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Expreso-La Razón
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) informó que impuso una Clausura Temporal Total a la planta de Maytrack, S.A. de C.V. en abril de 2025, tres meses antes de que el Ejército y la Guardia Nacional aseguraran esas mismas instalaciones en Reynosa por presunto procesamiento ilegal de hidrocarburos, lo que indica que la empresa continuó operando pese a la clausura ordenada por la Agencia.
De acuerdo con el comunicado de la ASEA, inspectores de la dependencia realizaron en abril de 2025 una visita de inspección en materia de impacto ambiental en el predio de Quintas Campestres Las Magnolias, sobre la carretera interestatal El Becerro, y durante el recorrido detectaron obras de construcción para instalaciones de reciclaje de residuos del sector hidrocarburos. Al no contar la empresa con autorización de impacto ambiental para esos trabajos, la Agencia impuso ese mismo día la clausura, además de una multa por 3 millones 54 mil 780 pesos.
La ASEA precisó que Maytrack nunca contó con autorización alguna de esa dependencia para realizar actividades del sector hidrocarburos en el predio. La empresa había ingresado en agosto de 2024 la Manifestación de Impacto Ambiental particular (MIA-P) y el estudio de riesgo (ER) del proyecto para instalar una planta de generación de combustible alterno con capacidad de siete mil barriles diarios y una vida útil proyectada de 30 años, pero el trámite no llegó a concluirse: en octubre de 2024 la Agencia requirió información adicional que la empresa no proporcionó, y en enero de 2025 le fue negada una prórroga solicitada, con base en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA).
El 10 de febrero de 2025 la ASEA declaró la caducidad del procedimiento, determinación que, según informó, se encuentra firme.
Es decir, para cuando los inspectores detectaron las obras de construcción en abril, el proyecto ya carecía de cualquier posibilidad de autorización vigente por parte de la ASEA. La clausura impuesta ese mes no detuvo la operación de la planta: de acuerdo con la investigación federal que derivó en su aseguramiento el 21 y 23 de julio, en el sitio se procesaban hasta 14 mil barriles diarios de petróleo crudo para producir diésel, gasolina y turbosina, con hidrocarburo presuntamente robado a Pemex en instalaciones de Tabasco y Veracruz.
En esos operativos, autoridades federales aseguraron 3,878,000 litros de hidrocarburos, 18 pipas y tractocamiones, 20 motobombas, 40 tanques de almacenamiento entre verticales, móviles y cilindros horizontales, tres generadores de energía eléctrica, un remolque tipo plataforma, cámaras de vigilancia y una antena.
El predio, de 41,851 metros cuadrados, se ubica a un kilómetro de un cuartel de la Guardia Nacional. Maytrack, S.A. de C.V. fue constituida en febrero de 2012 en Monterrey, Nuevo León, por Miguel Ángel Sáenz Sáenz y Julio César Ruiz Herrera, y se dedicaba formalmente a obra civil: pavimentación, alumbrado público, rehabilitación de caminos rurales y construcción de infraestructura educativa. En 2017 Sáenz vendió sus acciones a Ma. Teresa de Jesús Ramírez Zermeño, aunque continuó al frente de la administración de la compañía. En octubre de 2018 la empresa trasladó su domicilio fiscal a Ciudad Victoria.
Los registros consultados documentan al menos diez contratos de obra pública adjudicados a Maytrack por el Gobierno de Tamaulipas entre enero de 2018 y diciembre de 2019, periodo correspondiente a la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de la entidad de octubre de 2016 a septiembre de 2022, por un monto conjunto de al menos 90.9 millones de pesos.
Bajo el contrato SOP-IE-SP-012-19-I, Maytrack recibió 99 millones 276 mil pesos por la construcción de la primera etapa de diez «Estaciones Seguras» en distintos municipios de Tamaulipas, entre ellas las ubicadas en el ejido Alfredo V. Bonfil (Periquitos), en Reynosa, con un costo de 10,168,012 pesos; en el kilómetro 35 del entronque con la presa Vicente Guerrero, en Padilla, por 13,152,662 pesos, y en el poblado Francisco González Villarreal, en San Fernando, por 8,666,683 pesos. El resto de las estaciones, distribuidas en Hidalgo, Jaumave, Llera, González, Villagrán y Matamoros, se adjudicaron en montos que oscilan entre 8 y 12 millones de pesos cada una.
El contrato de mayor monto individual documentado en ese periodo asciende a 27,009,276 pesos, por la conservación periódica del camino Los Vergeles-Laguna Madre, en San Fernando, con vigencia del 11 de julio al 7 de diciembre de 2018. Un segundo contrato, por 17,419,882.64 pesos, correspondió al suministro e instalación de alumbrado y trabajos de pavimentación en Camargo, Guerrero y Mier, entre julio y diciembre de 2019. Un tercero, por 17,112,781.25 pesos, se destinó a la pavimentación de la calle C-101 en Altamira, entre enero y marzo de 2018. Los registros documentan además un contrato por 12,422,994.91 pesos para la rehabilitación de caminos rurales en San Fernando, vigente de noviembre de 2018 a marzo de 2019, y uno más por 3,963,191.54 pesos para la terminación de obra en dos planteles del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, en Padilla e Hidalgo, entre enero y marzo de 2018.
Miguel Ángel Sáenz también trabajó para Hidrocarburos Jauja, empresa propiedad de Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, transportista de hidrocarburos señalado como sospechoso de contrabando de combustible, quien murió en un accidente en Colima el 26 de abril de 2025.
