Por Julio Manuel Loya Guzman
EXPRESO-LA RAZON
Los retenes ubicados en los puntos conocidos como “La Y” y “La Coma”, en el municipio de San Fernando, fueron colocados bajo la lupa del Poder Legislativo, ante denuncias de largas filas, retrasos y presuntos abusos contra automovilistas.
La diputada local Marina Ramírez Andrade informó que, previo al inicio del periodo vacacional, presentó una iniciativa orientada a garantizar un tránsito más ágil, seguro y con pleno respeto a los derechos de los viajeros que circulan por las carreteras de Tamaulipas.
La legisladora señaló que el objetivo central de la propuesta es reducir los tiempos de espera en los puntos de revisión, así como establecer mecanismos de supervisión que inhiban posibles actos de extorsión o irregularidades por parte de las autoridades encargadas de los operativos.
“Las familias y nuestros paisanos que transitan por nuestras carreteras merecen seguridad y un trato digno”, expresó, al advertir que durante la temporada vacacional el flujo vehicular se incrementa de manera considerable, lo que obliga a optimizar los esquemas de vigilancia.
El problema no es nuevo
En octubre de 2024, cuatro retenes operaban simultáneamente en “La Y”, kilómetro 201 de la carretera Victoria-Matamoros, con presencia de la Fiscalía General de Justicia, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional en ambos sentidos.
La ciudadanía cuestionó la efectividad de esas medidas, señalando que nunca se comunicaron públicamente los objetivos o resultados de los operativos, y algunos conductores afirmaron haber sido extorsionados durante el paso por esos filtros.
La molestia entre los automovilistas tampoco es gratuita: si el objetivo es verificar la legalidad de los artículos o impedir el paso de mercancías prohibidas, la pregunta que persiste es qué sentido tiene duplicar procesos apenas unos kilómetros adelante del punto donde ya intervino una autoridad competente.
Antecedente grave:
retén fiscal ilegal de 2018
Investigaciones de la Fiscalía General de la República documentaron que en 2018 operó en “La Y” una garita con agentes fiscales estatales apoyados por fuerzas policiacas, cuya finalidad era cobrar cuotas a pipas que transportaban gasolina y diésel de contrabando, sin fundamento legal.
Ese punto de revisión acumuló además denuncias de migrantes, por cobros de 150 dólares para continuar su camino.
El marco legal: una frontera difusa
El especialista Juan Manuel Torres Barajas, investigador del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Guadalajara, ha advertido que los retenes policiacos no solo son inservibles para combatir la delincuencia, sino violatorios a los derechos humanos más elementales, al contravenir los artículos 11, 16, 20 y 21 de la Constitución, que garantizan a todos los ciudadanos poder circular por el país sin ser molestados, a menos de que exista una orden escrita.
El investigador señala que revisar ciudadanos o instalar puestos de seguridad por “sospechosos”, ya sea por sus rasgos físicos o forma de vestir, y detenerlos como si fueran delincuentes a punta de pistola, viola garantías individuales y denota la falta de capacidad de los cuerpos policiacos.
La voz de los derechos humanos
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, que encabeza Raymundo Ramos, ha documentado casos de connacionales que aseguraron pagar hasta 500 dólares a elementos policiacos en retenes carreteros para poder continuar su camino, con amenazas de inventarles delitos si no cooperaban.
El organismo ha subrayado que este tipo de retenes son violatorios de la Constitución y de los derechos humanos, y que los quejosos declinan denunciar formalmente por temor a represalias.
Los números del
flujo vacacional
La carretera Victoria-Matamoros es una de las tres vías de mayor concentración vehicular en Tamaulipas durante periodos de asueto. Ángeles Verdes Tamaulipas estima que a partir de la segunda quincena de diciembre el flujo de vehículos se incrementa hasta un 50 por ciento en los distintos tramos carreteros de la entidad, con las caravanas de paisanos provenientes de Estados Unidos como principal factor de demanda.
Durante las vacaciones decembrinas de 2022, ese incremento se tradujo en un aumento del 35 por ciento en accidentes carreteros, con siete personas fallecidas y 66 lesionadas, siendo la Victoria-Matamoros uno de los tramos más peligrosos identificados por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado.
Para Semana Santa 2026, entre el 22 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026 se contabilizaron 24 personas fallecidas en accidentes de tránsito en la red carretera estatal y federal de Tamaulipas , lo que intensifica la presión sobre los operativos del presente periodo vacacional.
La carretera a Matamoros figura entre las tres vías con mayor concentración de vigilancia para Semana Santa 2026, por su historial de flujo vehicular elevado.
