Por. Staff
Expreso-La Razón
TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ) mantiene abiertos procedimientos de sanción y suspensión contra agentes del Ministerio Público por diversas irregularidades, mientras que las denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control (OIC) escalaron hasta 141 el año pasado, y hasta junio del 2026 ya sumaban 68.
El Fiscal General de Justicia, Jesús Govea Orozco, reconoció este domingo que la institución reforzó sus procesos disciplinarios contra funcionarios ministeriales que incurrieron en faltas durante el desarrollo de sus funciones, y confirmó que algunos servidores públicos fueron separados de sus cargos como resultado de estas investigaciones internas.
En las últimas semanas se han revelado cuestionamientos contra el accionar de agentes del ministerio público, particularmente en casos de alto impacto como el de la menor Dafne, asesinada en Ciudad Madero.
Familiares de una de las detenidas por este caso señalan que quienes han atendido la indagatoria han cometido irregularidades.
De acuerdo con información publicada a través de transparencia, el número de denuncias presentadas ante el OIC muestra un salto abrupto a partir de 2022: de cero casos registrados en 2019, 2020 y 2021, la cifra subió a 152 en 2022, se mantuvo en 89 tanto en 2023 como en 2024, repuntó a 141 en 2025 y acumula 68 hasta la fecha de corte de 2026.
El motivo de cada denuncia, la autoridad denunciada y los hechos específicos fueron clasificados como información reservada por el Comité de Transparencia, con el argumento de que su difusión podría comprometer investigaciones en trámite y vulnerar la presunción de inocencia de los funcionarios investigados.
El Fiscal enmarcó las sanciones y suspensiones dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento institucional, orientada, dijo, a prevenir nuevas irregularidades dentro de la Fiscalía estatal.
Como parte de esas medidas, indicó que la dependencia trabaja en mecanismos preventivos para mejorar la selección del personal ministerial, mediante revisiones más estrictas a los perfiles de los aspirantes. «Están realizando constantemente los perfiles de las evaluaciones de control para ser aún más rigurosos», afirmó el fiscal, en referencia a los filtros aplicados antes del ingreso de nuevo personal ministerial.
El funcionario sostuvo que los procedimientos internos deben mantenerse alineados con la legislación vigente, y que las sanciones y suspensiones forman parte de un esfuerzo de supervisión institucional que la Fiscalía ha sostenido, según su versión, desde inicios de este año.
El marco legal aplicable a los órganos internos de control de las fiscalías estatales contempla distintas categorías de responsabilidad administrativa bajo las cuales pueden clasificarse este tipo de procedimientos.
La primera corresponde a faltas administrativas como el incumplimiento de funciones, la negligencia en el desempeño del cargo, el uso indebido de recursos institucionales y el ausentismo laboral.
Una segunda categoría agrupa conductas como el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, el abuso de funciones, el tráfico de influencias y el conflicto de interés, faltas que, a diferencia de las no graves, pueden derivar en sanciones más severas, incluida la inhabilitación del servidor público.
Un tercer tipo de procedimientos corresponde a quejas presentadas directamente por ciudadanos por deficiencias en el servicio, entre ellas la dilación en la integración de carpetas de investigación, la negativa a recibir denuncias y el trato indebido hacia víctimas o denunciantes durante su interacción con el Ministerio Público.
