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Expreso-La Razón
Durante los últimos tres años, una red de importadores, agentes aduanales, transportistas y verificadores han introducido a México millones de litros de gasolina y diésel bajo el disfraz documental de aceites, aditivos y solventes industriales.
El mecanismo, identificado por las autoridades federales como huachicol fiscal, ha significado para el erario mexicano pérdidas estimadas en alrededor de 200 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con distintos cálculos recopilados por organizaciones especializadas en el seguimiento de corrupción.
Tamaulipas, con las aduanas fronterizas y los puertos de Tampico y Altamira como puntos de entrada, se convirtieron en uno de los ejes de esta operación.
El aseguramiento registrado el viernes en Ciudad Victoria recordó a este esquema de contrabando, pues fue cateada una empresa transportista dedicada al traslado de productos como aceites y lubricantes.
A diferencia del huachicol tradicional, asociado durante más de una década a la perforación de ductos de Pemex, el esquema documentado desde 2025 consiste, en cambio, en importar hidrocarburo desde el extranjero y declararlo ante la aduana mexicana como un producto distinto, con una carga fiscal menor o nula.
La diferencia entre el precio de un combustible gravado con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y uno declarado como aditivo o lubricante exento genera un margen que sostiene toda la cadena de intermediarios, desde el importador hasta el expendio final.
Un análisis elaborado por integrantes del Centro Federal de Inteligencia Criminal describe el primer modus operandi identificado dentro de esta cadena: la compra de combustible en Estados Unidos para su importación posterior a México, donde se revende a empresas comercializadoras y transportistas que lo distribuyen a un precio inferior al del mercado nacional.
Ese diferencial de precio, sostenido por la evasión fiscal, coloca en desventaja a las estaciones de servicio y comercializadoras que sí cubren el impuesto especial sobre producción y servicios.
Tres variables en la Aduana
El fraude opera, de acuerdo con un análisis técnico revisado por medios especializados, sobre tres variables que en conjunto determinan cómo el Estado mexicano clasifica una mercancía: la fracción arancelaria bajo la que se declara, el valor asentado en el pedimento y el régimen documental que acompaña la operación.
La mercancía física puede ser diésel; la mercancía fiscal, si la declaración se construye para ello, puede terminar registrada como aditivo, petroquímico o incluso aceite de desecho.
Los expedientes revisados señalan fracciones arancelarias específicas utilizadas de forma recurrente. Entre ellas figura la 3824.99.99, correspondiente a productos químicos diversos no expresados en otras partidas, categoría exenta del pago del impuesto especial a hidrocarburos.
También se documentó el uso de fracciones asociadas a diésel gasóleo, aceite liviano, aceite lubricante, diésel bajo en azufre, mezcla de diésel y nafta ligera. En uno de los casos con vínculo directo a Tamaulipas, el pedimento se tramitó bajo la fracción 3811.21.07, correspondiente a aditivos para aceites lubricantes.
La simulación no se agotaba en el papel. De acuerdo con el testimonio de un colaborador de la Fiscalía General de la República citado en medios nacionales, en el puerto de Tampico los verificadores aduanales presentaban frascos con sustancias distintas al hidrocarburo real para acreditar que los buques transportaban aceites o aditivos durante las inspecciones físicas.
El mismo testimonio detalla el pago de sobornos a dos verificadores encargados de tomar las muestras y de cotejar que las fracciones arancelarias declaradas coincidieran con el resultado del muestreo, realizado con un equipo denominado Géminis.
La ruta completa del fraude
Uno de los casos que permite reconstruir el mecanismo completo, por haber sido interceptado antes de completarse, involucra a la empresa Intanza, S.A. de C.V., domiciliada en Monterrey pero con operaciones de importación que corrieron por puertos tamaulipecos.
De acuerdo con documentos obtenidos por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, la empresa Hevi Transport LLC facturó el 16 de marzo de 2025 un embarque de cinco millones 460 mil galones declarados como aditivos para aceites lubricantes, por un monto de dos millones 662 mil dólares, con instrucción de pago a una cuenta en el banco Hancock Whitney, en Misisipi.
La Agencia Nacional de Aduanas de México practicó una revisión física y ordenó la toma de muestras. El dictamen de la Dirección General Jurídica de Aduanas, emitido el 22 de marzo de 2025, determinó que la sustancia correspondía a aceite diésel con un contenido de azufre igual o inferior a 15 partes por millón, por lo que la mercancía fue reclasificada a la fracción 2710.19.99.
El aseguramiento de un embarque no bastaba, por sí solo, para desmontar la red. La cadena identificada por la Marina a partir de marzo de 2025, cuando fue asegurado el buque Challenge Procyon en Tampico, reveló progresivamente una estructura más amplia de puertos, instalaciones de almacenamiento y rutas de distribución terrestre, según se reportó con base en informes de seguridad.
Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, la afectación calculada solo para ese segmento de la investigación ascendió a 301 millones de pesos.
Se detalló, con base en registros de las propias investigaciones, que el desarrollo de las pesquisas sobre la red de huachicol fiscal ha estado acompañado del hallazgo de personas muertas, sin que a la fecha existan atribuciones judiciales firmes que vinculen esos hechos de manera directa con la estructura de contrabando de combustible.
Los agentes aduanales
La operación aduanal no habría sido posible sin la intervención de agentes con capacidad legal para tramitar pedimentos. Al menos cuatro agentes aduanales con patente activa en distintos puertos del país manipularon pedimentos de importación para declarar diésel bajo fracciones arancelarias correspondientes a aditivos para aceites lubricantes, evadiendo con ello los controles regulatorios y las obligaciones fiscales aplicables a hidrocarburos. La Fiscalía General de la República prepara, según ese reportaje, nuevas órdenes de aprehensión contra agentes aduanales, empresarios y ex funcionarios ligados a la red que operó en los puertos tamaulipecos.
El fenómeno no se limita a Tamaulipas ni a un periodo reciente. Un análisis del Centro Federal de Inteligencia Criminal identificó al menos 555 empresas vinculadas con actividades de contrabando de combustible operando a través de ocho puertos del país, entre ellas Altos Energéticos Mexicanos, Grupo Base Energéticos, Grupo Potesta, Era Tech Combustibles y Transportadora del Pacífico y del Golfo de México.
Investigaciones periodísticas adicionales documentan que, entre 2021 y 2022, veintiuna aduanas distribuidas en trece estados registraron un incremento inusual en las importaciones declaradas como lubricantes, con un daño potencial al erario calculado en 120 mil millones de pesos.
La alerta se repitió en 2025: la propia presidenta Claudia Sheinbaum señaló que un aumento atípico en las ventas de combustibles durante febrero y marzo de ese año, detectado al comparar los niveles de producción, importación y venta reportados por las empresas, permitió identificar la entrada irregular de diésel y gasolina declarados bajo fracciones arancelarias correspondientes a nafta y otros insumos exentos.
El costo fiscal y las líneas de investigación abiertas
En el plano fiscal, el Servicio de Administración Tributaria reportó, desde enero, la integración de 109 expedientes penales por fraudes al fisco federal relacionados con el esquema, con un perjuicio estimado en 22 mil 843 millones de pesos. El mismo corte incluyó 205 verificaciones de mercancía considerada ilegal por un monto de cuatro mil 564 millones de pesos, embargos por siete mil 554 millones y solicitudes de cancelación de 60 patentes aduanales, además de la suspensión de 22 mil 352 contribuyentes del padrón de importadores.
El corredor que conecta los puertos de Tampico y Altamira con la frontera de Reynosa y Matamoros ha sido, de acuerdo con el conjunto de investigaciones revisadas, la ruta terrestre por la que se distribuye buena parte del combustible introducido mediante fracciones arancelarias simuladas, una vez que sale de las instalaciones de almacenamiento portuario hacia comercializadoras y estaciones de servicio del estado.
A la fecha, las investigaciones derivadas de los distintos expedientes continúan abiertas. La Fiscalía General de la República mantiene procesos judiciales contra integrantes de la red señalada en Tamaulipas, mientras la Agencia Nacional de Aduanas de México reclama a las empresas importadoras el pago retroactivo de los impuestos omitidos, calculado en algunos casos en 60 pesos por litro. El origen último del combustible, la identidad completa de los beneficiarios finales de las empresas importadoras y el alcance de la responsabilidad de mandos de la Secretaría de Marina permanecen, en distintos grados, como líneas de investigación no cerradas.
