Desde antes de concluir su administración el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca emprendió una feroz cruzada en su defensa.
Meses antes, el compañero Andrés Manuel había ordenado que se hiciera lo necesario para formalizar las denuncias correspondientes ñ, en caso de detectar y confirmar irregularidades en el ejercicio de la función del mandatario panista.
Lo que vino después ya lo conocemos: muchos episodios han sucedido desde entonces, aunque parece que eso está por terminar.
Lo más relevante del proceso político jurídico que enfrentó Francisco, fue que a pesar de tener todo el poder en sus manos, el compañero Andrés Manuel no pudo lograr que lo desaforaran.
Cabeza de Vaca ahora enfrenta un escenario judicial que avanza por dos vías: la federal y la estatal.
Desde septiembre de 2022, Francisco permanece fuera del país, amparado contra órdenes de captura relacionadas con acusaciones de presunta corrupción.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza el amparo que ha sostenido su situación jurídica y algo que debería preocuparle es que el expediente fue turnado a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien respaldó la propuesta de atraer el caso a la Corte, para su revisión.
¿Por qué debería tener inquieto a Cabeza de Vaca que sea Batres la ministra encargada del dictamen? Porque ella ha sido la ministra que más visiblemente encarna la justicia militante, porque no oculta su cercanía con el oficialismo y en ese sentido, no es difícil adivinar cuál será el sentido de su voto y de su propuesta.
Por lo mismo, en los círculos judiciales se considera que este paso podría modificar la protección que hasta ahora ha evitado su detención.
Pero no es el único problema para el ex gobernador, pues al mismo tiempo, en los tribunales del Poder Judicial de Tamaulipas avanzan las investigaciones contra ex colaboradores cercanos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha documentado expedientes que ya derivaron en vinculaciones a proceso.
Las autoridades estatales sostienen que los casos se construyen con base en irregularidades administrativas y financieras detectadas durante el sexenio pasado.
El procesamiento formal de varios de sus colaboradores coloca a Cabeza de Vaca en una ruta jurídica que podría involucrarlo directamente, en caso de que los tribunales determinen responsabilidades superiores.
Este avance ocurre en un entorno donde el ex gobernador ha insistido en que se trata de una persecución política.
Sin embargo, las instituciones encargadas de investigar y judicializar los expedientes mantienen que los procesos se han desarrollado dentro de los cauces legales.
Lo relevante para el futuro inmediato es la resolución de la Suprema Corte. Si el amparo pierde vigencia, la situación jurídica de Cabeza de Vaca cambiaría de manera automática.
Sumado a ello, el avance de las investigaciones en Tamaulipas definirá el alcance de las responsabilidades que se atribuyen a su administración.
En los próximos meses podría definirse no solo la condición personal del ex mandatario, sino también la ruta completa de investigación sobre su gobierno.
El proceso sigue abierto y sujeto a las decisiones de jueces y magistrados.
Es ese terreno que se resolverá si la libertad de Francisco García Cabeza de Vaca se mantiene o si la cuenta regresiva llega a su término.
*TAMPICO SIGUE SIENDO UNA CIUDAD SEGURA*
Como sucedió en los dos gobiernos pasados que encabezó el panista Chucho Nader, Tampico sigue siendo una ciudad segura.
Claro que después de un tiempo, la posición cambió y aunque no salió de las 10 primeras posiciones, la dinámica cambió en cuanto hubo un relevo en el gobierno federal.
Ahora, Tampico ha registrado recientemente un cambio notable en la percepción ciudadana de seguridad.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el tercer trimestre de este año únicamente el 22.8 % de sus habitantes consideró su ciudad como insegura, frente al 31.5 % del trimestre anterior.
Evidentemente es una mejoría y con ello, la zona conurbada que incluye Tampico, Ciudad Madero, Altamira, El Moralillo y algunas congregaciones de Pueblo Viejo en Veracruz, ascendió del octavo al sexto lugar entre las áreas urbanas mejor evaluadas del país.
Este dato ofrece una señal alentadora, pero debe situarse en contexto, ya que hace un año, la proporción que se sentía insegura era cercana al 20 %.
Aunque minoritaria en comparación, el avance se consolida en una ruta de mejora que, como decía, arrancó en el gobierno municipal de Chucho Nader, hasta alcanzar los primeros tres lugares nacionales en percepción de seguridad para esta zona.
Esa herencia de posicionamiento coloca a Tampico en una ventana de oportunidad hacia adelante y en una ventaja para la administración que ahora encabeza Mónica Villarreal Anaya.
Al comparar con otros municipios de Tamaulipas, la diferencia es más notoria, ya que mientras en Tampico la percepción de inseguridad bajó, en Reynosa pasó de 81.1 % a 81.4 % y en Ciudad Victoria aumentó de 48.5 % a 53 %.
En Nuevo Laredo se reportó una mejora al bajar de 43.1 % a 38.4 %. Estos contrastes contribuyen a comprender la relevancia del escenario tampiqueño.
Además, la encuesta también midió la percepción de la efectividad del gobierno municipal para atender sus problemas.
En Tampico el 31.9 % de los encuestados consideró que su administración era “muy o algo efectiva”, cifra que ubica a la ciudad en el lugar 32 a nivel nacional.
El reto ahora es convertir el avance cuantitativo en un avance cualitativo y sostenible, pues si Tampico aspira a acercarse al top cinco nacional, deberá demostrar que este descenso en la percepción de inseguridad no es fruto de una estadística aislada sino de un cambio estructural.
*ESCOTILLA*
El que ha andado muy movido esta semana es el director general de Pemex, Dr. Víctor Rodríguez Padilla, primero se trasladó a la ciudad de Álamo, Veracruz, para supervisar los trabajos que están realizando por el derrame de hidrocarburo y que afecta al río Pantepec.
Después le tocó el turno para estar en la comparecencia ante los diputados donde reportó que gracias a la Reforma Constitucional de 2024 y al Plan Estratégico 2025-2035, la empresa ha iniciado un proceso de recuperación integral puesto que ya opera como un organismo público del Estado unificado, con independencia técnica, operativa y de gestión.
POR TOMÁS BRIONES
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