El caso Dafne podría tener alguna implicación política, si la investigación no garantiza transparencia y si la aplicación de la justicia, no alcanza a todas las personas que pudieran tener responsabilidad. Cualquier percepción de que las influencias prevalecen sobre la ley, pondrá en entredicho la credibilidad de la Fiscalía, así como del nuevo Poder Judicial y la ciudadanía no lo perdonaría.
La Magistrada Tania Contreras, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas, declaró que la vinculación de las tres personas procesadas por el feminicidio de la adolescente, está debidamente argumentado en lo jurídico y respaldado por el Tribunal; es decir, avalados los delitos por los que se les está vinculando, a pesar de que al Director Jorge Ponce “N”, se le asocia sólo al delito de omisión, aunque es una verdad social, que su autoridad como responsable frente a la institución, fue determinante para que se cometiera el delito y demás agresiones contra algunos otros menores.
La Magistrada dice que en el caso Dafne, hay una realidad jurídica y no es la que está en las redes sociales; sin embargo, en las plataformas digitales se señalan verdades, como el caso del señor Gabriel Alejandro “N”, padre de Dafne, que en el 2019 fue vinculado a proceso por el delito de violación equiparada en agravio de su hija, Dafne; existe el número de expediente, entonces esta será solo una verdad digita… ¿no será tomada en cuenta?
Pero además, lo cierto es que la abogada de Dafne, es pareja sentimental del padre de Dafne, que pertenece a un bufete de Tampico, donde se habla de compadrazgos y amistades con altos funcionarios del ayuntamiento local, trascendió que fueron los motivos por lo que hoy ya no representa el caso del feminicido.
En el caso de a Dafne, no solo hay uno, o dos-tres responsables; hay otros delitos como es el conflicto de intereses en la academia, con una red familiar, en la que el Director, que se dice propietario de la institución, es cuñado de la cuidadora, Estrellita, del comandante Jesús Mora, y de América Mora, del área de disciplina que era más bien de sometimiento; toda una red hermética en la que sólo había presuntos cómplices.
La impunidad también se vota. Si los responsables o cómplices quedan en libertad, la ciudadanía tendrá la última palabra en las urnas, en 2028 y nuevamente en 2030, no para el partido, sino para quienes están frente a este caso para aplicar la justicia.
La magistrada Tania Contreras es mencionada entre el cuarteto de mujeres que podrían ser tomadas en cuenta como aspirantes de Morena a la gubernatura. Sin embargo, su escenario político podría cambiar si no se dan los resultados de justicia que exige la ciudadanía en el caso Dafne.
Hoy no tiene la candidatura y, desde luego, nadie puede asegurar que la tendrá. Pero si se cometen errores en la aplicación de la justicia, el costo político puede ser mayor.
Por eso, el nuevo Poder Judicial está hoy frente a una prueba que va más allá del caso Dafne: demostrar que la justicia es para todas y todos, sin privilegios y sin decisiones a modo. También es momento de que quienes tienen una responsabilidad en la impartición de justicia den la cara y asuman su papel.
Se ha dicho que existe un juez, un órgano interdisciplinario y distintas instancias para revisar el caso, pero la pregunta es inevitable: ¿realmente será necesario equivocarse para que después otros Magistrados tengan que corregirlo?
La ciudadanía está informada. Las redes sociales son una realidad y, aunque no siempre reflejan toda la verdad que orienta la opinión pública, sí tienen hoy un peso importante para publicar, cuestionar y generar opinión.
Y la gente también vota. Si percibe impunidad o una justicia torcida, el regreso de los viejos vicios que alimentaron la transformación del sistema, puede cobrar factura en las urnas venideras.
