VIVIENDA COMO PATRIMONIO
La entrega de las primeras 30 viviendas del desarrollo Las Alamedas, en Matamoros, coloca en términos concretos el programa Vivienda para el Bienestar. Una política de vivienda no se limita a construir casas: implica generar patrimonio, seguridad jurídica y condiciones para que una familia pueda establecerse.
En el mismo acto se entregaron escrituras del INSUS y finiquitos de créditos del Fovissste. La combinación de vivienda nueva, regularización y saneamiento de créditos muestra que el déficit habitacional tiene distintas expresiones y requiere respuestas diferentes.
En Tamaulipas se reporta una meta de 83 mil 183 viviendas, de las cuales 52 mil ya están contratadas. El dato permite dimensionar la escala del programa estatal y el esfuerzo de coordinación que requiere.
La construcción de viviendas también tiene efectos sobre el desarrollo urbano. Cada nuevo conjunto habitacional necesita servicios, transporte, infraestructura, escuelas y espacios públicos. Por eso, el éxito de una política de vivienda debe medirse también por la calidad de los entornos donde se construyen las casas.
La entrega de escrituras tiene otra dimensión. Una vivienda sin certeza jurídica puede representar un patrimonio vulnerable. La regularización permite convertir la ocupación de un inmueble en un derecho formalmente reconocido.
El saneamiento de créditos cumple una función semejante. Para las familias con adeudos difíciles de cubrir, la liquidación o reestructuración puede recuperar la posibilidad de disponer plenamente de su patrimonio.
El programa federal reporta 320 proyectos en el país y 150 mil viviendas en marcha, mientras Tamaulipas participa con proyectos en diez municipios. Estas cifras muestran que la política habitacional busca operar a una escala considerable.
El reto será mantener el ritmo de construcción sin descuidar ubicación, calidad y servicios. Una vivienda adecuada debe ser habitable, accesible y conectada con las oportunidades de empleo, educación y salud.
La entrega de las primeras casas permite observar el resultado tangible de una política que, por sus dimensiones, tendrá efectos sobre la estructura urbana de Tamaulipas. La evaluación de largo plazo deberá considerar cuántas familias acceden a una vivienda, pero también en qué condiciones y con qué seguridad patrimonial.
