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Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIOA, TAM.- A 16 años del ataque armado que interceptó la comitiva de Rodolfo Torre Cantú en la carretera Ciudad Victoria–Soto la Marina, ningún expediente de la Fiscalía General de la República vincula a un responsable con el homicidio. Qué motivo pudo tener el autor intelectual del crimen es una pregunta que su familia, sus colaboradores y miles de tamaulipecos se siguen planteando, sin respuesta en los archivos de la dependencia federal.
De acuerdo con los registros oficiales de violencia de ese periodo, el homicidio del candidato de la coalición Todos Tamaulipas a la gubernatura representa el episodio más agudo de la etapa de mayor descomposición de seguridad que ha vivido el estado. También modificó de manera definitiva su escenario político.
El domingo 27 de junio de 2010, Torre Cantú cerró su último acto de campaña en el Polyforum de Ciudad Victoria ante miles de simpatizantes, acompañado por los exgobernadores Enrique Cárdenas González y Tomás Yarrington Ruvalcaba. De regreso en casa esa noche, se sentó con su esposa Laura de la Garza y sus tres hijos —Laura, Rodolfo y Paulina— y habló de lo que haría cuando ganara la gubernatura.
A la mañana siguiente se levantó temprano, visitó a su padre, Egidio Torre López, y volvió a despedirse de su familia antes de salir hacia el aeropuerto Pedro José Méndez. Lo acompañaba una comitiva de ocho personas, repartidas en dos camionetas sin blindaje; desde ahí volaría a Matamoros, donde tenía previsto comer con periodistas antes de cerrar campaña por la tarde en Valle Hermoso. Esa era la agenda que su equipo había distribuido la semana anterior, a seis días de una elección en la que todas las encuestas le daban una ventaja de 20 puntos.
Torre Cantú nunca llegó al aeropuerto. Su cuerpo, acribillado por 25 disparos de armas AK-47, AR-15 y calibre 9 milímetros, quedó tendido en el kilómetro 6.5 de la carretera.
Un ataque cronometrado
El convoy avanzaba esa mañana, a las 10:00 horas, por el kilómetro 6.5, frente al Tecnológico de Tamaulipas, cuando tres vehículos de un comando comenzaron a seguirlo de cerca. Una de las camionetas se adelantó y obligó a reducir la velocidad a 60 kilómetros por hora, provocando un choque con la unidad en la que viajaba Torre Cantú junto con su jefe de campaña, Enrique Blackmore; su cuñado, Enrique de la Garza, y su secretario, Alejandro Martínez. Por el costado derecho abrieron fuego otros dos vehículos, mientras uno más disparaba contra el vehículo de escoltas por el lado izquierdo. Los videos de seguridad de la carretera permitieron reconstruir una operación con ocho vehículos y un mínimo de 16 personas coordinadas.
Detener los vehículos del candidato tomó 13 segundos, según la reconstrucción pericial. Entre el momento en que todos los autos se detuvieron y aquel en que volvieron a ponerse en movimiento transcurrieron 43 segundos más. Un sobreviviente declaró ante la PGR que al candidato lo bajaron del vehículo y lo ejecutaron en el acotamiento; los servicios periciales confirmaron, en las primeras actuaciones de la procuraduría estatal, impactos de armas AK-47, AR-15 y calibre 9 milímetros en las víctimas.
Junto con Torre Cantú murieron Enrique Blackmore Smer, diputado local y presidente de la Federación Nacional de Contadores Públicos, y los escoltas Luis Gerardo Zubiate, Rubén López Zúñiga y Francisco David López Catache. El comando bloqueó la carretera con el tráiler de una empresa refresquera, a un kilómetro del punto de ataque, para cubrir la huida, mientras los sobrevivientes eran trasladados al Hospital General de Ciudad Victoria. Entre ellos circuló minutos después la versión de que el mismo comando planeaba rematar a los heridos ahí mismo, razón por la cual las autoridades pidieron a los medios no acudir al nosocomio, que quedó resguardado por el Ejército.
El estado más violento del país
Comprender lo ocurrido esa mañana exige retroceder a enero de 2010, cuando la ruptura del acuerdo entre el Cártel del Golfo y Los Zetas convirtió a Tamaulipas en un campo de disputa abierta, tras casi una década de operación coordinada bajo el mando de Osiel Cárdenas Guillén. Los enfrentamientos se extendieron a doce municipios —entre ellos Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ciudad Victoria—, con registros casi diarios de balaceras, vehículos abandonados y bloqueos carreteros, según documentó el Consejo de Seguridad Nacional.
Las cifras del primer semestre de 2010 marcan el quiebre: México Evalúa contabilizó 331 ejecuciones en Tamaulipas en esos seis meses, frente a 52 muertes vinculadas al crimen organizado en todo 2009, cuando las dos organizaciones aún operaban bajo el mismo techo criminal. El gobierno federal, por su parte, registró 890 homicidios acumulados entre 2006 y mediados de 2010, con una aceleración marcada justo en los primeros meses de ese último año. «Sabíamos que había asaltos en carreteras y muertos en San Fernando tres días antes, pero nunca imaginamos que fueran a atacar a Torre Cantú», resumió la entonces secretaria general del PRI estatal, Guadalupe Flores Valdez, en una declaración publicada el 28 de junio de 2011.
El proceso electoral de 2010 renovó la gubernatura, 36 diputaciones locales y 43 ayuntamientos en el estado con mayor densidad de violencia del país, en una contienda donde los candidatos recibían mensajes de ambas organizaciones criminales para alinearse o retirarse. El 13 de mayo, José Mario Guajardo Varela, candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso, fue asesinado junto con su hijo Luis Mario y el empleado Fernando Arturo Treviño en su negocio, semanas después de que el propio abanderado panista a la gubernatura alertara sobre presiones del narcotráfico. Por presión del crimen organizado, el PRI canceló también el registro de tres candidatos a alcaldías en Hidalgo, Villagrán y Mainero.
Fuentes federales revelaron, por esos días, que grupos criminales hicieron llegar amenazas a la sede del PRI estatal y a oficinas del gobierno de Tamaulipas durante la campaña. Ninguna derivó en una denuncia formal.
Casi gobernador
Torre Cantú era médico, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en 1987. Antes de convertirse en secretario de Salud durante el gobierno de Eugenio Hernández Flores, había sido diputado federal en la LXI Legislatura, presidente del PRI en Ciudad Victoria y director del DIF municipal. El 21 de enero de 2010 el PRI lo presentó como candidato de unidad para la coalición Todos Tamaulipas, integrada también por el PVEM y el PANAL; el proceso se formalizó el 14 de marzo, en la convención de delegados, sin que surgiera un contendiente interno de peso.
Encabezaba todas las encuestas, con ventajas de hasta 20 puntos sobre el candidato del PAN, José Julián Sacramento Garza, en un estado que el PRI no había perdido desde su fundación. Incluso sus adversarios reconocían el resultado como un triunfo anticipado e inapelable. Años después, el candidato del PRD, Julio Almanza Armas, declararía que Torre Cantú hizo una campaña totalmente limpia y que fue su amigo.
Cuando el gobernador Eugenio Hernández Flores compareció ante la prensa tras el asesinato, confirmó indicios de participación del crimen organizado, sin ofrecer detalles sobre las líneas de investigación, mientras la procuraduría estatal analizaba el entorno político del candidato. El primero en reaccionar desde la Federación fue el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien condenó el crimen y anunció que el presidente Felipe Calderón había convocado de inmediato a una reunión del gabinete de seguridad, según el comunicado oficial publicado esa misma tarde.
Calderón, en cadena nacional, calificó el asesinato de cobarde y de ataque a las instituciones, y llamó a sus adversarios a unirse contra el crimen organizado. El PRI rechazó públicamente esa postura y le exigió respeto al luto, además de no aprovechar la situación. Desde Oaxaca, el senador panista Santiago Creel declaró que el crimen era un hecho gravísimo que reflejaba la descomposición en Tamaulipas; el delegado priista en esa entidad, Carlos Jiménez Macías, respondió responsabilizando a Calderón por haber perdido el control del combate al crimen.
Al día siguiente, miles de personas se congregaron en el Polyforum de Ciudad Victoria —el mismo recinto donde, 24 horas antes, Torre Cantú había prometido que su gobierno se consolidaría en seguridad, salud y economía— y el féretro recibió una ovación de pie. Ese mismo día, el Instituto Electoral de Tamaulipas confirmó que la elección del 4 de julio se mantendría, mientras la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, llamaba a la estructura del partido a cerrar filas: ante la felonía, dijo, no habría la más mínima fisura. La misa de cuerpo presente se celebró a las 15:00 horas en la Catedral del Sagrado Corazón de Ciudad Victoria, y el entierro se realizó en el panteón El Reencuentro.
La sustitución y la elección
A 48 horas del crimen, el 30 de junio, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI designó a Egidio Torre Cantú, hermano mayor de la víctima, como candidato sustituto. El gobernador Hernández Flores había comenzado a gestionar esa decisión desde la tarde misma del asesinato. El 4 de julio, Egidio ganó la gubernatura con el 61.58 por ciento de los votos, según el IETAM, frente al 29.5 por ciento del panista Sacramento Garza, en comicios donde la violencia no cedió y algunas casillas no abrieron por temor a nuevos enfrentamientos armados.
La Procuraduría General del Estado inició la averiguación 323/2010 por homicidio y lesiones; el 2 de julio, la PGR atrajo el caso al fuero federal y desplegó por primera vez un grupo especial con policías federales, agentes del Ministerio Público y peritos, en coordinación con autoridades locales. Se abrieron entonces dos líneas paralelas: una apuntaba a Los Zetas, con Heriberto Lazcano Lazcano como presunto ordenador; la otra, al líder del Cártel del Golfo, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, conocido como El Coss, con base en investigaciones propias y declaraciones de un testigo colaborador. En medio de la investigación, la Marina y la PGR llegaron a insinuar que el crimen pudo haber sido cometido por militantes priistas, una hipótesis que con el tiempo no se sostuvo ni se documentó.
La PGR mantuvo la investigación clasificada como reservada durante doce años. Más de 300 personas fueron llamadas a declarar —entre ellas exgobernadores, la viuda del candidato y dirigentes del PRI—, sin que ninguna declaración derivara en una acusación formal vinculada al homicidio. En febrero de 2012, a 20 meses del crimen, el propio gobernador Egidio Torre Cantú declaró que la PGR no tenía resultados y que la dependencia le había confirmado que todas las líneas abiertas desde junio de 2010 permanecían sin avances. Costilla Sánchez fue capturado por la Secretaría de Marina el 12 de septiembre de 2012, en Tampico, y quedó vinculado en dos averiguaciones previas ante la PGR, además de un mandamiento de arresto del Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, con sede en Brownsville.
El asesinato de Rodolfo Torre Cantú sigue siendo el ataque más grave contra un político mexicano desde el homicidio de Luis Donaldo Colosio en 1994, aunque con una diferencia de fondo: en 2010 el crimen organizado demostró que ya no temía a la fuerza del Estado.
A 16 años del crimen, ninguna sentencia vincula a un responsable con el homicidio cometido en esa carretera de Ciudad Victoria. La pregunta sobre el motivo y el autor intelectual permanece abierta en los expedientes de la Fiscalía General de la República.
