Por Staff
Expreso-La Razón
Al menos nueve organismos públicos del gobierno de Tamaulipas cometieron irregularidades en el gasto de servicios personales, es decir el pago de sueldos y prestaciones.
Esto violó disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios durante el ejercicio fiscal 2022.
Según los informes de auditoría de cumplimiento emitidos por la Auditoría Superior del Estado (ASE), las irregularidades, concentradas principalmente en el rubro de servicios personales, suman más de 115 millones de pesos en incrementos de nómina no autorizados, excesos presupuestales y déficits operativos.
En todos los casos, la ASE promovió responsabilidades administrativas ante los órganos internos de control de cada entidad, lo que derivaría en el inicio de investigaciones formales.
Las revisiones a la Cuenta Pública 2022 surgieron tras denuncias ciudadanas presentadas ante la Auditoría Superior del Estado.
El 1 de septiembre de 2025, la ASE recibió el escrito identificado como D-20/2025, mediante el cual un ciudadano narró hechos que, a su juicio, constituían irregularidades cometidas durante el ejercicio fiscal 2022 por servidores públicos de diversas entidades del gobierno estatal.
La denuncia señaló presuntas faltas relacionadas con las reglas presupuestarias y de ejercicio del gasto, así como con la contratación de deuda pública y las obligaciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera. Diez días después de recibida, el 11 de septiembre de 2025, la ASE emitió un dictamen técnico jurídico de procedencia bajo el número de expediente ASE/DC/020/2025, mediante el cual admitió la queja y ordenó formalmente la revisión de la Cuenta Pública 2022 de los organismos señalados.
El objetivo central de estas auditorías de cumplimiento fue constatar que las entidades fiscalizadas hubieran observado las reglas de disciplina financiera durante 2022, con especial atención en dos rubros: el equilibrio presupuestal y los límites legales en la asignación de recursos para servicios personales, ambos elementos que la ley vincula directamente al manejo sostenible de las finanzas públicas.
El eje central: los servicios personales
El rubro de servicios personales —que comprende sueldos, salarios, honorarios, estímulos y demás percepciones del personal al servicio de los organismos públicos— fue el epicentro de la mayoría de las irregularidades detectadas.
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece, en su artículo 13, fracción V, que durante el ejercicio fiscal no podrá incrementarse la asignación global aprobada originalmente para este concepto en el presupuesto.
La razón de esta prohibición es evitar que el gasto en nómina crezca de manera discrecional una vez iniciado el año fiscal, al margen de la aprobación legislativa correspondiente.
Los informes de la ASE documentaron que siete organismos estatales violaron este precepto durante 2022, registrando incrementos que en ningún caso contaron con la autorización exigida por la ley.
El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) encabeza la lista con el incremento más cuantioso: 43 millones 882 mil 370 pesos por encima del techo presupuestal aprobado originalmente.
Le siguió la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada del Río Pánuco (COMAPA), con un aumento de 19 millones 348 mil 160 pesos en el mismo concepto.
El Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) reportó un incremento de 8 millones 947 mil 680 pesos; la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT), de 5 millones 435 mil 344 pesos; la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), de 2 millones 329 mil 632 pesos; el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITBECE), de un millón 550 mil 57 pesos, y el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, de 916 mil 173 pesos.
En todos estos casos, la auditoría emitió promociones de responsabilidad administrativa con fundamento en el artículo 41, fracción V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.
El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) presentó una irregularidad de naturaleza distinta a la del resto de los organismos. No se trata de un incremento registrado durante la ejecución presupuestal, sino de que la asignación global aprobada originalmente para servicios personales en 2022 ya excedía, desde su aprobación, el límite máximo permitido por ley.
El artículo 10, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera establece los parámetros para calcular ese techo máximo. En el caso del ITACE, el cálculo arrojó un límite de 279 millones 328 mil 421 pesos con 63 centavos. Sin embargo, el presupuesto aprobado para ese rubro ascendió a 302 millones 21 mil 3 pesos, lo que representa un exceso de 22 millones 692 mil 581 pesos con 37 centavos respecto al límite legal. Por este hallazgo, la ASE también promovió responsabilidad administrativa.
La irregularidad del ITACE reviste particular relevancia porque implica que la transgresión no ocurrió durante la ejecución del gasto, sino en la propia programación presupuestal.
El organismo figura además en el listado de entidades denunciadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FEEC) con el expediente 145/2024, por un monto de 288 millones 705 mil 650 pesos.
Balance negativo
El único organismo que incumplió la Ley de Disciplina Financiera por una vía diferente al gasto en servicios personales fue Tam Energía Alianza, S.A. de C.V. Este ente público transgredió el artículo 6 de la misma ley, que establece la obligación de que el balance presupuestario de cada ejercicio sea sostenible, es decir, que los ingresos cubran al menos las obligaciones de gasto registradas.
Al cierre del ejercicio fiscal 2022, Tam Energía Alianza generó un balance presupuestario negativo de 14 millones 364 mil 728 pesos, lo que significa que sus egresos superaron sus ingresos en esa cantidad. La auditoría determinó que este déficit constituye un incumplimiento de las disposiciones de disciplina financiera y, en consecuencia, emitió una promoción de responsabilidad administrativa en los mismos términos que en los demás casos.
Ante cada una de las irregularidades confirmadas, la ASE activó el mecanismo previsto en el artículo 41, fracción V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas: la emisión de una promoción de responsabilidad administrativa. Este instrumento no implica por sí mismo la imposición de una sanción, sino que constituye la notificación formal al órgano interno de control de cada organismo para que continúe la investigación dentro de su propio ámbito de competencia.
Una vez que el órgano interno de control recibe la promoción, está obligado a llevar a cabo las diligencias investigativas correspondientes y, en caso de que los hallazgos lo ameriten, iniciar el procedimiento sancionador conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. Esta ley establece el tipo y la graduación de las sanciones aplicables a los servidores públicos involucrados, las cuales pueden incluir amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, además de sanciones de carácter económico.
El proceso fue activado en todos los casos documentados en la Cuenta Pública 2022: los siete organismos con incrementos no autorizados en servicios personales, el ITACE por exceder el límite máximo aprobado y Tam Energía Alianza por su balance presupuestario negativo. Las promociones de responsabilidad administrativa se dieron vista a los órganos internos de control correspondientes, que son ahora los responsables de darle continuidad a las investigaciones.
