Recién se presentó en el Congreso del Estado una iniciativa para expedir la Ley del Sistema Estatal de Infraestructura Pública para el Bienestar de Tamaulipas y hay que reconocerlo: efectivamente, parte de una problemática real.
El detalle es que, de nueva cuenta, una buena intención no siempre produce una buena ley. Tal vez la propuesta puede venderse mediáticamente como coordinación, planeación y visión de Estado; pero, al leerla con calma, abre la puerta a que la agenda de infraestructura municipal pase por una mesa encabezada, conducida y políticamente administrada desde el Gobierno del Estado.
Entonces, no estamos ante un verdadero sistema de fortalecimiento municipal, sino ante un mecanismo con la capacidad de centralizar la definición política de qué obras son prioritarias, en qué municipios y bajo qué criterios.
Dicho de otra manera: se habla de municipalismo, pero el diseño huele más a control que a autonomía. Se presume coordinación, pero la arquitectura institucional parece diseñada para que todos se sienten a la mesa… siempre y cuando solo una persona decida el menú.
La iniciativa repite que respeta la autonomía municipal, sin embargo, coloca al Ejecutivo estatal en el centro de todo este sistema; en pocas palabras: la propuesta de Ley les dice a los municipios “ustedes son autónomos”, pero luego les acomoda la silla, les fija la agenda, les pasa lista y les recuerda quién se sienta en la cabecera.
Ahí está la contradicción. La autonomía municipal no solo se debilita cuando se invade formalmente una competencia constitucional; también se erosiona cuando los ayuntamientos quedan políticamente condicionados a estructuras dirigidas desde el Ejecutivo estatal, especialmente en temas tan sensibles como obra pública, infraestructura básica y servicios municipales.
Por si fuera poco, la propuesta corre el riesgo de convertirse en una ley muy llamativa, pero con pocos efectos materiales. Crea órganos y procedimientos que en el papel suenan interesantes, pero que en la práctica pueden terminar siendo otro edificio burocrático sin cimientos presupuestales.
Y ahí está una de sus mayores debilidades: no garantiza recursos, no garantiza ejecución de obras, no establece financiamiento obligatorio, ni fija criterios objetivos de priorización…
O como se dice en el barrio: mucha mesa, mucho diagnóstico, mucho “bienestar” en el membrete, pero poca obligación concreta para resolver lo que la gente necesita.
Porque seamos claros: la ciudadanía no necesita que le diagnostiquen por enésima vez que la calle está destruida, el drenaje colapsado o la falta de agua. Eso ya lo sabe, lo padece todos los días y no requiere una mesa interinstitucional para confirmarlo.
A todo esto se suma una técnica legislativa descuidada: siglas inconsistentes, errores de numeración y conceptos sin armonizar. Esto no es mera formalidad. Una ley que pretende crear instituciones debe ser precisa, ordenada y jurídicamente clara.
Para acabar pronto: en Tamaulipas no necesitamos otra “ley bonita” en el discurso, pero confusa en su aplicación.
Insisto: la propuesta parte de un problema real; los municipios necesitan mejor planeación de infraestructura, pero la solución planteada corre el riesgo de convertirse en una estructura centralizada, burocrática y políticamente discrecional.
En otras palabras: diagnostica bien el problema, pero propone un mecanismo que puede terminar debilitando la autonomía municipal y usando la planeación como herramienta de control político.
Tal parece que nos va a salir mas caro el caldo que las albóndigas.
Por eso, más que una ley de mesas, Tamaulipas necesita una ley de resultados. Una ley que verdaderamente fortalezca capacidades municipales, que garantice asistencia técnica real, que establezca criterios objetivos de priorización, que transparente los proyectos y que vincule la planeación con recursos y ejecución.
Porque la gente no vive de diagnósticos, ni de siglas institucionales, ni de consejos encabezados desde la Oficina del Gobernador. La gente precisa vialidades transitables, agua potable de calidad en su casa, drenaje digno, alumbrado suficiente y servicios públicos que verdaderamente funcionen.
Y si de verdad queremos hablar de infraestructura para el bienestar, empecemos por entender que el bienestar no se decreta en una mesa: se construye resolviendo las necesidades de la gente.
