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Expreso-La Razón
Un hilo empresarial conecta el puerto de Tampico con la carretera Reynosa-Monterrey y, más atrás, con el corazón político de Tabasco, particularmente con la influencia del senador, y ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto López.
Es una red que se teje entre concesiones portuarias, contratos petroleros, procedimientos de adjudicación restringida y declaraciones de testigos colaboradores que apuntan.
Distintos casos documentados en expedientes judiciales confirman que grupos empresariales de origen tabasqueño ampliaron su expansión a otros estados en sectores estratégicos como el portuario, el energético y el de combustibles.
EL RECINTO 289 EN TAMPICO
El recinto fiscalizado 289 del puerto de Tampico es una pieza fundamental de esta red.
Entre 2024 y 2025, por sus instalaciones transitaron más de 400 mil toneladas de carga registrada como «aditivo para lubricantes» procedente de Texas.
La mayor parte de ese volumen, de acuerdo con la investigación que conduce la Fiscalía General de la República, era en realidad combustible importado de manera irregular, sin el pago de los impuestos correspondientes: huachicol fiscal de escala industrial.
El operativo que detuvo ese flujo ocurrió el 19 de marzo de 2025, cuando fue asegurado el buque Challenge Procyon con diez mil toneladas de diesel ilegal a bordo.
El expediente que se construyó alrededor de ese decomiso arroja pistas sobre la presencia empresarial del llamado Grupo Tabasco.
“Me indicaron que tuviera cuidado con ellos porque estaban trabajando con personas de la delincuencia organizada. El dueño o cesionario tenía lazos y muy buena amistad con Adán Augusto López”, señaló un testigo colaborador denominado Santo”,
Relató que un almirante adscrito al puerto de Tampico le advirtió que no se involucrara con los operadores del recinto 289.
El recinto 289 es operado por Tampico Terminal Marítima SA de CV, empresa concesionaria desde 2019 de los muelles 10 y 11 de ese puerto. Su propietario es el ingeniero civil tabasqueño Saúl Vera Ochoa, quien durante la contienda interna de Morena por la candidatura presidencial de 2024 expresó abiertamente su apoyo a Adán Augusto López.
La empresa, lejos de mantenerse al margen de la controversia, acumuló también problemas financieros con la autoridad portuaria: en 2024 registraba un adeudo de 132 millones de pesos con la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) por cuotas no pagadas.
Tampico Terminal Marítima es a su vez un consorcio integrado por firmas de origen tabasqueño: ACUITAB, VOS Grupo Constructor, Constructora VEASA, Multiservicios RyC y Tramitadora del Pacífico.
Algunas de estas empresas, como ACUITAB, fueron constituidas formalmente en la notaría pública de Adán Augusto López, en Villahermosa Tabasco.
EL HILO QUE LLEVA A DOS BOCAS
La presencia tabasqueña en el sector energético tamaulipeco tiene otro antecedente nacional: durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, empresas con vínculos directos con Adán Augusto López Hernández acumularon contratos millonarios con Pemex y la CFE, en lo que diversos reportajes de investigación describieron como una red de adjudicaciones preferidas.
El caso más documentado es el de Proyecta Industrial de México. Originalmente dedicada a sistemas contra incendios, la empresa recibió durante ese sexenio contratos por más de 30 mil millones de pesos en proyectos estratégicos como la refinería de Dos Bocas. Su director general, Daniel Flores Nava —identificado públicamente como operador de Adán Augusto López en Veracruz— murió el 28 de julio de 2023 en el desplome de un jet privado en aguas del Golfo, minutos después de despegar del aeropuerto de Veracruz.
Hay un antecedente documentado que sitúa a la empresa Proyecta Industrial de México en territorio tamaulipeco al menos desde 2017, cuando Pemex le adjudicó un contrato para trabajos en la Refinería «Francisco I. Madero», en Ciudad Madero.
El Acta de Entrega-Recepción Física del Contrato No. 5200008359, firmada el 16 de marzo de 2018, da cuenta de ello. El contrato, suscrito el 25 de octubre de 2017 por Pemex Transformación Industrial, tuvo por objeto la rehabilitación y puesta en operación de cuatro tanques de almacenamiento: el MJW-T-157, el MJA-T-89, el MJA-T-90 y el MJA-T-91. El monto original pactado fue de 48 millones 260 mil 31 pesos.
Proyecta no llegó sola. Participó en asociación con Constructora ATZCO, S.A. de C.V., representada por el ingeniero Juan Francisco Elias Guerrero como Superintendente de Construcción.
El contrato original contemplaba 50 días de ejecución. La obra terminó 138 días después, con un desfase del 176 por ciento sobre el plazo pactado.
El contrato contemplaba un plazo de 50 días naturales, con término el 13 de diciembre de 2017. Los trabajos no concluyeron sino hasta el 11 de marzo de 2018: 88 días de retraso, un incremento del 176 por ciento sobre lo pactado.
El trabajo en Ciudad Madero fue parte del currículum con el que Proyecta consolidó su presencia en el sistema Pemex —con sus procedimientos, sus funcionarios y sus redes de relación— antes de escalar hacia los grandes contratos que la vincularon públicamente con el círculo político de López Obrador.
La Refinería Madero fue, en ese sentido, un escalón temprano en una trayectoria que terminaría por llamar la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera y, eventualmente, de la opinión pública nacional.
LA CARRETERA REYNOSA-MONTERREY
A 800 kilómetros al norte, sobre el kilómetro 198 de la carretera Reynosa-Monterrey, no lejos de instalaciones de Petróleos Mexicanos, opera la empresa PJP4. De origen venezolano instaló su filial mexicana en 2004 y desde entonces ha construido una cartera de contratos con Pemex que en algunos ejercicios ha ascendido a miles de millones de pesos.
La empresa ha operado en un entorno de relaciones que hoy están bajo escrutinio judicial.
En uno de sus contratos conjuntos con Pemex figuró Barca de Reynosa SA de CV, propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, quien pasó cerca de dos años en prisión acusado de ser el principal operador financiero de una red que habría desviado recursos públicos durante la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. La Unidad de Inteligencia Financiera lo señaló como el articulador de un esquema que, a través de sus empresas, habría triangulado contratos estatales por más de 138 millones de pesos para financiar, entre otros bienes, un departamento de lujo en Santa Fe, Ciudad de México, presuntamente propiedad del ex mandatario.
PJP4 también sostuvo contratos con Soluciones Gasíferas del Sur, empresa del empresario Raúl Rocha Cantú, y cabeza del grupo Tabasco Capital, quien enfrenta señalamientos por presuntamente haber articulado negociaciones con distribuidores gasolineros para colocar huachicol importado desde Guatemala y Estados Unidos, en esquemas vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación y a la Unión Tepito.
LOS OPERATIVOS EN REYNOSA Y EL COSTO DE INVESTIGAR
La presencia de combustible de procedencia ilegal en Reynosa está documentada en los resultados de dos operativos ejecutados por la Fiscalía General de la República en un lapso de ocho meses.
El primero ocurrió el 26 de julio de 2025, cuando la delegación de la FGR en Tamaulipas aseguró una bodega clandestina en la Colonia La Escondida, al oriente de la ciudad. El decomiso incluyó un millón 802 mil 650 litros de hidrocarburo distribuidos en nueve pipas, 39 frac tanks, doce motobombas y tres vehículos.
El segundo operativo se realizó el 28 de marzo de 2026, cuando agentes de la FGR ejecutaron una orden de cateo en un predio de la misma ciudad. El resultado: dos millones 189 mil litros de combustible de origen presuntamente ilegal, junto con 49 frac tanks, 18 autotanques, seis tractocamiones, catorce tanques metálicos y diversas motobombas. La pista había llegado por denuncia anónima a la Guardia Nacional, que la derivó a la delegación tamaulipeca de la FGR para integrar la carpeta correspondiente.
Sumados, los dos operativos en Reynosa acumulan cerca de cuatro millones de litros de combustible asegurado en ocho meses. Una cantidad que habla de la magnitud del mercado ilegal que se intentaba sostener.
Días después del primer operativo de julio de 2025, fue asesinado el delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna.
El asesinato del funcionario federal no fue atribuido públicamente a los operativos de combustible. Pero la secuencia temporal —el decomiso, y luego el homicidio del jefe de la delegación que lo ejecutó— fue registrada por las autoridades y por los medios que cubrían el caso.
