TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) abrió una nueva carpeta de investigación contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por el desvío de 560 millones de pesos a través de la asignación de contratos irregulares.
El más favorecido por estos movimientos ilegales habría sido el club de fútbol Tampico-Madero, durante la pasada administración.
Desde febrero del 2025 se presentó una denuncia contra el mandatario, y los ex funcionarios Francisco García Juárez y Maximiliano Cortázar Lara, quienes habrían operado los pagos bajo el concepto de servicios de publicidad y difusión a través de el equipo de futbol Tampico-Madero Futbol Club S.A.P.I. de C.V., propiedad en ese momento de Grupo Orlegi, del empresario Alejandro Irarragorri, quien también fue investigado por evasión fiscal.
Vía la Plataforma Nacional de Transparencia, la FECC y el Tribunal de Justicia Administrativa, confirmaron la existencia de la indagatoria por el presunto delito.
Según la información oficial, están activos tres expedientes de las auditorías a los ejercicios fiscales de 2020, 2021 y 2022, donde se detectaron pagos millonarios, aprobados por servidores públicos de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Cabeza de Vaca, lo que generó un millonario daño al erario del estado.
Las denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción están identificadas en los expedientes AI-OG/013/2023, AI-OG/043/2023 y AI-OG/044/2023, sumando un presunto desvío superior a los 560 millones de pesos.
De estos hechos, también se dio vista al Tribunal de Justicia Administrativa, para que imponga las sanciones necesarias a las y los servidores públicos y particulares involucrados.
Este caso de corrupción fue hecho público desde el 2022, en las mañaneras del ex presidente López Obrador.
Ahí se detallaron los pagos que realizaron diversas secretarías a la razón social Tampico-Madero Futbol Club S.A.P.I. de C.V.
La Secretaría de Educación pagó 6.4 millones de pesos, la de Desarrollo Económico, 5.4 millones de pesos; misma cifra que la de Bienestar Social y el Instituto del Deporte, o la Coordinación de Comunicación.
En el mismo esquema participaron las Secretarías de Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, y hasta la de Seguridad Pública.
Por estos hechos, el Congreso del Estado en la Legislatura anterior realizó un exhorto tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la entonces Contraloría Gubernamental para que investigara los hechos y sancionara a los responsables.
Como parte de estos mismos expedientes, trascendió la existencia de más desvíos a través del área de Comunicación Social, como un pago de 40 millones de pesos a una empresa propiedad del ex vocero del estado, Max Cortázar.
Por. Staff
Expreso-La Razón
