Hoy se cumple una semana de la muerte -homicidio, todo hace indicar- de la jovencita Dafne Zapata, en una escuela militarizada de Ciudad Madero.
La tragedia llegó a tal grado de notoriedad que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto y fijó dos emplazamientos.
El primero a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para que esclarezca el caso, y el segundo a todas las autoridades competentes, para que revisen la operación de estas academias.
Claro que será relevante analizar la modalidad con la que trabajan estas escuelas privadas que ofrecen educación “militarizada” sin tener ninguna relación con las Fuerzas Armadas.
Pero por ahora lo más importante es que se haga justicia en el caso que enlutó a una familia de Ciudad Mante, y que ha generado indignación en todo el país.
Por eso, el gobernador Américo Villarreal también había advertido que la Fiscalía General de Justicia tenía que presentar resultados de la investigación en un tiempo razonable de 48 horas.
El plazo se venció, pero la noche de este miércoles, trascendió la detención de una persona que estaría implicada en los hechos.
La Fiscalía de Justicia tiene ahora la obligación de reivindicarse y sacudir la desconfianza que dejó su fallida actuación en otros casos de alto impacto, como el del abuso sexual en el Hospital Infantil.
La gestión de Jesús Eduardo Govea trabaja bajo la lupa por lo que significó su llegada al puesto. La salida de Irving Barrios -acusado de proteger al cabecismo- alimentó la expectativa de que ahora sí, habría una procuración de justicia efectiva.
Los emplazamientos de la presidenta y del gobernador son claros: el caso Dafne tiene que esclarecerse y los responsables ser llevados ante la justicia. Cualquier otra cosa será vista como un nuevo tropiezo de la Fiscalía.
