El caso de la refinería clandestina que operaba en Reynosa ayuda a dimensionar el tamaño de la industria ilegal en que se convirtió el huachicol.
Por si había alguna duda de que esta práctica se convirtió en la fuente de financiamiento más relevante para el crimen organizado, “apareció” este complejo de más de 40 mil metros cuadrados.
Ahí, ahora sabemos, se refinaban todos los días hasta 14 mil barriles de combustible, a partir de hidrocarburo que era robado a Pemex en distintas regiones del país.
Todo, a menos de 2 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional, en un sector de la frontera devenido en cluster huachicolero.
Lo que vemos después de conocer la magnitud de este atraco al erario, es un reparto de culpas: todos los grupos políticos de Reynosa buscan de manera desesperada desmarcarse de este nuevo escándalo.
Tan grave está la situación que la pregunta por aquellos rumbos no es quién se metió a ese lucrativo negocio, sino a cuál de todas las corrientes políticas pertenece tal o cual empresa huachicolera.
Algo vuelve a quedar claro: esta práctica criminal no reconoce colores partidistas, ni filias o fobias ideológicas, por el contrario los atraviesa a todos.
Basta revisar los contratos de obra pública, las inspecciones que caducaron sin consecuencias reales y los nombres que se repiten entre administradores de empresas huachicoleras y operadores políticos, para entender que ningún partido tiene autoridad moral para señalar a otro.
Ese reparto de culpas que hoy protagonizan los grupos políticos de Reynosa no resiste el peso de los hechos.
Un caso de esta magnitud no admite respuestas tibias ni clausuras administrativas como punto final.
Le corresponde al Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, mostrar que la investigación llegará hasta las redes políticas y financieras que permitieron esta operación.
