Por. Staff
Expreso-La Razón
REYNOSA, TAMAULIPAS.- La empresa propietaria de la planta de procesamiento de hidrocarburos asegurada por autoridades federales en Reynosa el 21 y 23 de julio pasado, operó durante años como contratista de obra pública del Gobierno de Tamaulipas, con al menos 90.9 millones de pesos en contratos adjudicados durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca.
De acuerdo con información revelada por N+, la refinería asegurada se ubica en un predio de 41,851 metros cuadrados conocido como “Quinta Campestre Las Magnolias”, sobre la carretera interestatal El Becerro, a un kilómetro de un cuartel de la Guardia Nacional.
En agosto de 2024, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) aprobó el proyecto de la empresa Maytrack, S.A. de C.V. para instalar una planta de “generación de combustible alterno” con capacidad de siete mil barriles diarios y una vida útil proyectada de 30 años.
Sin embargo, según la investigación que llevó a su clausura, en la planta se procesaban hasta 14 mil barriles de petróleo crudo diarios para obtener diésel, gasolina y turbosina, con petróleo que robaban a Pemex de instalaciones en Tabasco y Veracruz.
Durante los operativos del 21 y 23 de julio, personal del Ejército mexicano y la Guardia Nacional aseguraron 3,878,000 litros de hidrocarburos, 18 pipas y tractocamiones, 20 motobombas, 40 tanques de almacenamiento entre verticales, móviles y cilindros horizontales, tres generadores de energía eléctrica, un remolque tipo plataforma, cámaras de vigilancia y una antena.
Maytrack, S.A. de C.V fue constituida en febrero de 2012 en Monterrey, Nuevo León, con Miguel Ángel Sáenz Sáenz y Julio César Ruiz Herrera como socios y se dedicaba formalmente a obra civil: pavimentación, alumbrado público, rehabilitación de caminos rurales y construcción de infraestructura educativa. E
En 2017, Sáenz vendió sus acciones a Ma. Teresa de Jesús Ramírez Zermeño, aunque continuó al frente de la administración de la compañía. En octubre de 2018, Maytrack trasladó su domicilio fiscal a Ciudad Victoria.
Miguel Ángel Sáenz también trabajaba para Hidrocarburos Jauja, empresa propiedad de Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, transportista de hidrocarburos señalado como sospechoso de contrabando de combustible, quien murió en un accidente en el estado de Colima el 26 de abril de 2025.
Beneficiados con obra pública
Los registros consultados documentan al menos diez contratos de obra pública adjudicados a Maytrack por el Gobierno de Tamaulipas entre enero de 2018 y diciembre de 2019, periodo que corresponde a la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de la entidad de octubre de 2016 a septiembre de 2022.
Bajo el contrato número SOP-IE-SP-012-19-I, Maytrack recibió 99 millones 276 mil pesos por la construcción de la primera etapa de diez “Estaciones Seguras” en distintos municipios de Tamaulipas, entre ellas las ubicadas en el ejido Alfredo V. Bonfil (Periquitos), en Reynosa, con un costo de 10,168,012 pesos; en el kilómetro 35 del entronque con la presa Vicente Guerrero, en Padilla, por 13,152,662 pesos, y en el poblado Francisco González Villarreal, en San Fernando, por 8,666,683 pesos. El resto de las estaciones, distribuidas en Hidalgo, Jaumave, Llera, González, Villagrán y Matamoros, se adjudicaron en montos que oscilan entre 8 y 12 millones de pesos cada una.
El contrato de mayor monto individual documentado en ese periodo asciende a 27,009,276 pesos, por la conservación periódica del camino Los Vergeles-Laguna Madre, en el municipio de San Fernando, con vigencia del 11 de julio al 7 de diciembre de 2018. Un segundo contrato, por 17,419,882.64 pesos, correspondió al suministro e instalación de alumbrado y trabajos de pavimentación en los municipios de Camargo, Guerrero y Mier, entre julio y diciembre de 2019. Un tercero, por 17,112,781.25 pesos, se destinó a la pavimentación de la calle C-101 en Altamira, entre enero y marzo de 2018.
Los registros documentan además un contrato por 12,422,994.91 pesos para la rehabilitación de caminos rurales en San Fernando, vigente de noviembre de 2018 a marzo de 2019, y uno más por 3,963,191.54 pesos para la terminación de obra en dos planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, en Padilla e Hidalgo, entre enero y marzo de 2018.
Violación a la ley
La Reforma Energética de 2013 y la Ley de Hidrocarburos de 2014 abrieron la posibilidad de que empresas privadas participen en la refinación de petróleo para producir petrolíferos —gasolinas, diésel, turbosina—, pero condicionaron esa participación a un Título de Permiso de Refinación de Petróleo otorgado por la Secretaría de Energía (SENER), con vigencia de hasta 30 años prorrogables. La regulación posterior a la instalación distribuye competencias entre tres autoridades: la SENER, que autoriza el permiso de refinación; la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), que supervisa los estándares de seguridad industrial, operativa y de protección ambiental, y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que regula el almacenamiento, transporte y comercialización de los productos obtenidos.
Antes de operar, toda instalación de este tipo debe contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que dictamine la viabilidad ecológica del proyecto, con dictámenes de diseño y construcción que certifiquen el cumplimiento de estándares técnicos internacionales —resistencia de tanques, sistemas contra incendios, válvulas de alivio— y con un Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASIOPA), que exige una metodología interna de gestión de riesgos previa al arranque de operaciones.
Adicionalmente, el crudo procesado debe provenir de compras a Pemex o a operadores privados con contratos de extracción vigentes, o de importaciones previamente autorizadas, dado que el petróleo extraído del subsuelo pertenece a la Nación.
La aprobación otorgada por la ASEA a Maytrack en agosto de 2024 correspondió, de acuerdo con la información disponible, al proyecto de una planta de generación de combustible alterno, no a un permiso de refinación de crudo otorgado por la SENER.
La atribución de origen ilícito del crudo procesado excluiría a la operación de cualquier marco de autorización legal para el procesamiento de hidrocarburos, con independencia de los dictámenes obtenidos para la infraestructura física de la planta.
La legislación mexicana tipifica la refinación, el procesamiento o la destilación clandestina de hidrocarburos fuera del marco autorizado por la SENER como delito federal grave, en los términos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, con penas de hasta 20 años de prisión y la confiscación de bienes y terrenos vinculados a la operación.
