Hay años que se cuentan por calendarios y hay años que terminan convirtiéndose en fronteras históricas. Para Tamaulipas, el 2010 pertenece a esa segunda categoría. Fue el doloroso periodo marcado por una escalada de violencia, pero también el instante en que una sociedad completa descubrió, con una mezcla de estupor, miedo y desamparo, que el orden sobre el cual había construido su vida cotidiana podía derrumbarse en cuestión de semanas.
Hasta entonces, el crimen organizado era una realidad conocida, aunque distante para buena parte de la población. Se hablaba de él en voz baja, como un fenómeno que habitaba los márgenes de la vida pública. La ruptura entre las organizaciones criminales locales terminó por destruir esa percepción. La guerra entre facciones dejó de pertenecer al mundo clandestino para instalarse en avenidas, escuelas, hospitales, comercios, carreteras y colonias enteras. Las ciudades aprendieron un nuevo lenguaje compuesto por balaceras, bloqueos, convoyes armados y silencios obligados.
El shock fue tan profundo que modificó incluso la forma de medir el tiempo. Las familias dejaron de preguntarse qué harían por la noche para comenzar a preguntarse si era prudente salir de casa. Las rutas al trabajo dejaron de elegirse por rapidez y empezaron a calcularse según el menor riesgo posible. Las carreteras se convirtieron en espacios de incertidumbre permanente, mientras el sonido de las sirenas y de las armas desplazó a la rutina de una vida que, apenas unos meses antes, parecía normal.
Entre enero y noviembre de aquel año, más de doce mil personas murieron en México como consecuencia de la violencia asociada a la disputa entre organizaciones criminales, de acuerdo con cifras oficiales. Era la cúspide de la llamada Guerra de Calderón en la que Tamaulipas ocupó un lugar central en esa tragedia. El nombre del estado dejó de asociarse únicamente con su capacidad industrial, su frontera estratégica o sus puertos para convertirse, dentro y fuera del país, en sinónimo de una violencia brutal y estremecedora cuya reputación terminaría persiguiendo al estado durante los años siguientes.
Lo verdaderamente devastador no fue únicamente la magnitud de la violencia, sino la velocidad con la que comenzó a erosionarse la confianza colectiva en las instituciones encargadas de contenerla. Conforme la confrontación escalaba, miles de ciudadanos percibían que la capacidad del Estado resultaba insuficiente frente a organizaciones mejor armadas, mejor financiadas y capaces de desafiar abiertamente a las autoridades en prácticamente cualquier municipio. Era el principio del fin del régimen político como lo vivían los tamaulipecos.
En medio de aquella sensación de indefensión quedó grabada una frase pronunciada por el entonces gobernador Eugenio Hernández durante un intercambio con reporteros. Ante una pregunta sobre una situación de riesgo en particular de una comunidad específica respondió: “No, ahí no… no pasa nada”. El contexto específico de esa declaración ha sido objeto de múltiples interpretaciones; sin embargo, para una parte importante de la sociedad aquella expresión terminó adquiriendo un significado mucho más amplio. Se convirtió en el símbolo de una distancia emocional entre el poder y una ciudadanía que experimentaba el momento más crítico de su historia reciente.
Fue entonces que las instituciones dejaron de ofrecer certezas, que ocurrió algo que nadie había previsto. La sociedad comenzó a construir su propio sistema de protección.
En 2010 Facebook apenas iniciaba su expansión. Twitter era todavía una plataforma desconocida para la mayoría. WhatsApp ni siquiera existía como el fenómeno masivo que llegaría a ser años después. Sin proponérselo, las redes sociales encontraron en Tamaulipas uno de los primeros laboratorios mundiales donde dejaron de ser espacios para compartir fotografías o conversaciones personales y comenzaron a funcionar como infraestructura ciudadana de alerta, supervivencia y comunicación social efectiva.
Miles de personas, armadas únicamente con un teléfono celular, empezaron a informar en tiempo real dónde había una balacera, qué carretera permanecía bloqueada, qué colonia debía evitarse o dónde se observaban movimientos sospechosos. Aquellas publicaciones improvisadas terminaron sustituyendo, para una enorme cantidad de ciudadanos, la función preventiva que tradicionalmente correspondía a los canales oficiales y a los medios convencionales.
Ese fenómeno modificó para siempre la comunicación pública del estado.
Mientras las autoridades buscaban verificar información antes de emitir posicionamientos, las organizaciones criminales comprendían el valor estratégico de la desinformación para confundir a las fuerzas federales y sembrar pánico entre la población. En medio de ambos extremos apareció una tercera fuerza inesperada: la ciudadanía convertida en reportera, verificadora y sistema colectivo de alerta.
De esa experiencia surgiría uno de los mecanismos institucionales más relevantes de comunicación gubernamental desarrollados en los años posteriores: las alertas oficiales de situación de riesgo, concebidas precisamente para responder a una realidad donde el vacío informativo podía costar vidas.
La crisis alcanzó su punto más doloroso el 28 de junio de 2010.
El asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura, representó uno de los episodios políticos más traumáticos en la historia contemporánea de Tamaulipas. Más allá de sus implicaciones electorales, el crimen proyectó una imagen devastadora hacia la sociedad: si quien estaba llamado a convertirse en el hombre con mayor poder político del estado podía ser asesinado a plena luz del día durante una campaña electoral, ningún ciudadano podía sentirse completamente seguro.
Aquella escena marcó un antes y un después en la percepción colectiva sobre la capacidad real del poder público.
Quizá la consecuencia más profunda de 2010 no pueda medirse por el número de enfrentamientos, ni por las estadísticas criminales, ni siquiera por la dimensión de la tragedia humana. Su verdadero legado fue la transformación irreversible de la legitimidad política.
Desde entonces, el monopolio de la comunicación dejó de pertenecer a los gobiernos y a los medios tradicionales. La opinión pública comenzó a construirse de manera distribuida, inmediata y horizontal. Las redes sociales pasaron de ser una novedad tecnológica a convertirse en el principal espacio donde se evalúa a los gobernantes, se cuestionan las decisiones públicas, se organizan las críticas y se disputa diariamente la reputación del poder.
Dieciséis años después, muchas cosas han cambiado en Tamaulipas. Otras permanecen abiertas como heridas.
Las instituciones de seguridad continúan dependiendo en gran medida del respaldo federal frente a amenazas de alta capacidad operativa. Los medios tradicionales siguen intentando recuperar la confianza perdida en una época marcada por la autocensura y las presiones criminales. Los actores políticos entienden que ninguna estrategia de comunicación puede prescindir de las plataformas digitales, porque es allí donde hoy se construye buena parte de la legitimidad pública.
Quizá la mayor enseñanza de aquel año sea que las organizaciones criminales no solo disputaron territorios. Alteraron la arquitectura misma del poder.
En 2010 no murió únicamente una forma de ejercer el gobierno. También nació una nueva ciudadanía: más desconfiada, más vigilante, más crítica y consciente de que la información podía convertirse en la herramienta más poderosa para defenderse cuando las instituciones ya no alcanzaban para hacerlo. En esas seguimos.
