Ciudad de México. La reforma energética de 2013 no solo permitió la entrada de empresas privadas al sector: también dio origen a una red de contrabando y evasión fiscal que derivó en el fenómeno conocido como huachicol fiscal.
Tras la aprobación legislativa, que incluyó acuerdos políticos con el PAN y el PRD, se otorgaron más de mil permisos de importación a empresas sin infraestructura. A cambio del voto en el Congreso, el gobierno de Enrique Peña Nieto habría pactado la entrega de al menos once gubernaturas.
El esquema permitió la entrada de combustible sin pagar impuestos, a través de facturación falsa, simulación de exportaciones y gasolineras coludidas.
El SAT estima pérdidas anuales superiores a los 9 mil millones de dólares. Estados como Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León fueron identificados como focos del nuevo modelo de evasión, que operaba de forma legal, sin necesidad de perforar ductos. El huachicol se instaló en las aduanas, los permisos y los pactos políticos.
POR PERLA RESÉNDEZ
