Miles de tamaulipecos invirtieron en paneles para defenderse del recibo de luz, hoy esa energía satura transformadores y subestaciones y la respuesta oficial fue limitar las conexiones nuevas; el costo del atraso de la red lo vuelve a pagar el usuario.
Entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde ocurre en Tamaulipas un fenómeno que resume una década de política energética, los techos producen más electricidad de la que la red puede administrar, los paneles inyectan sus excedentes a transformadores y subestaciones que no fueron preparados para recibirlos y el sistema entra en zona de riesgo.
Así lo reconoció el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, al admitir que la generación solar rebasa por momentos la capacidad instalada de la infraestructura eléctrica del estado.
Tamaulipas encabeza la capacidad de generación eléctrica del país con más de 8 mil megawatts instalados y es segundo lugar nacional en energía eólica, sin embargo su sistema no logra absorber la electricidad que producen los techos de sus propias casas y negocios.
La abundancia se volvió problema técnico porque la red de distribución que opera la CFE sigue pensada para el modelo de hace medio siglo, aquel donde la energía viajaba en un solo sentido, de la planta al hogar, nunca al revés.
Las cifras explican cómo llegamos aquí, al cierre de 2025 la generación distribuida alcanzó 5 mil 437 megawatts en el país, 22.2% más que un año antes, con una inversión acumulada de 13 mil 335 millones de dólares salida casi toda de bolsillos privados, tan solo el año pasado hubo más de 112 mil solicitudes nuevas de interconexión.
En el mapa nacional Jalisco encabeza el esquema con 747.7 megawatts y cerca de 100 mil solicitudes, Tamaulipas se subió tarde pero con fuerza, supera las 10 mil 22 peticiones con una capacidad cercana a los mil megawatts según la Comisión Nacional de Energía y aun así ronda el lugar 17, señal de que la presión sobre la red va a crecer durante años.
Detrás de cada contrato hay una historia económica muy simple, el calor de esta región empuja a miles de familias hacia tarifas de alto consumo, el recibo se volvió impagable y el panel se convirtió en la única defensa disponible.
El usuario hizo exactamente lo que el discurso oficial le pidió durante una década, invertir decenas de miles de pesos de su patrimonio en energía limpia, bajar su demanda de la red y aportar a la transición, cumplió su parte del trato con puntualidad.
La parte incumplida fue la otra, la red, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional reconoce que Tamaulipas podría aportar entre 8 y 10 gigawatts renovables más hacia 2030 y que su obstáculo es la saturación de la transmisión, el diagnóstico estaba escrito, mientras tanto la línea Huasteca Monterrey sigue en construcción, la inversión federal llegó tarde y llegó corta.
La respuesta llegó por la vía del reglamento, la CNE fijó en 0.7 megawatts el umbral de generación exenta, la que se conecta sin controles adicionales, el secretario advirtió que el riesgo aparece al superar 5 megawatts en una misma zona y citó a Brasil, donde el regulador ya no controla los excedentes solares.
Ordenar el crecimiento es razonable, no obstante la medida revela una prioridad, cuando la infraestructura pública no alcanza lo que se ajusta es la posibilidad del ciudadano de conectarse, no la velocidad de la inversión en la red.
La misma explicación técnica contiene la salida, el riesgo vive entre las 11 y las 14 horas y desaparece por la tarde, cuando los hogares absorben todo el excedente, el problema no es que sobre sol sino que falta almacenamiento, los nuevos parques ya incorporarán baterías, sin embargo no existe un programa para guardar la energía de los techos, la tecnología está disponible, lo que no está es la decisión de financiarla.
El lenguaje también reparte culpas, la versión oficial habla de un «problema de confiabilidad desde la demanda», como si el riesgo lo generara el usuario que instaló un panel y no la red que no se modernizó para recibirlo, esa manera de contarlo define quién paga el ajuste.
La transición energética mexicana se trasladó a los techos, el hogar puso el capital y asumió el riesgo, ahora carga también con el freno, el atraso público se administra con el dinero de familias que solo querían pagar menos luz.
El contraste local sirve para ubicar responsabilidades, el gobierno estatal ejerció más de 500 millones de pesos en infraestructura energética, prevé superar los mil 200 millones en agosto y lleva sistemas solares a comunidades sin red convencional, la señal de alerta salió de la Secretaría estatal del ramo, lo que falta es que esa claridad se convierta en calendario y presupuesto del lado que opera las redes, que es federal.
Lo que sigue ya tiene números, México se comprometió a que 45% de su electricidad sea limpia en 2030, apenas 14% del mercado potencial de generación distribuida está cubierto y quedan 4.4 millones de usuarios que podrían instalar paneles, la red que hoy se satura tendrá que administrar el doble en pocos años.
La experiencia internacional adelanta el guion, España llegó a cobrarle un peaje al autoconsumo y California recortó el pago a los excedentes solares, si la inversión no se acelera el pronóstico es ese, más requisitos, menos incentivos y el costo de vuelta al techo del usuario.
Lo que está en juego se entiende mejor desde abajo, una familia que pidió prestado para poner paneles no especuló, se defendió de un recibo que crecía más rápido que su salario, decirle ahora que su energía desestabiliza el sistema es una manera elegante de reprocharle que haya confiado.
La transición energética no fracasa cuando falta sol, fracasa cuando el Estado le pide al ciudadano adelantarse y luego lo castiga por llegar primero.
