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La política mexicana de las últimas cuatro décadas puede seguirse también a través de sus acuerdos entre adversarios, desde las negociaciones del gobierno de Carlos Salinas con el PAN hasta la incorporación a Morena de políticos formados en partidos que originalmente combatieron al movimiento.
No se trata de una misma práctica ni puede aplicarse a todos los episodios el término concertacesión, surgido bajo circunstancias electorales específicas, pero existe un hilo común: la construcción de acuerdos políticos cuando una fuerza no dispone por sí sola de legitimidad, votos o estructura suficientes.
Ese recorrido comenzó en la crisis presidencial de 1988, continuó con las alternancias estatales de los noventa, reapareció institucionalizado en el Pacto por México y adquirió otra dimensión con la expansión de Morena y la incorporación de cuadros procedentes de diferentes partidos.
En Tamaulipas ese proceso tiene características propias, el PRI perdió en 2016 una gubernatura que había conservado durante décadas, el PAN fue desplazado seis años después y Morena gobierna ahora una entidad donde confluyen políticos y grupos de distintos antecedentes partidistas.
El gran fraude… y el gran acuerdo
La elección presidencial del 6 de julio de 1988 enfrentó al priista Carlos Salinas de Gortari, a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, y al panista Manuel J. “Maquío” Clouthier, en una competencia que modificó el sistema político.
Durante el proceso de cómputo se produjo el episodio conocido como “la caída del sistema”, cuando dejó de fluir información electoral, en un contexto donde la Comisión Federal Electoral dependía de la Secretaría de Gobernación y el gobierno mantenía control sobre la organización electoral.
Los resultados oficiales atribuyeron a Salinas 50.36 por ciento de los votos, a Cárdenas 31.12 y a Clouthier 17.07, pero las irregularidades denunciadas y la falta de transparencia generaron una crisis de legitimidad que acompañó el inicio del nuevo gobierno.
Cárdenas reclamó la victoria y mantuvo una posición de confrontación con el régimen, mientras Clouthier también cuestionó la elección, aunque posteriormente la dirigencia nacional del PAN encabezada por Luis H. Álvarez optó por abrir una vía de interlocución con Salinas.
El PAN planteó entonces la posibilidad de una “legitimidad de ejercicio”, bajo la premisa de que el nuevo gobierno podía construir legitimidad mediante reformas democráticas, una posición que marcó diferencias respecto de la estrategia seguida por el cardenismo.
Salinas necesitaba estabilidad política y acuerdos legislativos, mientras Acción Nacional buscaba reformas electorales y el reconocimiento de triunfos opositores, intereses distintos que permitieron establecer una relación de negociación entre el gobierno priista y el PAN.
La primera señal importante ocurrió en Baja California en 1989, donde Ernesto Ruffo Appel ganó la gubernatura y se convirtió en el primer gobernador opositor de la historia moderna del país durante la larga hegemonía nacional del PRI.
El triunfo de Ruffo no fue una concertacesión, porque obtuvo la victoria electoral, pero su reconocimiento abrió una etapa distinta en la relación entre el gobierno federal y la oposición, al demostrar que una gubernatura podía pasar del PRI al PAN.
El episodio que terminó identificando aquella práctica ocurrió en Guanajuato en 1991, cuando el priista Ramón Aguirre fue declarado ganador frente al panista Vicente Fox, Acción Nacional denunció irregularidades y la controversia produjo una negociación política.
Aguirre finalmente no asumió la gubernatura y el Congreso local designó gobernador interino al panista Carlos Medina Plascencia, quien no había participado como candidato, una solución que dio contenido político al término concertacesión: concertación más cesión.
En ese periodo también se produjeron conflictos poselectorales en San Luis Potosí y Michoacán, donde gobernadores priistas terminaron dejando sus cargos, aunque las circunstancias fueron diferentes.
El elemento común fue la intervención de la negociación política para resolver conflictos que las instituciones electorales de la época no conseguían procesar con suficiente credibilidad, en momentos en que la Presidencia conservaba una influencia decisiva sobre el sistema.
Los entresijos del Pacto por México
La transformación de las instituciones electorales redujo progresivamente el espacio para ese tipo de arreglos, las alternancias comenzaron a resolverse directamente mediante elecciones competitivas y en 2000 el PAN consiguió finalmente sacar al PRI de la Presidencia.
Doce años después el PRI regresó a Los Pinos con Enrique Peña Nieto, pero encontró un sistema completamente diferente, con un Congreso plural donde el gobierno no disponía por sí mismo de las mayorías necesarias para realizar reformas constitucionales.
El 2 de diciembre de 2012, al inicio del sexenio, PRI, PAN y PRD formalizaron el Pacto por México, un acuerdo político que permitió construir mayorías para impulsar una amplia agenda de reformas estructurales durante los primeros años del gobierno.
Entre ellas estuvieron las reformas educativa, de telecomunicaciones, competencia económica, financiera, político-electoral y energética, esta última particularmente relevante porque requirió acuerdos entre PRI y PAN para alcanzar la mayoría constitucional.
La concertación había adquirido otra forma, ya no consistía en resolver desde Los Pinos una elección estatal controvertida, sino en negociar públicamente entre fuerzas políticas representadas en el Congreso para alcanzar los votos necesarios para modificar la Constitución.
Al mismo tiempo, el PRI comenzó a perder entidades que durante generaciones habían permanecido bajo su control, un fenómeno que alcanzó especial intensidad en las elecciones estatales de 2016, cuando el PAN y sus aliados consiguieron importantes victorias.
Entre los estados que cambiaron de partido estuvieron Chihuahua, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, derrotas que modificaron el mapa político y confirmaron que las gubernaturas consideradas durante décadas bastiones priistas habían dejado de ser territorios electoralmente inexpugnables.
No existe evidencia documental suficiente para sostener que Peña Nieto haya entregado esas gubernaturas al PAN como contraprestación por su respaldo a las reformas, por lo que esa versión debe permanecer en el terreno de la interpretación y no presentarse como un hecho.
Lo que sí es verificable es que durante un mismo periodo coexistieron dos procesos: el gobierno federal construyó acuerdos legislativos con la oposición para aprobar reformas y el PRI perdió gubernaturas históricas en elecciones cuyos resultados fueron reconocidos institucionalmente.
El entierro del reinado priista
Tamaulipas fue uno de los casos más significativos de aquella elección de 2016, Francisco García Cabeza de Vaca derrotó al priista Baltazar Hinojosa y se convirtió en el primer gobernador panista de la entidad después de más de ocho décadas de gobiernos emanados del PRI.
La alternancia modificó también la estructura política estatal, el PAN aumentó su presencia legislativa y municipal y recibió la oportunidad de convertir una victoria electoral histórica en un proyecto capaz de permanecer más allá del sexenio de Cabeza de Vaca.
Durante su administración el gobernador concentró una importante capacidad de operación política y convirtió al PAN en la principal fuerza estatal, pero el crecimiento de Morena a nivel nacional comenzó a modificar también el comportamiento electoral de Tamaulipas.
La elección intermedia de 2021 mostró con claridad el cambio, Morena avanzó en diputaciones locales, federales y ayuntamientos, mientras el PAN conservaba todavía la gubernatura pero enfrentaba una reducción de su control territorial y legislativo.
Ese resultado fue relevante porque ocurrió un año antes de la sucesión estatal y mostró que Morena había dejado de depender exclusivamente del efecto nacional de López Obrador, al contar ya con estructuras municipales, legisladores y organizaciones capaces de competir territorialmente.
En 2022 Américo Villarreal Anaya encabezó la candidatura común integrada por Morena, PT y Partido Verde y derrotó al candidato de la alianza encabezada por el PAN, César Verástegui Ostos, en una elección que posteriormente fue impugnada.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad el cómputo, la validez de la elección, la elegibilidad de Villarreal y la constancia de mayoría otorgada por las autoridades electorales tamaulipecas.
El cambio tuvo una dimensión histórica, el PAN había necesitado décadas para terminar con el predominio del PRI en Tamaulipas, pero solamente conservó la gubernatura durante un sexenio antes de ser desplazado por una fuerza que pocos años antes tenía una presencia estatal limitada.
La elección confirmó también un realineamiento más amplio del sistema partidista, antiguos electores y estructuras que habían transitado del PRI hacia el PAN comenzaron a desplazarse hacia Morena, mientras las antiguas organizaciones perdían capacidad para retener cuadros y territorios.
La cohesión que parece imposible
La expansión de Morena tuvo características distintas de las concertaciones realizadas por Salinas y Peña Nieto, porque López Obrador no construyó solamente acuerdos entre dirigencias partidistas, también abrió su movimiento a políticos provenientes de organizaciones anteriormente adversarias.
Esa política de incorporación no quedó limitada a 2018, durante los siguientes procesos electorales Morena continuó postulando perfiles con antecedentes en otros partidos, una estrategia defendida por su dirigencia como mecanismo para ampliar y fortalecer el movimiento.
El crecimiento produjo una organización políticamente diversa, con dirigentes procedentes de la izquierda histórica junto a antiguos militantes priistas, panistas y perredistas, una característica que explica parte de su rápida expansión nacional pero también sus tensiones internas.
Tamaulipas reproduce parte de ese fenómeno a escala estatal, Morena creció en un territorio gobernado durante décadas por el PRI y posteriormente por el PAN, por lo que buena parte de la experiencia política disponible había sido formada dentro de esas organizaciones.
La expansión morenista recibió políticos con trayectorias diferentes, algunos provenientes de las izquierdas, otros con antecedentes priistas o panistas y otros cuya carrera se desarrolló ya dentro del nuevo partido, además de organizaciones territoriales construidas alrededor de liderazgos locales.
Durante la etapa opositora existió un objetivo que facilitó la convergencia de esos grupos, desplazar al PAN del gobierno estatal, propósito alcanzado en 2022 con la victoria de Américo Villarreal y reforzado posteriormente con nuevos resultados electorales favorables a Morena.
Una vez alcanzado el gobierno, la dinámica cambia, porque los grupos que coincidieron para conquistar el poder deben competir también por candidaturas, posiciones legislativas, ayuntamientos, espacios partidistas y eventualmente por la sucesión de la gubernatura.
El reto para Morena será administrar esas aspiraciones sin convertir la diversidad que favoreció su crecimiento en una fragmentación.
La experiencia histórica muestra que conquistar el gobierno y conservarlo son procesos diferentes, el PRI mantuvo Tamaulipas durante décadas, el PAN consiguió la alternancia en 2016 pero perdió el Ejecutivo seis años después y Morena enfrenta ahora el desafío de construir continuidad.
En ese punto aparece la principal diferencia entre una alianza electoral y un proyecto político duradero, la primera puede organizarse alrededor de un adversario común, mientras el segundo requiere reglas internas capaces de procesar intereses, candidaturas y sucesiones sin provocar rupturas.
Desde la crisis electoral de 1988 hasta el actual predominio de Morena, México transitó de las negociaciones presidenciales que resolvían conflictos poselectorales hacia instituciones competitivas, coaliciones legislativas y movimientos capaces de absorber cuadros provenientes de otras fuerzas.
La concertacesión pertenece históricamente a una etapa determinada, pero la concertación política sobrevivió bajo nuevas modalidades, primero como mecanismo de gobernabilidad, después como instrumento legislativo y finalmente como estrategia para integrar amplias coaliciones electorales.
En Tamaulipas, donde PRI, PAN y Morena han ocupado sucesivamente el gobierno desde 2016, la siguiente etapa permitirá observar si esa capacidad de sumar corrientes diferentes puede convertirse en estabilidad política o si la competencia interna terminará modificando nuevamente el mapa partidista.
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