Por Nora Marianela García Rodríguez
Expreso-La Razón
Lindsay Clancy quedó paralizada de la cintura hacia abajo la noche de enero de 2023 en que estranguló a sus tres hijos en Duxbury, Massachusetts; admitió los hechos, se declaró no culpable de tres cargos de asesinato en primer grado, y su defensa cerró el viernes en Plymouth, así que los alegatos finales llegan en los próximos días ante un jurado que necesita unanimidad.
En los cuatro meses previos recibió más de 30 prescripciones y 13 medicamentos psiquiátricos distintos, según la revisión del expediente judicial publicada por The Boston Globe; se los indicaron psiquiatras, enfermeras especializadas, médicos de urgencias y personal de un internamiento breve, y su psiquiatra principal declaró que la atendió catorce veces, que la última cita fue un día antes de los hechos, y que nunca pidió los registros de los demás tratantes; Clancy y su exesposo demandaron a los prestadores por sobremedicación y diagnóstico erróneo, mientras la fiscalía sostiene que nunca recibió un diagnóstico formal de depresión posparto y que planeó los hechos.
Ese expediente documenta un exceso de prestadores sin coordinación, y los registros mexicanos apuntan a lo contrario, porque el Global Burden of Disease 2021 calcula 18.1 millones de mexicanos con algún trastorno mental, mientras el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones reportó 158,814 personas atendidas en el sistema público entre enero y mayo de 2024, menos de 1% de ese universo.
El paquete económico 2026 propuso para la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones 2 mil 131 millones de pesos, frente a 2 mil 146 millones aprobados para 2025, y Diputados avaló el presupuesto en noviembre sin modificar el monto global; el análisis del CIEP, firmado por Judith Méndez y Alejandra Macías, ubica el rubro 13.8% debajo de lo ejercido en 2024 y en 1.5% del gasto de la Secretaría de Salud e IMSS Bienestar, contra el 5% que la OMS recomienda a países de ingreso medio, y ese mismo centro calculó que igualar la inversión promedio de la región exigiría cerca de 10 mil millones de pesos anuales, casi el triple de lo asignado.
El 2º Diagnóstico Operativo de Salud Mental y Adicciones, de la propia Secretaría de Salud, registró 0.959 psiquiatras y 3.119 psicólogos por cada 100 mil habitantes, en un país donde más de la mitad carece de seguridad social.
Esa demanda se desplaza al mostrador, ya que los consultorios adyacentes a farmacias sumaban unos 18 mil establecimientos en el conteo de 2023, con cerca de 10 millones de consultas al mes, y desde la ENSANUT 2012 el Instituto Nacional de Salud Pública documentó sobreprescripción en 64% de sus usuarios; una etnografía publicada este año concluyó que ese modelo vuelve al medicamento el núcleo de la consulta.
El investigador de ese instituto Gómez Dantés explicó a Medscape en mayo que el esquema conviene a la farmacia y al médico, cuyo sueldo base es bajo y que para mejorar su ingreso busca cumplir “cuotas de prescripción”; a ello se suma un mercado que nadie mide, el de las benzodiacepinas despachadas sin receta pese a ser controladas, práctica denunciada por la Cofepris.
El INEGI contabilizó 8,856 suicidios en 2024 en población de 10 años y más, tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes, superior a las de 2014 y 2019; la Secretaría de Salud de Tamaulipas reportó 138 suicidios en el estado durante 2025, con tasa de 4.1, mientras el gobierno estatal documentó que la ideación suicida creció 294% en el primer semestre de 2024 con los casos consumados estables.
La demanda estatal va al alza y está medida, ya que la Secretaría de Salud otorgó 103 mil consultas de salud mental durante 2025, y al cierre de junio acumulaba 59 mil 369; Eliana Margarita Guevara Peña, jefa del Departamento de Salud Mental y Prevención de Adicciones, atribuyó el aumento a que “cada vez más personas reconocen la importancia de acudir a terapia”.
Cuando llega la crisis aguda, el estado dispone de dos centros de hospitalización psiquiátrica, el Hospital Psiquiátrico de Tampico y el Centro Estatal de Salud Mental Villas de la Esperanza, en Matamoros, y el primero cuenta con 43 camas censables y nueve de urgencias, y en mayo de este año su dirección lo reportó con ocupación de entre 80% y 82% y estancia promedio de 19 días.
La mayoría de quienes ingresan tiene entre 20 y 40 años, llega en fase aguda por conducta suicida, psicosis, trastorno bipolar o consumo de sustancias, y cerca de 80% procede del sur del estado; desde 2024 la dirección del hospital advierte a la prensa local que entre 30% y 45% de los pacientes abandona el tratamiento, y que 20% llega sin diagnóstico previo por temor al estigma.
La procuraduría del DIF de Tampico reportó tres casos de personas con padecimientos mentales abandonadas en los primeros dos meses de 2026, y el centro de Matamoros cursa una segunda etapa de rehabilitación con más de 16 millones de pesos, adicionales a 12 de la primera.
La red ambulatoria suma 18 Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones en quince municipios y poco más de 70 psicólogos, e informes estatales citados por este diario en abril reconocieron déficit de personal especializado.
Laura Elena Navarrete Reyes, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, ha señalado que dos de cada diez mexicanas desarrollan depresión durante el embarazo o en el primer año tras el parto, y que 75% nunca son diagnosticadas ni reciben tratamiento; las revisiones del instituto ubican la prevalencia entre 6.6% y 24.6%.
La escala de Edimburgo, validada en población mexicana y recomendada por la guía de práctica clínica, se aplica en minutos con un cuestionario impreso, y los autores de esa validación concluyeron que debería ser rutinaria, sin que eso ocurra en el primer nivel.
La psicosis posparto es un cuadro distinto, clasificado como urgencia médica, y la literatura clínica estima que entre 1% y 4% de quienes la padecen llegan a dañar a sus hijos; el DSM-5 no la reconoce como categoría propia y solo admite el especificador de inicio en el periparto, y especialistas consultados por la BBC señalaron que eso complica su detección.
La reforma a la Ley General de Salud de mayo de 2022 prohibió construir nuevos hospitales monoespecializados en psiquiatría y mandató convertir los existentes en centros ambulatorios; al cumplirse tres años, Documenta advirtió que el modelo asilar se desmonta más rápido de lo que se levanta la red que debía sustituirlo.
En abril la Presidencia presentó la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para jóvenes, sustentada en que 10% de los adolescentes de 12 a 17 años presenta malestar psicológico; sus seis ejes contemplan sensibilización, guías, brigadas escolares y la Línea de la Vida, y ninguno incluye contratación de especialistas, regulación de la prescripción en farmacias ni reversión del recorte.
Tamaulipas se adelantó a la federación en el terreno normativo, porque en mayo entró en vigor la Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial y quedó instalado el Consejo Estatal de Coordinación, mientras el hospital de Tampico se rehabilita con recursos de IMSS Bienestar.
Ni la Conasama ni la Cofepris ni la Secretaría de Salud publican en sus portales cuántas recetas de antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos se emiten cada año en México, ni cuántas salen de un consultorio de farmacia, dato ausente también en los anuarios estadísticos e informes sectoriales revisados para este reportaje.
Ninguna cifra de este reportaje describe una emergencia imprevista, porque detrás de cada una hay una decisión con fecha, la reforma que mandó desmontar el modelo asilar sin financiar el que iba a reemplazarlo, el presupuesto que volvió a recortar el rubro, la regulación de los consultorios de farmacia que sigue sin actualizarse a fondo, y el registro de prescripción psiquiátrica que nadie ordenó construir.
En Plymouth el jurado deliberará en los próximos días sobre trece medicamentos anotados uno por uno en un expediente que sí existe, mientras en Tamaulipas entre 30% y 45% de quienes salen del hospital de Tampico abandona el tratamiento, y no hay una sola oficina en el país capaz de decir con qué receta se fueron.
