Por Staff
Ciudad de México.-La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto «N», y otras 7 personas, por su presunta participación en un esquema de contrabando de hidrocarburos, conocido como «huachicol fiscal».
Tras más de un día de audiencia, un juez de control impuso prisión preventiva a Ernesto «N», Ricardo «N», José «N», Juan «N» y Luis «N», quienes serán internados en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 1 «Altiplano», en el Estado de México.
En tanto José María «N» y Guillermo «N» enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria debido a problemas de salud, mientras que Adriana «N» permanecerá interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
La FGR informó que los 8 imputados fueron detenidos como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó cerca de un centenar de datos de prueba para formular la imputación por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Después del debate entre las partes, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando se defina su situación jurídica.
El «huachicol fiscal» consiste en introducir combustibles al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas. Entre las prácticas detectadas se encuentra reportar un volumen menor al realmente transportado o declarar que la carga corresponde a otros productos para evadir el pago de impuestos.
La dependencia señaló que este esquema provoca pérdidas económicas para el Estado mexicano y, además, puede convertirse en una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
El exgobernador de Baja California, Ernesto «N», fue detenido el pasado 16 de julio y es investigado por las autoridades federales debido a su presunta participación como accionista mayoritario de la empresa Ingemar, relacionada con la investigación por presunto huachicol fiscal.
