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Expreso-La Razon
En menos de un mes, autoridades federales y estatales han desplegado cinco golpes contra el huachicol fiscal en Tamaulipas —Reynosa, la brecha El Becerro, el Puerto Industrial de Altamira y ahora Ciudad Victoria— con un valor conjunto que supera los 130 millones de pesos en hidrocarburo, vehículos e infraestructura asegurados.
El 7 de agosto de 2026 fuerzas federales y estatales aseguraron un centro de operación de huachicol en dos predios del ejido Los Olivos, en Ciudad Victoria.
Quince días después el lugar luce sin vigilancia de autoridades, los sellos de aseguramiento que se colocaron en los portones principales están rotos y los vehículos presuntamente utilizados para el tráfico ilegal de hidrocarburos siguen estacionados en su interior.
En un recorrido de Expreso-La Razón por la zona no fueron observadas personas en las instalaciones ni documentada alguna actividad.
En uno de los 2 predios contiguos sobre la calle Camelia del Fraccionamiento Bugambilias, a unos metros de la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del kilómetro 15, se pueden contar 2 tractores de tráiler, uno negro y otro blanco; 21 pipas y además un camión de carga.
También desde el aire se ve una construcción inconclusa con techo de lámina. Y al fondo 2 naves de 2 aguas con techo de lámina.
Una vivienda colinda con este predio bardeado. Y alejada a unos metros de distancia hay una cancha de futbol.
Al otro lado del portón del otro predio hay 3 vehículos compactos, 2 pipas, 16 plataformas de tráiler con contenedores. Una barda divisoria parte el terreno en 2.
Tras esa barda se localizan otros 2 tractores de tráiler, un vehículo rojo chocado sobre un remolque, una camioneta con caja y de otra solo la cabina. Y media docena de tanques metálicos de almacenamiento, algunos ya viejos y oxidados. Otro recipiente plástico azul también se puede ver.
Una construcción de 2 plantas marca el final del predio. Luego monte.
Sobre el piso de tierra y grava de ambos predios pegados lucen algunas manchas de hidrocarburo.
EL DESCUBRIMIENTO
En el lugar operaba Activ Ambiental, una empresa dedicada al transporte de materiales peligrosos. En su cuenta de Facebook ofrece sus servicios de traslado de aceites y lubricantes.
En el cateo del 7 de agosto participaron elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con peritos especializados de la Agencia de Investigación Criminal, así como oficiales de la Guardia Estatal y personal de Petróleos Mexicanos.
En el lugar fueron arrestadas 14 personas y asegurados más de 348 mil litros de aceite. Detenidos y material quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.
Tras la incursión ese día la zona quedó asegurada. Hoy, dos semanas después, no hay una patrulla, acordonamiento ni un agente de seguridad federal o estatal que vigile.
Dos semanas antes del descubrimiento del centro huachicolero en Victoria, el 22 de julio elementos del Ejército y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República y Seguridad Física de Pemex, ejecutaron una Orden Técnica de Investigación en un predio de Reynosa,
En el lugar no precisado fueron asegurados 109 mil 400 litros de hidrocarburo, 18 tanques cilíndricos, 3 tanques verticales de almacenamiento, un tanque móvil tipo Frac Tank, 2 tractocamiones, 2 pipas, 12 motobombas, 4 cámaras de videovigilancia, una antena y el inmueble-almacén.
Después de esa incursión, a finales de julio en un cateo sobre la brecha El Becerro, la Fiscalía General de la República aseguró 3 millones 769 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita y la mini refinería clandestina que procesaba el producto.
Una red de tuberías formaba parte de la refinería. Fueron asegurados 6 tractocamiones, 7 pipas, una caja seca, un remolque tipo plataforma, 11 frac tanks, 7 tanques fijos de almacenamiento industrial, 21 cubitanques, 8 motobombas, 3 plantas generadoras de energía, 6 equipos de cómputo.
De inmediato el sitio quedó bajo el resguardo de elementos del Ejército mexicano.
De acuerdo con precios comerciales el hidrocarburo, los vehículos, la infraestructura y el predio asegurados tendrían un valor de 127.9 millones de pesos; 94.2 millones corresponderían al combustible.
Casi un mes después las autoridades federales no han informado de arrestos de personas. Tampoco se conoce si se mantiene la vigilancia por el ejército.
Maytrack S.A. DE C.V., la empresa propietaria del predio donde operaba la refinería clandestina, recibió contratos por 208 millones de pesos durante el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, denunció el morenista vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
En marzo de 2025 en el puerto de Tampico fueron asegurados más de 20 millones de litros de diésel ilegal transportados en el buque Challenge Procyon, cuyo cargamento fue declarado como aditivos para aceites lubricantes, en el caso de huachicol fiscal más grande que se conozca hasta hoy en el país.
La embarcación con bandera de Singapur permanece anclada frente a Tampico, reportó este sábado la publicación especializada en cargueros petroleros VasselFinder.
En este caso las autoridades mexicanas tampoco han actualizado información de su custodia.
EL GOLPE EN ALTAMIRA
La semana pasada, el 17 de agosto, la Fiscalía General de la República, con apoyo de personal de la Secretaría de Marina-Armada de México, cumplimentó una orden de cateo en una distribuidora de combustible ubicada en la colonia Puerto Industrial, en el municipio de Altamira, dentro del corredor industrial portuario.
El operativo derivó en el aseguramiento de aproximadamente 297 mil litros de un líquido con características similares al diésel, además de una flota que la propia Semar detalló con precisión: 23 tractocamiones, 70 remolques tipo plataforma, 23 dollys, un autotanque, dos remolques tipo caja seca, dos remolques tipo caja refrigerada y nueve remolques tipo pipa. En el lugar fueron detenidas tres personas, según reportes posteriores de la propia FGR.
Días después, la Fiscalía amplió la información inicial mediante un comunicado acompañado de fotografías del predio, y ofreció una lectura distinta a la de un simple punto de acopio: se trataba de un auténtico «megacentro» huachicolero, equipado incluso con una estación de servicio propia para la recarga rápida de autotanques —una infraestructura que sugiere operación continua y a gran escala, no un punto de almacenamiento improvisado.
De acuerdo con el reporte actualizado de la dependencia federal, el corte final de lo asegurado asciende a 297 mil 597 litros de hidrocarburo, así como 23 tractocamiones, 22 dollys, 52 plataformas, 15 remolques, cinco autotanques, cinco cajas secas, dos frac tanks y tres vehículos adicionales, sumados al inmueble y la estación de servicio. La FGR informó que la carpeta de investigación permanece abierta para determinar el origen del combustible, su destino final y la posible participación de más personas.
REFORMAS CONTRA EL HUACHICOL
Frente al detonamiento del huachicol en México en proporciones históricas, el Gobierno federal prepara un paquete de reformas legales para reforzar el combate a la corrupción, con especial énfasis en el huachicol fiscal y las empresas factureras utilizadas para simular operaciones y evadir impuestos.
La propuesta es impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pasrdo y cuenta con respaldo de legisladores de Morena, empresarios, académicos y especialistas, y busca convertirse en uno de los temas prioritarios del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, junto con el análisis del Paquete Económico 2027.
El plan emergente plantea una reestructuración del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar, fiscalizar y sancionar irregularidades. También contempla fortalecer los mecanismos de auditoría, ampliar las capacidades de vigilancia del gasto público y reducir los espacios de impunidad. Sheinbaum ha señalado la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado contra la corrupción.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa trabajan en una propuesta conjunta para actualizar el marco institucional. Uno de los principales objetivos será combatir el huachicol fiscal, mediante mayores sanciones para quienes participan en redes de evasión relacionadas con la importación, distribución y compra de combustibles con documentación irregular.
La iniciativa también busca cerrar el paso a las empresas fachada o factureras, utilizadas para justificar operaciones inexistentes y desviar recursos públicos. Además, se prevé fortalecer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mejorar la protección a denunciantes y crear nuevas capacidades de investigación para delitos como el robo de hidrocarburos.
