El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil, señalado por su presunta participación en un esquema de desvío millonario de recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, fue localizado bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Florida, de acuerdo con registros oficiales consultados este lunes 13 de abril de 2026.
La detención se realizó en el Glades County Detention Center, lo que sugiere que el empresario se encontraba en situación migratoria irregular en territorio estadounidense al momento de su aprehensión.
El nombre de Rafael Zaga Tawil adquirió relevancia pública por su presunta implicación en un esquema que habría generado un daño patrimonial cercano a los 5 mil millones de pesos al Infonavit, una de las instituciones clave en la política de vivienda en México.
Las investigaciones lo vinculan con operaciones irregulares relacionadas con la empresa Telra Realty, firma que habría sido beneficiada mediante contratos y acuerdos considerados indebidos por autoridades mexicanas.
El caso no solo implica un posible fraude financiero, sino el uso de recursos destinados a la vivienda de trabajadores, lo que eleva su gravedad institucional y social.
Investigación de la FGR por delitos de alto impacto
Desde junio de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, mantiene una orden de aprehensión contra el empresario por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocidos como lavado de dinero.
En el mismo expediente también aparece su hijo, identificado como Elías Zaga Hanono, lo que amplía el alcance de la investigación hacia su entorno familiar.
En julio de 2024, un juez federal con sede en Almoloya de Juárez ratificó y amplió dichas órdenes de captura, reforzando la base jurídica del caso en México.
Cuatro años prófugo y una detención clave
La orden de aprehensión contra Zaga Tawil tiene una vigencia cercana a los cuatro años, periodo durante el cual permaneció fuera del alcance de las autoridades mexicanas.
Su localización y detención por parte del ICE marca un punto de inflexión en el caso, ya que abre la posibilidad de un proceso de deportación o eventual extradición, dependiendo de la coordinación entre ambos países.
CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR
