3 abril, 2026

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Sin desalojar a familias sanearán el San Marcos

Anuncia la CONAGUA que no se desalojará a las familias que viven en el lecho de el San Marcos, donde se regularizará el uso del suelo y se mejorará la limpieza del río.
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Por Antonio H. Mandujano
EXPRESO-LA RAZON

Luego de que el Gobierno de Tamaulipas anunció que no desalojará a las familias asentadas dentro del lecho del río San Marcos, en Ciudad Victoria, el siguiente paso será poner orden en la zona: regularizar el uso de suelo y mejorar las condiciones de saneamiento.

La decisión representa un giro en la estrategia inicial, que contemplaba acciones más drásticas, tras detectarse en operativos previos viviendas ubicadas en áreas consideradas como zona federal.

El director del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jaime Felipe Cano Pérez, confirmó que, por ahora, no se prevé el retiro de los habitantes, sino un trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para atender la problemática desde otra perspectiva.

“Se ubicaron algunas invasiones en zona federal, pero se está trabajando junto con el Gobierno del Estado y con las personas que se encuentran asentadas en estos espacios”, explicó.

Indicó que la atención del tema fue asumida por el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría General de Gobierno, instancia que mantiene diálogo con los habitantes para encontrar alternativas que eviten desplazamientos.

“Lo estamos viendo de manera conjunta con el Gobierno del Estado; hay un acuerdo”, sostuvo.
Bajo este nuevo enfoque, la prioridad será establecer orden en una franja que durante años ha crecido sin control, además de atender las condiciones ambientales que impactan directamente al afluente.

El río San Marcos no solo forma parte del paisaje urbano de la capital, sino que también representa una fuente importante de abastecimiento de agua, lo que obliga a las autoridades a buscar un equilibrio entre la protección del entorno y la realidad social de quienes habitan en sus márgenes.

Con este acuerdo, la ruta cambia: de posibles desalojos a un proceso de regulación que permita atender tanto la ocupación irregular como el deterioro ambiental, sin generar un conflicto social.

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