Por Juan Sánchez Mendoza
La estancia de soldados, marinos y guardias nacionales, en la entidad, no tiene por qué alamar a nadie y menos provocar lecturas malsanas.
No obstante que el patrullaje que realizan cotidianamente en los 43 municipios ha generado cualquier cantidad de críticas, cierto; pero su presencia mucho contribuye a diezmar a la delincuencia organizada que en su disputa territorial no sólo lastima a nuestra sociedad, sino que la mantiene aterrorizada.
Ignoro, como cualquier otro mortal que pueble Tamaulipas, hasta dónde pueda llegar esta guerra ajena a la sociedad, aunque sí me queda en claro que sin la presencia castrense difícilmente habría otra opción para enfrentar el flagelo.
Surge la referencia porque sé que el gobernador Américo Villarreal Anaya, en sus visitas a la Ciudad de México, procura intercambiar puntos de vista con los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de refrendar los compromisos de redoblar esfuerzos y recursos humanos y materiales en la lucha que se libra contra la delincuencia organizada en territorio tamaulipeco.
En varias ocasiones el jefe del Ejecutivo estatal ha pedido apoyo al Gobierno Federal para que en Tamaulipas haya mayor y mejor presencia castrense, pues él sabe que sin la ayuda militar, de la Armada de México y de la Guardia Nacional sería más dificultoso resolver el problema.
De ahí su reconocimiento a las fuerzas armadas, en el sentido de que, en la lucha contra la delincuencia organizada, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Marina han sido y son un gran baluarte que la sociedad tamaulipeca reconoce y respeta por velar por la tranquilidad y seguridad de sus bienes e integridad física.
También ha reiterado su beneplácito por los operativos emprendidos por el Ejército Mexicano y la Armada de México en que han decomisado armas, drogas y recursos financieros de los grupos criminales, ya que este esfuerzo tiene como propósito fundamental recuperar el orden y la paz; y lograr que la tranquilidad regrese a las familias tamaulipecas.
De ahí que Tamaulipas, a partir de la suma de esfuerzos por parte de las fuerzas armadas de México, pudiera tener un asueto veraniego en paz y armonía.
INE, de nuevo en la mira
México podría vivir, otra vez, momentos de incertidumbre en su avance democrático, merced a la descalificación que se hace del Instituto Nacional Electoral (INE) como máximo órgano rector de los comicios a celebrarse el año que viene.
Así lo dejan entrever las desacreditaciones verbales y epistolares de algunos de los jerarcas de partidos políticos, que con su actitud avalan una de las hipótesis más recurrentes de lo que ellos llaman inconformidad social.
Dicen: ‘En el país existe descomposición política’.
Esa versión es la misma que han manejado durante años y años, a tal grado que las diversas organizaciones participantes en el sistema de partidos ni siquiera cuentan con elementos valederos para descalificar al INE; y menos se han preocupado en reorganizar sus estructuras, como antaño; ni en tender un sólido puente de plata a la democracia que tanto dicen buscar.
Ejemplo de que la oposición pretende descalificar a priori el proceso electoral, son los epítetos que desde los partidos Acción Nacional PAN) y Somos México se lanzan en contra de sus pares, y el descrédito que promueven en contra de ciertos consejeros del INE, dizque por no conformar un cuerpo colegiado que en verdad garantice imparcialidad en el proceso electoral concurrente a instalarse en septiembre próximo.
De ahí que insista:
Aquí en México se podrían presentar momentos muy delicados por la voracidad política, y harto peligrosos, si es que los políticos se empecinan en descalificar a la institución.
Lo que ocurre es que hoy, como antaño, esos políticos electoreros buscan los momentos adecuados para desencadenar una crisis política, donde el PAN entendería la legalidad sólo si pudiera adjudicarse la mayoría en el Congreso de la Unión, igual que Movimiento Regeneración Nacional (morena), y ‘La chiquillada’ –así se les conoce a los partidos minoritarios–, cuando menos, lograran conservar su registro.
Con todo ello, los protagonistas de este affaire político parecen soslayar que su cerrazón mantiene en suspenso la estabilidad social, política y económica de todo el país; que ya son otros tiempos y otras las circunstancias, porque en este sistema de partidos nadie es más ni nadie es menos, considerando la pluralidad que existe en los poderes del Estado.
Igual, esos desestabilizadores se empeñan en acusar a los gobiernos estatales de ser los principales promotores del clima de anarquía política que viven en sus propios partidos, en lugar de ofrecer respuestas sólidas que eviten los desbordamientos.
Y han caído en el juego de la oposición, sin querer recordar, quizá, que el INE es una entidad independiente y que esa independencia tuvo su origen, precisamente, en los planteamientos de los tres principales partidos que contienden en este hándicap.
Por tanto, resulta absurdo pensar que un organismo incubado por los mismos partidos políticos ahora no tenga la credibilidad que en su momento éstos le dieron al engendrarlo.
¿De qué se trata?
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