Previo a la elección de 2027, el discurso del gobierno de Donald Trump sube de tono y la oposición lo capitaliza en guerra sucia. Los ataques orquestados en contra del gobernador Américo Villarreal no lograron su objetivo, por la reacción inmediata y la aclaración de los señalamientos, pero otros morenistas no correrían con la misma suerte.
Son tres procesos de impacto nacional e internacional por la forma en la que el gobierno de Estados Unidos ha requerido a los implicados, algunos en funciones, y que han detonado una crisis política bilateral sin precedentes.
Es el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al que se suman la red de contrabando de “huachicol fiscal”, con epicentro en Tamaulipas, y la exposición de una red de la delincuencia organizada en la que se encuentra implicado el abogado Juan Pablo Penilla, relacionado estrechamente con los morenistas locales en el ámbito jurídico.
En la antesala de la elección intermedia y de la sucesión de 2028, los morenistas mejor posicionados en las encuestas quedarían inhabilitados si se mantienen los requerimientos de las autoridades estadounidenses o de la propia Fiscalía General de la República.
Y provocaría un replanteamiento de todos los “candidateables” y la supervivencia o el aniquilamiento de grupos políticos como el obradorismo, prácticamente deshecho.
En el caso tamaulipeco, por la forma en la que se exhiben algunas figuras morenistas en redes sociales, pareciera que el primer filtro que cribaría a cualquier aspirante sería la portación de la visa americana.
En los recientes meses, personajes como el alcalde de Matamoros, Beto Granados, y su predecesor, Mario López “La Borrega”, fueron “trending topic” por su retención en la frontera con Estados Unidos.
Dinámica en la que se ha involucrado, con difamaciones o sin ellas, a toda la cúpula morenista, además de los constantes rumores sobre supuestas advertencias de evitar viajar a Estados Unidos.
En la antesala de dos procesos electorales, uno que definirá el destino del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el de 2028 por el control del poder estatal, y claro, del presupuesto.
“Huachicol fiscal”: paralizar al obradorismo
El negocio del tráfico de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos con evasión fiscal probablemente sea el punto neurálgico de la embestida orquestada en contra de la cúpula obradorista, que intentó paralizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Tamaulipas, como la región del país más interconectada con Estados Unidos, fue el lugar propicio para el modelo de negocio aduanero.
Desde la administración del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca surgió el nombre de Sergio Carmona, en un inicio como financiador del proyecto cabecista y principal contratista en la parte inicial de su sexenio.
Y después como enemigo del reynosense y de sus hermanos, además de ser señalado por financiar a políticos morenistas de Reynosa, Matamoros, Madero, Altamira, Victoria y, en menor medida, Nuevo Laredo.
Aunque las menciones han quedado reducidas a simples rumores, cualquier señalamiento proveniente de las cortes estadounidenses deja en suspenso su consideración en los próximos procesos como candidatos o en su selección.
Hasta el momento no existen señalamientos contundentes para el inicio de un proceso en contra de la cúpula morenista, pero los tiempos atípicos dictan que en cualquier momento puede surgir una acusación en contra de alguno, o en su conjunto.
Y eso, a pesar de los decomisos acentuados por parte de la Federación y de la respuesta de la delincuencia con algunos de sus elementos.
Por lo pronto, desde la Ciudad de México, el círculo rojo del expresidente Andrés Manuel López Obrador quedó atado de manos, junto con su operación política en el estado, realizada con personajes como el general en retiro Audomaro Martínez.
En el negocio del huachicol, pese a la evidencia que existe en los decomisos, imperan las ambigüedades legales, lo que le da tiempo y margen de maniobra para la operación política de las próximas elecciones.
Rocha Moya: parte de un entramado nacional
Los señalamientos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, implican a morenistas de distintas partes del país, más como parte de una trama de operación política del expansionismo morenista durante el gobierno de AMLO que por verdaderos vínculos con la delincuencia organizada.
Bajo ese esquema persiste un frente mediático en contra del poder estatal en turno, sin información contundente y basado principalmente en rumores. Es un efecto dominó que intenta mermar al morenismo nacional, principalmente en los estados arrebatados a la oposición.
Aunque los excesos en operación política se dieron desde el aparato de Bienestar, fue también evidente una operación a nivel nacional para impulsar candidaturas locales y estatales a lo largo del país.
Y es ese, tal vez, el talón de Aquiles que las autoridades estadounidenses intentan detectar para debilitar a las estructuras.
Además del gobernador Américo Villarreal, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, es objeto de señalamientos, en ambos casos desmentidos.
La trama de Rubén Rocha Moya continuará, además, por la incorporación de algunos funcionarios de su gobierno al programa de testigos protegidos, quienes con evidencia o sin ella intentarán dar información a las autoridades estadounidenses que les permita profundizar en un caso que, al parecer, no termina de tener un verdadero sustento.
Juan Pablo Penilla, abogado controvertido
La carrera del abogado tampiqueño inició desde el priismo de Enrique Peña Nieto. En la etapa álgida de la crisis de inseguridad mantuvo entre su cartera de clientes a todo tipo de personajes, algunos incuestionables.
Con la llegada de la 4T al poder su suerte cambió, y para bien: prestar sus servicios al poder lo hizo escalar como asesor y, en casos como el de Tamaulipas, con honores.
Pese a los cuestionamientos concernientes al ejercicio de su profesión y a las redes de intereses con las que suele coincidir, no existían señalamientos contundentes en su contra.
Hasta el requerimiento de las autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Aunque Penilla asegura su inocencia ante las acusaciones, su red de intereses persiste, lo mismo que su relación con figuras morenistas locales, principalmente del ámbito jurídico.
Aunque no existe información contundente sobre relaciones directas o acciones como “tráfico de influencias”, sí existe suficiente evidencia de la relación al menos profesional que mantuvo con morenistas, la mayoría tamaulipecos.
Al igual que en el caso del huachicol y en el de Rocha Moya, será el alcance que quieran darle las autoridades estadounidenses el que defina su futuro y la revelación, o no, de toda la red de intereses que operó o mantiene operando.
Son tres embestidas que no cuentan aún con la contundencia que tuvieron otros casos, como los de los exgobernadores Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, que paralizaron la operación priista, pero se mantienen vigentes.
Además del pragmatismo ortodoxo utilizado por las autoridades estadounidenses para señalar a la cúpula morenista.
Son tres frentes que al menos frenan a quien intente pisar el acelerador en la carrera electoral de 2027 y 2028, principalmente para la definición de quién contenderá por la gubernatura.
Y si Morena mantiene sus alianzas con la periferia partidista o la oposición toma el mismo camino.
Actualmente provoca la reconfiguración en el proceso de selección para las candidaturas. Las cuotas de poder son insostenibles y la única alternativa sería una mayor apertura en la selección.
La necesidad de una criba aplicada desde Palacio Nacional, al menos en las candidaturas más importantes, aunque podría ser en todas para evitar cualquier margen de error.
Incluso si sobrevive la estabilidad que ha imperado tras la recuperación del poder entrampado por el cabecismo, o si inician los divisionismos.
Y si los liderazgos regionales logran imponer su voluntad sobre el poder, en cualquiera de sus niveles, para seguir controlando la operación político electoral y, en su efecto, las candidaturas.
Y si entre lo que queda del PRI y del PAN y lo que han construido otros partidos de oposición resulta suficiente, sumado a las embestidas que padece Morena, para aumentar su competitividad en algunas regiones del estado.
Y sin contar otras embestidas comunes, como los escándalos de corrupción o los concernientes al mismo ejercicio del poder.
@pedroalfonso88
