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Expreso-La Razón
Durante años,Tamaulipas ha enfrentado una gran incidencia de extorsiones telefónicas y el mecanismo no ha cambiado: un chip de prepago, sin nombre y sin registro, comprado en cualquier tienda de conveniencia, hace posible la operación.
Esa cifra es la parte visible del problema. La ENVIPE calcula que la cifra negra de la extorsión supera el 96 por ciento a nivel nacional, lo que significa que la mayoría de las víctimas no llega a levantar una denuncia ni a registrar el número que las llamó.
El mecanismo es simple: un chip de prepago, comprado sin identificación en cualquier tienda de conveniencia. Con ese anonimato, los grupos delictivos rotan ladas de distintas ciudades para ocultar el origen de cada llamada y evadir el rastreo policial.
Los penales de Tamaulipas concentran una parte crítica del problema. Altamira y Matamoros están entre los 12 centros penitenciarios del país que acumulan el 56 por ciento de las líneas telefónicas identificadas como origen de extorsiones, según la SSPC.
Altamira generaba hasta seis millones de pesos mensuales entre extorsiones telefónicas y cobros internos a reclusos, de acuerdo con reportes oficiales. El gobernador de Nuevo León precisó que el 70 por ciento de las extorsiones a sus ciudadanos salían de ahí.
La respuesta del gobierno federal fue el registro obligatorio de líneas celulares móviles, mismo que después de muchas semanas de polémica, fue prorrogado hasta el mes de agosto.
El mecanismo: vincular cada número a una CURP o identificación oficial para eliminar el anonimato que sostiene la extorsión, el fraude por SMS y el secuestro virtual.
Al cierre del plazo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reportaba 61 millones de líneas incorporadas, de un universo oficial de 144 millones activas en el país. La brecha era de más de 80 millones de números que seguían sin titular registrado.
Analistas del sector calculan que el mercado real supera los 158 millones de líneas, al incluir a todos los operadores móviles virtuales. En cualquier escenario, seis de cada diez líneas llegaron al vencimiento del plazo sin nombre ni responsable asociado.
El rezago más grave está en el prepago, que es también el segmento donde opera el delito. AT&T reportó cerca del 50 por ciento de avance en esa modalidad, frente al 95 por ciento en pospago, una distancia que reproduce el problema que se busca corregir.
Telcel, empresa con el 58 por ciento del mercado nacional, pidió públicamente que la autoridad reconsiderara el proceso. El plazo era demasiado corto, advirtió, y el avance en el prepago insuficiente para la magnitud del padrón requerido.
La CRT mantuvo durante semanas que no habría prórroga, y que las líneas sin registro serían suspendidas al vencimiento, conservando únicamente acceso al 911 y a los números de atención ciudadana que establece la legislación federal en materia de emergencias.
Sin embargo, finalmente la Comisión anunció una prórroga para el registro de líneas telefónicas, el cual deberá efectuarse entre agosto y diciembre, dependiendo del último dígito de su número.
Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías suspenderán el servicio de aquellas líneas telefónicas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo.
Una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios.
La decisión de ampliar el plazo para el registro de líneas celulares en México difícilmente resolverá el principal obstáculo del proceso: la resistencia de millones de usuarios a vincular sus números, consideró el director de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), Ernesto Piedras.
De acuerdo con las encuestas realizadas por The CIU, el bajo avance del registro responde a tres factores que la consultora denomina las «tres D»: desconocimiento, desinterés y desconfianza.
Para los analistas, los costos políticos, sociales y económicos de una desconexión masiva hacen inevitable que la autoridad ceda en el calendario. Suspender a millones de usuarios legítimos no sanciona el delito; genera un daño colateral sin protocolo.
Al respecto, legisladores de oposición advirtieron que la prórroga no resuelve la falta de garantías plenas para la protección de los datos personales de los usuarios.
Demandaron a la CRT establecer mecanismos efectivos para evitar el riesgo del robo de identidad o el espionaje gubernamental hacia los usuarios de la telefonía móvil.
Alertaron que los procesos siguen siendo confusos, persisten fallas para desvincular números que los ciudadanos no reconocen y consideraron que no hay garantías plenas sobre la protección de datos personales.
Calificaron como una medida desproporcionada la desconexión de líneas celulares de prepago que los ciudadanos que no realicen el registro, pues muchas veces utilizan para trabajar, para comunicarse con sus familias o para emergencias.
Su exigencia no es sólo de tener más tiempo para la vinculación de las líneas, sino que la CRT garantice que con el registro no habrá robo de identidad ni espionaje gubernamental, ya que con eso no se resolverán los problemas de seguridad pública del país, aseguraron.
La intervención física en Altamira y Matamoros, mediante el retiro y sustitución de antenas, logró bloquear el 33 por ciento de las líneas usadas para extorsionar. Los dos tercios restantes continuaron operativos sin que se anunciara una segunda etapa.
Apenas esta semana, la Fiscalía de Jalisco por ejemplo, denunció que el 85 por ciento de las extorsiones telefónicas registradas en ese estado provienen de penales de Tamaulipas.
El director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía de Jalisco, Héctor Daniel Hernández Salazar señaló que otro 10 por ciento de las llamadas, señaló, proviene de la Ciudad de México y del Estado de México.
