En mayo de 2023 Tamaulipas escuchó en Tampico la promesa de un sistema de salud de primera, con abasto de medicinas al 100%; tres años después, la lista de faltantes en los hospitales públicos del estado la encabezan los fármacos contra el cáncer.
Entre una fecha y otra no pasó una catástrofe, pasó una cadena de suministro federal que promete en conferencia matutina y queda a deber en la ventanilla de la farmacia del hospital, donde el porcentaje se convierte en persona.
La entidad cumplió de buena fe su parte del acuerdo, transfirió sus 16 jurisdicciones sanitarias, 18 hospitales de segundo y tercer nivel y más de 300 centros de salud al IMSS Bienestar, junto con su equipamiento y su plantilla laboral.
El organismo se presentó como el sistema público más grande del planeta, 707 hospitales y 13 mil 966 centros para 53.2 millones de personas sin seguridad social; el convenio con Tamaulipas anunció inversión inicial de 3 mil 279 millones de pesos.
Los porcentajes oficiales nunca coinciden entre sí: el 27 de mayo la delegación estatal del IMSS Bienestar reportó entre 92% y 94% de abasto en hospitales y aseguró que los tratamientos oncológicos estaban completamente cubiertos.
El 24 de junio, desde el Congreso local, se sostuvo que el abasto rondaba entre 95% y 96%, que el desabasto había sido un problema real pero ya estaba resuelto; la realidad tardó tres días en responder.
El 27 de junio el delegado del IMSS admitió un abasto de 95%, lo calificó de insuficiente y anunció la Compra Emergente para resurtir recetas en un máximo de 72 horas, y cuando el remedio se llama emergencia, la emergencia ya lleva rato instalada.
A mediados de julio los dirigentes sindicales del sector describieron equipos fuera de servicio y personal que se coopera de su bolsillo para atender pacientes, señalamientos que alcanzan al Hospital Regional de Alta Especialidad de Victoria.
El 13 de julio el nuevo secretario de Salud estatal reconoció que no existía un diagnóstico sobre la magnitud del faltante, y por instrucción del gobernador ordenó revisar almacenes y rutas de distribución del sistema federal.
La Secretaría estatal comprometió insumos propios como fondo de respaldo para las clínicas federales con mayores vacíos; la delegación del IMSS Bienestar ya había admitido en mayo que los faltantes se completan con apoyo del gobierno del estado.
Para el 27 de julio, según señalamientos del personal médico, la lista de ausencias la encabezaban ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina, metotrexato y trastuzumab, junto con fármacos para diabetes, hipertensión y padecimientos neurológicos.
Dos meses antes esos tratamientos estaban oficialmente cubiertos al 100%; un cáncer no negocia plazos de 72 horas y un ciclo de quimioterapia interrumpido no se repone con un folio.
Mientras tanto la aritmética federal cuenta otra historia, el 31 de marzo la Presidencia celebró un abasto promedio superior a 97% en IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, con apenas 3% de faltante reconocido.
No obstante, en febrero de 2025 la subsecretaría federal del sector había admitido hasta 35% de recetas sin surtir adecuadamente en el IMSS Bienestar, y entre el 3% y el 35% cabe algo más que un error de redondeo, caben dos maneras de contar.
El abasto oficial se mide en el almacén y no en la ventanilla, se reporta por piezas entregadas y no por tratamientos completos, de ahí que el porcentaje celebrado conviva sin sonrojo con la fila del paciente que vuelve a casa sin su medicina.
Los promedios altos esconden denominadores enormes, solo el IMSS surte más de medio millón de recetas diarias en el país, así que cada punto de faltante son miles de familias buscando el medicamento por su cuenta.
El sistema ya institucionalizó su incumplimiento con el Trato Digno, el teléfono 079, recetacompleta.gob.mx, la megafarmacia y la Compra Emergente, ventanilla paralela para administrar lo que falta; cada rediseño admite que el anterior falló.
Tamaulipas aprendió pronto esa ruta de excepción, el informe del colectivo Cero Desabasto con datos de 2023 lo ubicó entre las cinco entidades con más solicitudes concluidas ante la megafarmacia, cuando la regla ya venía fallando.
El trasfondo es presupuestal, la función salud de 2026 equivale a 2.6% del PIB según el CIEP, menos de la mitad del 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud; ninguna logística compensa un financiamiento corto.
Peor aún, el presupuesto de medicinas para la población sin seguridad social, justo la que atiende el IMSS Bienestar, trae un recorte de mil 819 millones de pesos frente a 2025, mientras el incremento del rubro se concentra en el IMSS ordinario.
Opera así una cadena donde el centro compra y distribuye, y se califica a sí mismo, con el tramo final cubierto por el bolsillo del paciente, la cooperación del personal y los insumos estatales; el derecho se completa en privado.
La norma promete otra cosa, el artículo 4o constitucional garantiza la protección de la salud y el acuerdo de federalización ofreció un sistema gratuito con abasto total; cada receta sin surtir es un incumplimiento con fecha y expediente.
El lenguaje hace su parte, se dice resurtimiento donde hay escasez y alternativa B donde falta el tratamiento indicado; el poder narra la carencia con vocabulario de logística para que parezca gestión y no ausencia.
El faltante discrimina, golpea a quien depende por completo del sistema público y se ensaña con el enfermo crónico o el oncológico, mientras quien puede pagar resuelve en la farmacia privada; el desabasto convierte un derecho en poder adquisitivo.
Del sistema de primera prometido en 2023 quedan las ventanillas de excepción y una lista de quimioterapias en espera; en Tamaulipas la salud ya es federal, la falta de medicinas también.
