La muerte del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante el Festival de Velas, provocó reacción inmediata del Gobierno Federal, que confirmó que el funcionario contaba con custodia asignada desde diciembre de 2024 y reforzada en mayo de este año.
El ataque ocurrió la noche del sábado en el centro histórico, donde cientos de familias participaban en actividades de Día de Muertos, Manzo convivía con asistentes cuando hombres armados se acercaron y dispararon a corta distancia.
Elementos de seguridad respondieron y abatieron a uno de los agresores, dos presuntos implicados fueron detenidos en el lugar, la zona fue asegurada y el edil trasladado con vida a un hospital, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.
El secretario de Seguridad federal informó que el crimen ocurrió aprovechando un momento de cercanía con la ciudadanía, y señaló que el dispositivo de protección será revisado para determinar tiempos de respuesta y protocolos aplicados.
La Fiscalía de Michoacán abrió carpeta de investigación y coordina trabajos con autoridades federales para confirmar la identidad de los responsables, establecer el móvil y verificar posibles vínculos con organizaciones delictivas en la región.
En meses recientes, Manzo había hecho públicas amenazas y denunció la presencia de grupos criminales en Uruapan, solicitando refuerzo de seguridad, lo que derivó en la asignación de escoltas federales y acciones de vigilancia en puntos estratégicos.
Tras el homicidio, fuerzas federales y estatales reforzaron patrullajes y filtros de revisión en accesos al municipio, con presencia permanente en áreas urbanas y comunidades cercanas, mientras se mantiene comunicación con autoridades locales.
La investigación incluye análisis de cámaras de videovigilancia, revisión de armamento asegurado e informes de los escoltas asignados, así como entrevistas a testigos y personal de seguridad presentes durante el evento público.
El gobierno estatal confirmó la continuidad administrativa en el municipio y la coordinación con la Federación para acompañar el proceso legal, garantizar servicios públicos y mantener información oficial sobre avances del caso.
POR STAFF
