Por. Perla Reséndez
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- El 29 de junio de 2022 quedó marcado en la historia de la prensa tamaulipeca, como el día en que la violencia demostró una vez más, su rostro más cruel contra el periodismo.
A cuatro años de aquel fatídico miércoles, la justicia parece haber pasado de largo. El expediente judicial del asesinato del periodista Antonio de la Cruz y de su hija Cinthia, de apenas 23 años, sigue formalmente abierto en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), pero los pasillos de los tribunales sólo guardan un silencio burocrático.
No hay avances sustanciales, no hay autores intelectuales tras las rejas y la promesa de una justicia pronta y expedita se ha diluido en un sistema penal que parece apostar al olvido.
Aquel día, alrededor de las 9:15 de la mañana, nuestro compañero Antonio de la Cruz, un veterano de la comunicación con más de 25 años de experiencia, encendió su vehículo estacionado a las afueras de su domicilio en la calle Puerta de la Luna en el fraccionamiento Puerta de Tamatán.
Lo acompañaba su hija Cinthia a quien llevaba al trabajo; no tuvieron tiempo de avanzar; un sujeto armado a bordo de una motocicleta se aproximó de forma directa y abrió fuego en cinco ocasiones con un arma calibre .40 milímetros.
El cuerpo inerte del periodista quedó frente a su hogar, la trinchera desde la cual salía diariamente a buscar las historias del campo tamaulipeco; mientras Cinthia, con heridas graves en la cabeza, fue trasladada de urgencia al Hospital General, donde los médicos lucharon por su vida durante dos días.
Las alarmas se encendieron incluso en organismos internacionales de derechos humanos; aunque matar a un periodista en México ya era una dolorosa costumbre; acribillar a sus hijos para enviar un mensaje de terror elevó el umbral de la crueldad.
La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso y se anunció el despliegue de peritos especializados, los discursos oficiales condenaban el ataque, mientras el compromiso del gobierno federal era de llegar «hasta las últimas consecuencias».
Cuatro años más tarde, las promesas se reduce y apuesta al olvido; si bien se detuvo en junio de 2023 a Rafael “N” alias “El Piña” como presunto autor material, vinculado a células criminales la estructura que ordenó silenciar la voz de Toño de la Cruz permanece intacta.
El expediente sigue abierto únicamente para evitar el carpetazo formal, operando como un monumento a la impunidad que define el ejercicio de la libre expresión en el país.
Toño de la Cruz: una vida en el periodismo
Toño no era el típico reportero de nota roja o cronista de la actividad gubernamental en la capital del estado, era el reportero del campo para EXPRESO, aunque su labor no se limitaba a eso.
Desde esa trinchera, se convirtió en el puente entre las comunidades agrícolas olvidadas y los centros de poder urbano; sus notas abordaban la sequía que devoraba las cosechas en el norte del estado.
Así como la falta de apoyos federales y estatales para los productores de sorgo y cítricos, el desbasto de agua en los ejidos más apartados de la sierra y las corruptelas menores y mayores en las oficinas gubernamentales.
Antonio conocía cada camino vecinal, brecha y a cada líder agrario de la zona central de Tamaulipas; era esa cercanía con la tierra, la que le otorgaba una autoridad moral en la materia y por eso se entiende el vacío que dejó.
En los años previos a su asesinato, Toño también comenzó a utilizar sus redes sociales personales, particularmente su cuenta de X (antes Twitter), como un espacio de denuncia directa.
Ahí apuntaba directamente hacia el poder político.
Señalaba desvíos de recursos públicos, opacidad en la asignación de obras de infraestructura y la creciente infiltración de intereses criminales en las instituciones.
Paralelamente a su labor periodística en EXPRESO, Toño -como le llamaban de cariño amigos y colegas- colaboraba en el área de comunicación social del partido Movimiento Ciudadano en Tamaulipas.
Esta doble condición de periodista de territorio y comunicador lo colocó en una posición de alta vulnerabilidad, en una entidad, donde el poder político y el fáctico de los criminales, a menudo se difuminan en una misma frontera.
Levantar la voz en redes sociales se convirtió en una actividad de altísimo riesgo.
Expreso: Una historia escrita bajo el terror del narcoterrorismo
El asesinato de Antonio de la Cruz no fue un caso aislado para el periódico EXPRESO, representó el capítulo más sangriento de una larga y sistemática campaña de hostigamiento, amenazas y atentados terroristas perpetrados por el crimen en contra de esta casa editorial en Victoria.
El primer gran hito de esta estrategia de terror ocurrió el 19 de marzo de 2012; un coche bomba estalló frente a las instalaciones del periódico, causó destrozos en el área de talleres y redujo a chatarra 13 vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones.
Por fortuna, la detonación ocurrió en un momento en que el grueso del personal de redacción ya no estaba en las oficinas, pero el mensaje de la delincuencia quedó claro, obligando a la autocensura.
Luego, el 20 de diciembre de 2018, en plena época navideña, una hielera en el estacionamiento del edificio, volvió a encender las alertas; las autoridades encontraron una cabeza humana cercenada.
Los victimarios habían colocado una cartulina de color brillante con un mensaje explícito y directo dirigido a las empresas periodísticas de Victoria, exigiéndoles que dejaran de publicar información sobre la violencia interna de los carteles.
El homicidio de Toño en 2022 demostró que las amenazas del 2012 y del 2018 no eran meras advertencias, la estructura criminal estaba dispuesta a pasar de los explosivos en las fachadas a las balas directas en sus reporteros más visibles.
El memorial del olvido, la muerte de periodistas
La muerte de Antonio de la Cruz es el eslabón de una larga cadena de sangre que se extiende por más de cuatro décadas en Tamaulipas, muchos municipios del estado tienen su propio mártir del periodismo.
Una lista de nombres que las autoridades prefieren mantener en el olvido burocrático pero que el gremio periodístico se encarga de recordar año tras año para exigir una justicia que nunca llega.
A la larga lista, se deben sumar decenas de casos de periodistas que optaron por el exilio forzado, abandonando sus hogares y profesiones tras recibir amenazas de muerte.
El atentado contra Toño, también puso al descubierto, la inoperancia del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a nivel federal y estatal.
Toño no contaba con ninguna medida de protección al momento de su muerte, a pesar del violento historial que perseguía al periódico.
Cuatro años después del doble homicidio que enlutó a la familia De la Cruz Martínez y a todo el gremio periodístico, el panorama en Victoria y en el resto de Tamaulipas no ofrece razones para el optimismo.
El estancamiento del expediente no es una excepción técnica, sino el resultado de un diseño institucional que premia la impunidad y desgasta la memoria colectiva a través de la dilación procesal.
La FEADLE, mecanismo federal diseñado teóricamente para romper el círculo de complicidades local que impide investigar los crímenes contra la prensa, ha demostrado ser un aparato burocrático lento y carente de la voluntad política necesaria para perseguir las cadenas de mando reales.
La muerte de Antonio de la Cruz y de su hija Cinthia no solo apagó una voz crítica en las redes sociales y en las páginas de información del campo; sembró un manto de silencio, mientras su expediente duerme el sueño de los justos.
