentino Macías Ojeda, fue objeto de procedimientos por la falta de presentación del Informe Financiero Trimestral. También se instauraron procedimientos contra las Comisiones de Agua Potable de Villagrán, Xicoténcatl, Soto la Marina, San Fernando, Reynosa, Padilla, Mainero, Miquihuana y San Fernando; y contra los Sistemas DIF municipales de El Mante y Río Bravo. Además, fueron señalados organismos estatales como el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) y el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU).

Por negativa de proporcionar información o documentación requerida por la auditoría dentro del plazo otorgado, se instauraron procedimientos contra Tam Energía Alianza S.A. de C.V., representada por Daniel Gámez Gómez; la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, S.A. de C.V., encabezada por Gustavo Guzmán Fernández; el presidente municipal de Llera, Moisés Borjón Olvera; el presidente municipal de El Mante y la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicoténcatl, dirigida por Sorayma Nagueli Gómez Martínez.

Asimismo, permanecen pendientes de resolución procedimientos instaurados contra los ayuntamientos de Tula, Mainero, Soto la Marina, Llera, Valle Hermoso, San Carlos, Abasolo, Nuevo Morelos, Altamira y Tampico, así como contra la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de diversos municipios.

En cuanto a la falta de presentación de la Cuenta Pública en términos de ley, existen procedimientos pendientes de resolución contra los ayuntamientos de Abasolo, Nuevo Morelos, Altamira y Valle Hermoso.

En 2023, solo se instauraron dos procedimientos administrativos, ambos por la falta de presentación del Informe Financiero Trimestral: uno contra el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y otro contra la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mainero.

Según el informe semestral, del total de procedimientos administrativos instaurados, siete están en propuesta de inicio, 22 han concluido, 45 permanecen pendientes de resolución, cuatro se encuentran en juicio de nulidad, tres en audiencia de garantías, dos en recurso de reconsideración, uno ha cerrado su instrucción y uno más ha sido resuelto.

La Auditoría destaca que el incremento en el número de procedimientos administrativos instaurados no obedece a un aumento reciente en los incumplimientos, sino a que a partir del ejercicio 2024 la fiscalización se realiza de manera más rigurosa, con revisiones exhaustivas que no dejan pasar ninguna falta detectada. En el pasado, muchas irregularidades no eran identificadas ni sancionadas.

En el informe se precisa que, con siete procedimientos ya instaurados en el primer trimestre de 2025, la cifra podría incrementarse a lo largo del año, conforme avance la revisión de los entes sujetos a fiscalización.

Por. Staff

Expreso-La Razón

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