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Lima.-El rescate de una niña peruana de 10 años en la provincia amazónica de Pastaza, en Ecuador, no solo destapó una presunta red de trata con fines de matrimonio servil. También volvió a evidenciar una realidad que continúa afectando a miles de menores en América Latina: las uniones tempranas y los matrimonios infantiles.
La menor fue localizada en la comunidad de Espejo, en el río Tigre, durante un operativo conjunto de las autoridades ecuatorianas. Según la Fiscalía de ese país, un hombre de 50 años fue detenido acusado de tráfico de personas para matrimonio servil, aunque posteriormente recuperó su libertad mientras continúan las investigaciones.
El caso se originó tras una pesquisa de dos meses que permitió seguir la pista de otros episodios de tráfico de menores en la frontera entre Perú y Ecuador, donde las autoridades investigan incluso el presunto intercambio de niñas entre comunidades indígenas.
La menor fue localizada en la comunidad Espejo, ubicada en el río Tigre, en la provincia amazónica de Pastaza. Se trata de una zona de difícil acceso próxima a la frontera entre Ecuador y Perú, donde las autoridades de ambos países venían realizando diligencias por posibles casos de trata de personas.
De acuerdo con la información oficial difundida tras el operativo, la investigación apunta a que aproximadamente un mes antes del rescate se habría producido un intercambio transfronterizo de dos menores entre comunidades indígenas de ambos países. Las circunstancias en las que ocurrió ese traslado continúan bajo investigación.
El operativo para ubicar a la niña estuvo a cargo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecuador, con participación de autoridades peruanas en las coordinaciones previas. Durante la intervención fue detenido un hombre de 50 años, identificado por las autoridades ecuatorianas como Santi Cuji Washinton Favio.
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, señaló además que la menor sería una posible víctima de abuso sexual. El detenido recuperó posteriormente su libertad tras una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, decisión que generó cuestionamientos públicos y llevó a la Fiscalía ecuatoriana a iniciar una revisión de la actuación de la fiscal que intervino en el caso.
Especialistas advierten que el caso evidencia un problema estructural que persiste en la región. De acuerdo con Unicef, una de cada cuatro niñas en América Latina y el Caribe ha contraído matrimonio o iniciado una unión antes de cumplir los 18 años.
La cifra preocupa especialmente porque la región es la única del mundo donde esta práctica no ha disminuido de forma significativa en las últimas décadas. Mientras África subsahariana —la zona con mayor prevalencia— ha logrado reducir progresivamente los matrimonios infantiles mediante políticas públicas, América Latina mantiene niveles prácticamente estancados.
Para organizaciones como Girls Not Brides, las uniones tempranas rara vez responden a una decisión libre de las niñas. La pobreza, el abandono escolar, la violencia y la falta de oportunidades económicas empujan a muchas menores a relaciones marcadas por profundas desigualdades de poder.
Las consecuencias son múltiples: interrupción de la educación, embarazos adolescentes, mayor exposición a la violencia de género y una reducción de las posibilidades de desarrollo personal y económico.
Los estudios muestran otro patrón preocupante: una de cada cinco niñas que entra en una unión temprana lo hace con un hombre al menos diez años mayor.
Expertos también advierten que algunas prácticas culturales presentes en territorios indígenas continúan siendo utilizadas para justificar matrimonios o convivencias con menores de edad. Sin embargo, subrayan que el respeto por las tradiciones no puede prevalecer sobre los derechos de niñas y adolescentes.
En los últimos años, varios países latinoamericanos han endurecido su legislación. Nicaragua prohibió los matrimonios con menores en 2014, El Salvador en 2017, México eliminó las excepciones en 2019 y Perú prohibió el matrimonio infantil en 2023. Colombia y Bolivia adoptaron medidas similares en 2025.
Las especialistas coinciden en que la prohibición legal, por sí sola, no basta para erradicar una práctica profundamente vinculada a la desigualdad social y de género.
Las autoridades de Perú y Ecuador anunciaron que reforzarán la vigilancia en la frontera para prevenir el tráfico de menores con fines de matrimonio. Paralelamente, la niña permanece bajo protección estatal mientras recibe atención médica y psicológica.
Para Unicef y Girls Not Brides, la respuesta debe ir más allá del rescate: mantener a las niñas en la escuela, ampliar sus oportunidades económicas y brindar apoyo a quienes ya viven en uniones tempranas son medidas esenciales para romper un ciclo que sigue afectando a generaciones enteras.
