CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El ex Director del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), Luis Fernando “C”, fue vinculado a proceso por un juez de control por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades.
De acuerdo con la denuncia planteada por la Fiscalía Anticorrupción, el imputado habría ejercido recursos del Instituto para fines distintos del que estaban destinados, señalándose un monto de alrededor de 9 millones de pesos.
Durante la audiencia, el juzgador determinó que Luis Fernando “C”, deberá acudir a firmar de manera periódica ante la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares, además de la entrega del pasaporte y la prohibición para salir de la ciudad de residencia y del país.
El Fiscal Especializada de combate a la Corrupción de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, explicó que en total hay seis investigaciones que se tienen y en las que se trabaja para integrar la información a las carpetas de investigación.
La reciente audiencia celebrada el pasado martes y en la que se vinculó a proceso al ex funcionario, “es la punta de lanza de otras investigaciones que también están avanzando y que podrían llegar a su judicialización”, señaló.
Explicó que en al menos dos de las indagatorias hay concomitancia de conductas, luego que las acusaciones señalan que se ejercieron los recursos del Instituto para fines distintos del que estaban destinados.
“Entre ellos el pago de impuestos, aportaciones de seguridad social de trabajadores, detectándose en contraste, transferencias a personas físicas y morales sin contar con un soporte”.
Govea Orozco explicó que en algunas de las investigaciones se señalan la contratación de servicios o bienes por medio de empresas sin existir el soporte, siendo el caso de la denuncia que llevó a cabo la Auditoría Superior del Estado (ASE).
En el caso de Luis Fernando “C”, el Fiscal Anticorrupción apuntó que el imputado ha tenido una conducta procesal positiva para ejercer su defensa, asistiendo al llamado de la autoridad jurisdiccional.
“Esto le es muy tomado en cuenta a la hora de una evaluación de riesgo y por eso lo que hacemos y que es parte de una estrategia de litigación de la Fiscalía, es pedir una medidas cautelar no personal”.
Sin embargo, dijo que es restrictiva para que acuda periódicamente a firmar y con el retiro del pasaporte, y visa se garantiza la asistencia a las audiencias y se evita la evasión de la justicia.
“En caso de que no se cumpla alguna de las condiciones, ya estaremos nosotros en condición de pedir la revisión de la medida cautelar y en su caso, endurecerla”, explicó el abogado.
La Auditoría Superior del Estado (ASE), detectó en posible quebranto de 288 millones 705 mil pesos, señalando además del ex titular del Itace, Luis Fernando “C”, la ex Directora Administrativa, Mayra Lizzeth “A”, en la carpeta 45/2024.
Según la Auditoría aplicada al ITACE, en la cuenta pública del 2019 se detectaron montos sin aclarar por un total de 183 millones 142 mil pesos, señalando un incremento injustificado de más de 26 millones de pesos en las cuentas por pagar a corto plazo en el ejercicio fiscal 2019 en relación al importe reportado en el ejercicio fiscal 2018.
Se observó un importe de 35 millones 434,444 pesos de adeudo correspondiente al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), un sobregiro de 24 millones 875 mil pesos en servicios personales.
Ademas de 26 millones de pesos en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
Instituciones educativas en la mira
Ex Directores, ex Rectores y otros ex funcionarios de universidades públicas de Tamaulipas están bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), por presuntos desvíos de recursos públicos.
Al menos cuatro instituciones superiores fueron señaladas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) con irregularidades financieras, lo que derivó en denuncias penales.
Además del caso del ITACE, está la Universidad Tecnológica de Altamira (UTA).
Su ex Rector, Isaac Rebaj, y el ex director administrativo Eduardo Luis Nader Manzur, son involucrados en el expediente NUC 138/2024.
En el caso de la UTA, la Auditoría Superior del Estado, detectó en la cuenta pública del 2021 montos sin aclarar por un total de $8 millones 610 mil pesos.
En particular, se señaló que la institución “no acreditó con evidencia documental la realización de los procedimientos de contratación, contratos; evidencia que acredite la recepción de los productos, bienes y servicios contratados, así como la realización de eventos y cursos de capacitación, tales como memoria fotográfica, constancias, resultados de evaluaciones; bitácoras de mantenimiento a bienes; evidencia de la incorporación al inventario de bienes adquiridos, resguardos, evidencia fotográfica de los bienes”.
Otra institución que aparece en la lista de investigaciones de la Fiscalía es la Universidad Politécnica de la Región Ribereña, en la que se involucra a la ex rectora, María Elena Reynoso Ríos y otros ex funcionarios.
Además del Colegio San Juan Siglo XXI, de Matamoros, que en el expediente NUC 142/2024, menciona a Mauro Alberto Rojas Cárdenas y Julio César Ortiz Barrientos.
Por Perla Reséndez
Expreso-La Razón
