Por. Perla Reséndez
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo se han convertido en el punto de entrada del caso de huachicol fiscal más grande documentado hasta ahora por las autoridades federales: una red que, solo a través de la aduana de Matamoros, introdujo de manera ilegal 144.5 millones de litros de hidrocarburos mediante mil 366 ferrotanques en apenas 52 días, y que en conjunto con Nuevo Laredo, Reynosa y Camargo sirvió de corredor para una organización ligada al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, detenido el pasado 16 de julio.
Tamaulipas permanece así en el centro de las investigaciones federales por las redes de contrabando de combustible que operan desde Estados Unidos hacia México, con sus cuatro principales cruces fronterizos —Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Camargo— señalados como la infraestructura que hizo posible el esquema.
Las indagatorias cobraron fuerza desde marzo de 2025, cuando en el puerto de Tampico fueron asegurados 10 millones de litros de diésel transportados en el buque Challenge Procyon, cuyo cargamento fue declarado como aditivos para aceites lubricantes. A partir de ese caso se destapó una red que involucra a funcionarios aduanales e integrantes de la Marina.
El llamado huachicol fiscal ha provocado un daño estimado de 9 mil millones de dólares al erario. A través de una red de corrupción, se calcula que entre el 20 y el 30 por ciento del mercado de combustibles en México proviene de actividades ilícitas.
Las investigaciones más recientes llevaron hasta una organización presuntamente encabezada por empresarios vinculados al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. La red, relacionada con la empresa Igemar, presuntamente se dedicaba a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo.
Además del exgobernador y fundador de Igemar, fue detenido Ricardo Thompson Navarro, uno de los principales accionistas de la empresa, así como otras seis personas. En total, las autoridades han girado 25 órdenes de aprehensión.
El esquema era similar al detectado en otros casos de huachicol fiscal: alteraban la información de los productos importados para evadir impuestos, ya que únicamente declaraban el 10 por ciento de la capacidad real de los ferrotanques. El combustible ingresaba desde Texas principalmente por las aduanas tamaulipecas de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Camargo.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la organización utilizaba carros tanque de ferrocarril cuyos pedimentos declaraban cargamentos de apenas 10 mil litros, cuando en realidad cada unidad transportaba hasta 110 mil litros de gasolina o diésel. Entre enero y julio de 2025, la organización realizó 4 mil 238 operaciones irregulares utilizando esas aduanas, aprovechando la infraestructura local para fragmentar la trazabilidad del hidrocarburo.
De manera paralela, una de las líneas de investigación se fortaleció en julio de 2025, cuando en Ramos Arizpe, Coahuila, fueron asegurados 33 ferrotanques con hidrocarburos. A partir de ese decomiso se dio seguimiento a las empresas relacionadas con la red ilegal. Las pesquisas alcanzaron empresas importadoras de hidrocarburos y sus derivados, agencias aduanales, operadores ferroviarios y portuarios, además de otras 17 compañías dedicadas al transporte, comercialización y distribución del combustible en nueve entidades, incluido Tamaulipas. Ese seguimiento permitió identificar a 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas involucradas, operadores, agentes aduanales y personal de las propias agencias.
De acuerdo con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de este año la FGR ha llevado a proceso a 407 personas relacionadas con redes de tráfico ilegal de combustible que operaban por vía marítima, ferroviaria y terrestre.
Las investigaciones estiman una evasión de 88 millones 511 mil 516 pesos por concepto del IEPS y de otros 18 millones 289 mil 304 pesos por IVA, para un daño inmediato superior a los 106 millones 800 mil pesos en perjuicio de la hacienda pública. Sin embargo, conforme avanzan las indagatorias, la estimación global ya supera los 4 mil millones de pesos.
Matamoros: el punto clave
La aduana de Matamoros, por donde la red de Ruffo Appel introdujo miles de litros de diésel de manera ilegal, es también objeto de una investigación exhaustiva por separado de la FGR, y es precisamente ahí donde se ubica el caso individual de mayor volumen detectado hasta ahora: la FGR detectó el ingreso ilegal de 144.5 millones de litros de hidrocarburos mediante mil 366 ferrotanques en apenas 52 días.
El combustible era declarado como «solución de cloruro de calcio», lo que permitió evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otros gravámenes por cientos de millones de pesos. Las órdenes de aprehensión derivadas de este caso incluyen a empresarios y a tres tenientes coroneles de la Sedena que fungieron como administradores de la aduana fronteriza y presuntamente facilitaron la operación.
El combustible ingresaba principalmente por vía ferroviaria mediante pedimentos fraudulentos y documentación apócrifa, aprovechando el control que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional sobre los recintos aduaneros. Como el combustible ilegal es transportado posteriormente en pipas, los aseguramientos se han realizado tanto en carreteras fronterizas como en inmuebles utilizados para su almacenamiento.
De acuerdo con el vocero de Seguridad de Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo, durante este año han sido detenidas alrededor de 550 personas por su presunta participación en el robo y tráfico ilegal de hidrocarburos. Explicó que el despliegue interinstitucional está enfocado en combatir toda la cadena de operación del huachicol, incluyendo la detención de choferes de tractocamiones, responsables de bodegas e inmuebles utilizados para almacenamiento, así como exfuncionarios aduanales e incluso mandos militares.
Los municipios clave
Los aseguramientos muestran que distintos municipios tamaulipecos cumplen funciones específicas dentro de la red de tráfico ilegal de combustibles, aunque son las dos aduanas fronterizas de Matamoros y Nuevo Laredo las que concentran el mayor peso probatorio de los casos documentados hasta ahora.
Matamoros representa el punto crítico para el huachicol fiscal ferroviario y terrestre. Al ser una de las principales aduanas de ingreso desde Texas, concentra aseguramientos de ferrotanques e inmuebles acondicionados con motobombas y autotanques, destacando operativos recientes en los que se han retenido decenas de miles de litros declarados falsamente como productos químicos.
Nuevo Laredo comparte con Matamoros su importancia estratégica por el flujo aduanero. Los decomisos en este punto fronterizo están relacionados principalmente con el fraude en pedimentos de importación utilizados para introducir combustible de manera ilegal a territorio nacional, y fue, junto con Matamoros, Reynosa y Camargo, una de las cuatro aduanas por las que operó la red vinculada a Ruffo Appel.
Reynosa concentra los decomisos de mayor volumen en almacenes clandestinos. Las autoridades federales han desmantelado centros de distribución ubicados principalmente en las inmediaciones de la carretera Reynosa-Monterrey, donde han asegurado entre 1.3 y 2.1 millones de litros de combustible en operativos individuales.
Tampico, por su condición de puerto marítimo y nodo ferroviario, se ha convertido en una zona estratégica para el decomiso de hidrocarburos transportados por tren. En este municipio y su zona conurbada se han detectado e inmovilizado bloques completos de ferrotanques que pretendían distribuir el combustible hacia el centro del país.
San Fernando funciona como un corredor de distribución dentro del estado. En los retenes federales son frecuentes las detenciones y el aseguramiento de tractocamiones con doble remolque que transportan miles de litros de hidrocarburo de procedencia ilícita.
Con el caso de Matamoros como el mayor volumen individual detectado —144.5 millones de litros en 52 días— y Nuevo Laredo como uno de los cuatro puntos de entrada de la red de Ruffo Appel, ambas aduanas quedan situadas como el eje geográfico sobre el que se ha construido, hasta ahora, el caso de huachicol fiscal más grande documentado por las autoridades mexicanas.
