Décadas de hegemonía priista en Tamaulipas tardarían en morir hasta 2016, pero la pugna por el control de la estructura institucional arrancó mucho antes, en la década de los setenta. Uno de los episodios más duros que nos tocó atestiguar, en nuestra condición de reporteros, fue la rebelión que desató la imposición del candidato priista en Ciudad Mante, ungido ganador de un proceso viciado desde el origen. La imposición derivó en un estallido de violencia —muertos, heridos, una ciudad entera envalentonada— que hizo tambalear a las autoridades de la época.
Todo comenzó a arder el 6 de enero de 1978, cuando debía tomar protesta como alcalde el priista Enrique Cano González, aunque el triunfo real —a la vista de cualquiera— le correspondía al candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. La policía disparó contra quienes cercaban la plaza; cayó herido Adolfo Vega Montoya, dirigente civil, que agonizaría una semana antes de morir. Para el 23 de marzo le tocó el turno a Vicente Infante Castillo, presidente del comité municipal del PARM, acribillado en plena calle.
Esa misma noche cayó, sin orden judicial de por medio, el activista Rafael Torres Plata. Cuarenta y ocho horas bastaron para que amaneciera muerto en una celda, torturado con la aquiescencia del entonces director de la Policía Judicial, el capitán Álvaro Cerón Álvarez, y las manos del agente Ismael Garza Flores, a quien el pueblo ya conocía por su apodo: “El Quemador”. El Mante no esperó más: tomó la comandancia, liberó a los presos y le prendió fuego a la sede del poder que lo había traicionado.
Ese mismo día, en Ciudad Victoria, había solicitado una entrevista con el procurador de Justicia, Even Garza Mascorro; llegué a su oficina y apenas me acomodaba en el sillón frente a su escritorio cuando sonó el teléfono y vi al abogado derrumbarse ante la noticia. Alcanzó, con voz entrecortada, a comentarme lo que había pasado en Ciudad Mante y me pidió, con una disculpa apresurada, que dejáramos la entrevista para después. Fue imposible arrancarle una palabra más sobre el proceso; sorprendido por el estado emocional del funcionario, opté por abandonar las oficinas, instaladas aquel tiempo en el segundo piso del Palacio de Gobierno.
Durante cuarenta y tantos años esta crisis política solo sobrevivió en versiones sueltas: la literatura es escasa, nadie volvió a hablar del tema en los aniversarios, la rebeldía se apagó y la oposición tomó cauce institucional, hasta el punto de que hoy, en el mundo digital, apenas quedan rastros de lo que les pasó a Vega Montoya, a Infante Castillo y a Torres Plata. Esa vez El Mante se rebeló sin un solo fusil, nada más con hartazgo, apenas meses después de que Jesús Reyes Heroles promulgara la Reforma Política de 1977, la que iba a encauzar el descontento hacia las urnas. Reyes Heroles hablaba de abrir las puertas del sistema mientras, lejos del Distrito Federal, en otros territorios ya las habían cerrado a balazos.
El gobernador Enrique Cárdenas González terminó su sexenio en 1981. Más de cien civiles fueron procesados por motín e incendio, algunos sin derecho a fianza, mientras los mandos policiacos involucrados quedaron libres en los meses siguientes. Garza Mascorro, el procurador que aquella tarde me pidió esperar, ya había sido antes magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas; desde 1977 era, además, titular de la Notaría 137, cargo que conservó hasta su muerte en 1985.
Los testimonios de las familias, conservados durante cuatro décadas al margen de cualquier archivo oficial, sobrevivieron hasta que el informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, “Fue el Estado”, documentó con nombre y cargo lo que sucedió en El Mante: Torres Plata murió bajo custodia; las detenciones respondieron a motivos políticos; Vega Montoya e Infante Castillo no eran agitadores, sino ciudadanos que exigían que se contara su voto. El expediente sigue incompleto: distintas dependencias que resguardan legajos militares de esos años mantienen procesos judiciales pendientes sobre el acceso a esos archivos. Hubo un tiempo en que colectivos de víctimas tramitaron amparos para impedir que se destruyan.
La memoria y el olvido conviven en Tamaulipas desde hace cuarenta y tantos años, y el paso del tiempo ha determinado, más de una vez, cuál de los dos se impone. A ese paso del tiempo lo conocimos de cerca, aquella tarde en el segundo piso del Palacio de Gobierno, en la voz de un abogado que prefirió posponer las preguntas de un despistado y nervioso reportero.
Nunca hubo una segunda cita con el procurador Garza Mascorro. Cuarenta y tantos años después, aquella entrevista que no fue se parece bastante al expediente de El Mante: sigue abierta y cada vez hay menos gente capaz de responder. El olvido no borra el recuerdo pero a estas alturas ya apagó a una gran parte de los que fueron protagonistas de esos días bajo la tormenta.
