Por. Josué Sánchez Nieto
El Congreso del Estado concluyó recientemente su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones y, como ya es costumbre, llegó el corte de caja: según la información oficial, se expidieron 393 Decretos, 86 Puntos de Acuerdo y 423 dictámenes; además, se recibieron 543 iniciativas.
Leídas de corrido, las cifras suenan impresionantes; casi pareciera que no terminó un periodo legislativo, sino que se rompió algún récord mundial.
Y efectivamente, la actividad es positiva, pero los números, por sí solos, no demuestran buenos resultados.
Porque legislar no es llenar una tabla de Excel.
Hay que entender que el Congreso no es una maquiladora de decretos. Una ley no transforma la realidad solamente porque fue aprobada, publicada en el Periódico Oficial y celebrada mediante un boletín de prensa. Ahí apenas comienza la historia…
Después tendrían que venir preguntas menos cómodas: ¿se expidió el reglamento?, ¿se asignó presupuesto?, ¿alguien verifica su cumplimiento? Y, lo más importante, ¿el problema disminuyó?
Un ejemplo son las Gacetas Municipales. Desde junio de 2023, el Código Municipal establece que los ayuntamientos deben contar con este órgano para publicar sus ordenamientos y actos de interés público. De esa publicación dependen la publicidad y vigencia legal de diversas disposiciones municipales.
Sin embargo, tres años después, la Diputación Permanente se vio en la necesidad de solicitar a los 43 municipios que informaran si han cumplido o, en su caso, explicaran qué les impide hacerlo.
Definitivamente, dicha solicitud es pertinente, pero revela algo incómodo: se aprobó la obligación, se publicó el decreto y durante años nadie pareció verificar qué sucedió después.
Y el problema no es exclusivo de las gacetas; se aprueban derechos sin presupuesto, obligaciones sin autoridad responsable y políticas públicas sin indicadores.
Cuando algo no funciona, la solución favorita de nuestro Legislativo del Estado suele ser reformar la reforma anterior. La maquinaria sigue en movimiento, aunque la realidad permanezca en el mismo lugar.
Durante el receso, buena parte de la agenda de la Diputación Permanente se integra por “atentas solicitudes” y “respetuosas invitaciones”; si bien, el lenguaje parlamentario puede ser exquisitamente cortés —por decir lo menos —; los problemas públicos no suelen tener la misma consideración.
Son instrumentos legítimos, pero, sin plazos ni seguimiento, pueden convertirse en cartas que todos reciben, pocos contestan y casi nadie vuelve a mencionar.
Por eso, Tamaulipas necesita una verdadera evaluación legislativa.
Cada reforma relevante debería incluir autoridades responsables, plazos, impacto presupuestal e indicadores. Después, las comisiones tendrían que revisar si la norma fue aplicada y produjo los resultados prometidos.
También debería existir un tablero público para conocer qué decretos fueron reglamentados, cuáles requieren presupuesto, qué autoridades han incumplido y qué reformas necesitan corregirse.
No se trata de crear otra oficina o inaugurar una nueva placa. El Congreso ya cuenta con comisiones, áreas técnicas y facultades de control. Se trata de utilizarlas para algo más que recibir iniciativas, elaborar dictámenes y acumular números.
El receso sería un buen momento. Con menos discursos en tribuna, la Diputación Permanente podría realizar una tarea incómoda, pero mucho más útil: revisar si lo aprobado realmente funciona.
Una Legislatura no debería ser recordada por la cantidad de veces que modificó la ley, sino por los problemas que logró resolver.
A nuestros legisladores no les ha quedado claro que las cifras pueden demostrar actividad, pero son los resultados los que verdaderamente demuestran trabajo.
Y quizá la verdadera exposición de motivos sea la que el Congreso debería ofrecer tiempo después, cuando le corresponda explicar qué cambió, qué fracasó y qué piensa hacer para corregirlo.
Todo lo demás es solamente llevar el marcador.
