Hay 68 millones de líneas telefónicas vinculadas a un registro nacional de identidad, la cifra la dio la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones el martes en Palacio Nacional, y el plazo para el resto corre hasta diciembre.
Existe además una CURP con huellas, iris y rostro operando desde octubre de 2025, y un centro público federal que abrió en enero con 10 mil estudiantes de inteligencia artificial y lanzó después una segunda convocatoria de 30 mil lugares.
Lo que no existe es una ley general que ordene ese despliegue, tampoco la facultad constitucional expresa para expedirla, ni un órgano autónomo que vigile los datos con los que esos sistemas aprenden, clasifican y deciden.
El proyecto de Ley General para Regular y Fomentar el Uso de la Inteligencia Artificial lleva casi dos años en la comisión especializada del Senado, recogió al menos ocho iniciativas previas de ambas cámaras y sigue sin fecha de dictamen.
La votación que se anticipaba para febrero nunca se realizó, el proyecto tampoco subió al pleno antes de que cerrara el periodo ordinario, y en paralelo camina una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso en la materia.
El orden de los factores importa aquí más que en aritmética, porque se discute si el Legislativo puede regular mientras el Ejecutivo ya opera la infraestructura, de modo que la norma llegará a validar un terreno ocupado.
Mientras eso se resuelve, la única obligación de transparencia algorítmica vigente en el país es laboral, el artículo 291-J de la Ley Federal del Trabajo obliga a las plataformas digitales a explicar cómo su algoritmo asigna tareas y penaliza.
Un repartidor de comida tiene derecho por escrito a saber por qué el sistema lo castiga, la persona a la que un algoritmo público le niega un apoyo, le retrasa un trámite o la marca como riesgo no tiene ese derecho en ninguna parte.
La escala tampoco es menor, el AI Index 2026 de la Universidad de Stanford documenta que 88% de las organizaciones encuestadas ya usa inteligencia artificial, y que la generativa alcanzó 53% de adopción poblacional en apenas tres años.
En ese mismo informe, el índice de transparencia de los modelos base cayó de 58 a 40 puntos porque los principales laboratorios dejaron de publicar sus datos de entrenamiento, y los incidentes registrados pasaron de 233 a 362 en un año.
La capacidad crece más rápido que la posibilidad de auditarla, y el Estado mexicano compra dentro de ese mercado sin reglas específicas de adquisición, sin clasificación de riesgo y sin obligación de explicar una decisión automatizada.
El argumento oficial es la seguridad, la presidenta lo formuló el martes, el objetivo es disminuir al máximo los delitos cometidos por teléfono, el gobierno no guarda los registros sino las empresas, y el acceso exige orden judicial.
La afirmación es verificable, aunque desplaza la pregunta de fondo, porque el asunto no es quién almacena, sino quién consulta, con qué criterio, bajo qué auditoría y quién responde cuando el sistema se equivoca con alguien concreto.
Esa pregunta perdió destinatario en 2024, al desaparecer el INAI la protección de datos quedó en la Secretaría federal Anticorrupción y Buen Gobierno, y la transparencia en un órgano desconcentrado y unipersonal designado por el Ejecutivo.
Un garante que depende del poder al que debe vigilar no opera como contrapeso sino como ventanilla, y en ese rediseño institucional el ahorro presupuestal se calculó con precisión de contador, mientras el riesgo ciudadano no se calculó nunca.
Lo que habilita todo esto no es un decreto ni una conspiración, es el aplazamiento, porque el legislador que posterga también está decidiendo, y decide a favor de quien ya tiene el sistema instalado, contratado y contestando.
Conviene atender qué ocurre cuando ese vocabulario por fin baja a un artículo, la reforma sobre voz e imagen publicada el 14 de mayo protege a artistas intérpretes y ejecutantes, y no alcanza a cualquier persona clonada por un sistema.
La soberanía tecnológica es un concepto legítimo, se convierte en retórica cuando los modelos que utiliza el Estado se desarrollan y se alojan fuera de su jurisdicción, bajo contratos que la ciudadanía no puede leer ni impugnar.
En Tamaulipas la conversación empezó antes que en el Senado, en marzo la diputada Lucero Deosdady propuso reformar la Ley de Adquisiciones estatal con un modelo de responsabilidad algorítmica proactiva para lo que compran las dependencias.
Su iniciativa exige certificaciones éticas, dictámenes de impacto social y cláusulas que fijen la responsabilidad del proveedor, que es la pieza que ninguna norma federal vigente le reclama hoy a quien vende un sistema al Estado.
En mayo, su colega Elvia Eguía planteó incorporar inteligencia artificial cívica, ciencia de datos, ciberseguridad y soberanía tecnológica a la Ley de Fomento a la Investigación, con la idea de un laboratorio estatal de supercómputo.
A ello se suma que Tamaulipas es una de las diez sedes del centro federal de formación en la materia y que ya opera una Agencia de Innovación e Inteligencia Digital, de modo que aquí hay estructura administrativa y hay talento formándose.
Falta la parte aburrida y decisiva, un padrón público de qué sistemas automatizados usa cada dependencia, para qué decisiones los emplea, con qué proveedor los contrató y por cuál vía se queja la persona afectada por un resultado.
Sin ese padrón, la modernización se mide en trámites resueltos y nunca en errores corregidos, que es precisamente la métrica más cómoda para cualquier administración, la que cuenta lo que funciona y calla lo que falla.
Cuando por fin exista la ley general, su primera tarea no será ordenar el futuro, será auditar lo que quedó instalado durante la espera, y a esas alturas auditar costará bastante más de lo que hubiera costado legislar a tiempo.
