De las redes del huachicol que se han extendido por Tamaulipas, con ramificaciones políticas que alcanzan personajes de distintas fuerzas y conexiones con los cárteles, surge ahora un nuevo episodio en Ciudad Victoria que vuelve a colocar al estado bajo la mirada de las autoridades federales.
El cateo realizado el viernes en un predio de la zona de Bugambilias, cerca de la carretera Victoria-Matamoros, puede parecer inicialmente otro operativo contra el almacenamiento ilegal de combustible, pero ocurre dentro de una ofensiva federal que desde hace meses viene aumentando de intensidad.
En el despliegue participaron fuerzas federales y estatales que ingresaron al inmueble mediante una orden judicial y localizaron autotanques y recipientes para almacenar hidrocarburos, mientras el lugar quedó asegurado y comenzaron las diligencias para determinar qué había realmente dentro.
El caso apenas comienza y sería irresponsable anticipar responsabilidades, pero difícilmente puede separarse de lo que está ocurriendo en Tamaulipas alrededor del combustible ilegal, donde las investigaciones han permitido observar estructuras bastante más complejas que las tradicionales ordeñas de ductos.
El huachicol se convirtió en un negocio multimillonario que golpea las finanzas nacionales y alrededor del cual se han tejido relaciones entre empresarios, operadores políticos y organizaciones criminales, con una capacidad logística que permite mover enormes cantidades de combustible dentro y fuera del país.
Tamaulipas ocupa una posición particularmente sensible porque comparte una extensa frontera con Texas, dispone de puertos, aduanas, carreteras y una infraestructura energética estratégica, condiciones que favorecen el comercio legal pero también pueden ser aprovechadas por quienes buscan introducir o movilizar combustible irregular.
La frontera con Estados Unidos se convirtió así en uno de los principales escenarios de esta industria clandestina y la tamaulipeca tiene un peso especial, pues por ella transita diariamente una enorme cantidad de mercancías cuya vigilancia requiere coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
Por eso Washington también ha puesto atención en estas operaciones. Para Estados Unidos el problema rebasa la pérdida fiscal mexicana, pues involucra organizaciones criminales transnacionales, empresas y movimientos financieros que pueden tocar territorio estadounidense y alimentar económicamente a los cárteles mexicanos.
Del lado mexicano también parece existir una decisión de golpear esas estructuras y no solamente detener al último eslabón. Los operativos recientes muestran interés por llegar a patios, autotanques, empresas, importadores, comercializadores y documentos que permitan reconstruir toda la cadena del combustible.
En ese contexto aparece el cateo de Bugambilias y con él un nombre hasta ahora prácticamente desconocido para la opinión pública: Activ Ambiental, empresa establecida en Ciudad Victoria que públicamente ofrece servicios de transporte de residuos peligrosos, materiales industriales y manejo de aceite lubricante usado.
Versiones periodísticas han relacionado el inmueble asegurado con esa empresa, aunque hasta ahora ninguna autoridad ha establecido públicamente su responsabilidad y tampoco debe confundirse un cateo con una sentencia, por lo que será indispensable conocer qué encontró exactamente el Ministerio Público.
Activ Ambiental aparece en directorios empresariales con operaciones desde 2016, una plantilla estimada de entre 11 y 50 trabajadores y cobertura nacional, mientras uno de los domicilios asociados con sus actividades se localiza en Cardenal 348, Barrio de Pajaritos, en Ciudad Victoria.
Otra referencia comercial la coloca precisamente en el sector de Bugambilias, circunstancia que aumenta el interés sobre el operativo del viernes, aunque todavía deberá establecerse documentalmente quién es propietario del inmueble cateado y qué relación jurídica guarda con la empresa mencionada.
Hay además un detalle que llama la atención: bajo el nombre comercial Activ Ambiental no resulta sencillo localizar en fuentes abiertas su razón social, RFC, socios o representante legal, información indispensable para determinar quién está realmente detrás de las operaciones que realiza la compañía.
Tampoco hemos podido establecer hasta ahora bajo qué razón social aparecen las autorizaciones federales correspondientes a las actividades que anuncia, particularmente aquellas relacionadas con residuos y materiales peligrosos, aunque los permisos podrían encontrarse registrados bajo una denominación diferente.
Todo eso convierte el cateo en algo más que la noticia policiaca de un viernes por la tarde, porque la verdadera historia comenzará cuando las autoridades revelen el inventario de lo asegurado, la procedencia del producto y los documentos encontrados dentro de las instalaciones.
Habrá que conocer también quién solicitó la orden de cateo, de qué carpeta de investigación deriva, quién aparece como propietario o arrendatario del inmueble y qué empresas utilizaban los autotanques localizados, datos capaces de mostrar si estamos frente a un caso aislado o ante una pieza de una red mayor.
Las investigaciones recientes han demostrado que el negocio evolucionó. El viejo huachicolero que perforaba un ducto continúa existiendo, pero alrededor del combustible ilegal crecieron estructuras empresariales capaces de utilizar compañías, facturas, importaciones y transporte especializado para mover volúmenes millonarios.
En ese entramado aparece inevitablemente la política, porque negocios de semejante dimensión difícilmente pueden sostenerse durante años sin relaciones, protección o complicidades, y las investigaciones han tocado intereses vinculados con personajes provenientes de distintas fuerzas políticas.
También aparecen los cárteles, que encontraron en los hidrocarburos una fuente extraordinaria de financiamiento y diversificaron actividades que anteriormente estaban concentradas en las drogas, convirtiendo combustibles, aduanas y rutas comerciales en territorios igualmente disputados.
Ese es probablemente el desafío que enfrentan ahora México y Estados Unidos: desmontar una estructura donde la línea entre delincuencia organizada, negocios aparentemente legales y protección política puede volverse demasiado delgada, especialmente en una frontera tan activa como la de Tamaulipas.
El operativo de Ciudad Victoria deberá seguirse sin anticipar culpables, pero tampoco permitiendo que se convierta en una noticia pasajera, porque si existe una investigación de mayor alcance, serán los documentos y las conexiones empresariales los que permitan conocer su verdadera dimensión.
Bugambilias puede terminar siendo solamente un episodio menor o convertirse en otra puerta hacia las redes que durante años hicieron del combustible un negocio extraordinario. La diferencia estará en hasta dónde quieran llegar las autoridades cuando comiencen a aparecer nombres detrás de las pipas.
