Por. Nora García Rodríguez
Poco más de 30 horas duró el regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, y en ese lapso no apareció una prueba nueva ni una resolución que lo exonerara o lo señalará, lo único que se movió fue el precio político de quedarse.
El viernes 21 de agosto volvió a Palacio de Gobierno y anunció que retomaba el cargo, el sábado a las 18:40 horas firmó una segunda solicitud de licencia, ahora indefinida, y este domingo la Diputación Permanente del Congreso se la aprobó por unanimidad, con el Ejecutivo otra vez en manos de Yeraldine Bonilla Valverde, la misma que cubrió la primera licencia.
Digámoslo sin rodeos, cuando la permanencia de un gobernador acusado se resuelve por aritmética partidista y no por procedimiento, la justicia llega tarde y llega prestada.
El 29 de abril la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de conspiración para importar narcóticos y de delitos con armas, con el señalamiento de que la facción de Los Chapitos habría respaldado su llegada al cargo en 2021 a cambio de protección institucional, él lo negó todo y atribuyó los cargos a la ultraderecha.
En México el caso apenas se movió, la Cancillería recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición y la FGR abrió carpeta, aunque en julio informó que su indagatoria se ceñía a los delitos consignados por Washington, sin tocar cuentas, patrimonio ni redes familiares, y el 11 de agosto la Presidenta informó que Estados Unidos aún no enviaba lo que justificará la urgencia.
Aquí está el nudo, cuando pidió su primera licencia, el 1 de mayo, la explicación fue que se apartaba para que las autoridades investigaran sin la protección del fuero, y si separarse quita el blindaje, regresar lo restituye y volver a irse lo retira otra vez, con lo cual una garantía pensada para proteger la función pública terminó operando como un interruptor que acciona su propio beneficiario.
La Presidenta marcó distancia sin nombrarlo, aclaró que se enteró del regreso por redes sociales y no por una consulta previa, advirtió que ningún interés personal puede colocarse por encima del pueblo y de la Nación y habló de «la ambición desnuda del poder por el poder», y este domingo calificó la nueva licencia como lo mejor para Sinaloa y subrayó que no fue ella quien se la pidió.
Ese mismo viernes, 23 gobernadoras y gobernadores de Morena y del PVEM firmaron un pronunciamiento de respaldo total a la Presidenta en el que llamaron a Rocha Moya a la «madurez y responsabilidad» y sostuvieron que ninguna decisión individual puede estar por encima del proyecto colectivo ni del mandato ciudadano.
Esa carta cierra filas alrededor de la Presidenta y no alrededor de una investigación, y ahí está la distancia entre disciplina política y rendición de cuentas, un desplegado puede exigir congruencia, pero no acusa ni sentencia, eso solo lo hace la Fiscalía.
Quien vuelve a despachar es la misma secretaria general de Gobierno que en mayo asumió expresando solidaridad con Rocha Moya y calificando de falsas las acusaciones, así que el relevo cambia la firma de los oficios sin cambiar el grupo que gobierna ni su lectura del expediente.
El Congreso completa el cuadro, en mayo aprobó la primera licencia por unanimidad en una sesión de menos de cinco minutos y este domingo repitió el trámite con los nueve integrantes de la Permanente, un legislativo que ratifica en minutos lo que el Ejecutivo anuncia en redes no está contrapesando, está notariando.
Mientras eso ocurre en Palacio, el 12 de agosto las madres de los colectivos Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos y Por las Voces sin Justicia tapizaron con fichas de desaparecidos las rejas y los muros del centro de identificación humana de Mazatlán, y esa imagen explica mejor que cualquier análisis dónde está parado el estado.
Los números confirman lo que ellas denuncian, del 9 de septiembre de 2024 al 29 de abril de 2026 la Coparmex Sinaloa contó 3 mil 155 homicidios dolosos, 5.3 diarios en promedio, y 3 mil 686 personas privadas de la libertad, y el International Crisis Group documentó que los menores de 28 años concentran 40% de los homicidios y la mitad de las desapariciones de esta guerra.
La factura económica va en paralelo, el Consejo Sinaloense de Empresarios reportó 17 mil 871 empleos formales perdidos entre junio de 2024 y junio de 2026 y una caída de 11.2% en registros patronales ante el IMSS, y el Inegi midió en junio que 90.8% de los adultos de Culiacán considera inseguro vivir en su ciudad, el segundo porcentaje más alto del país.
Y aquí viene lo incómodo, exigir pruebas a Washington es legítimo y la soberanía no se negocia, pero también consiste en investigar hacia adentro sin esperar a que un fiscal extranjero fije la agenda, y a dos años del estallido de la guerra ningún funcionario ha sido procesado en México.
En Tamaulipas nos sabemos el guion, Yarrington fue detenido en Italia en 2017, extraditado en 2018, se declaró culpable de lavado en 2021 y hasta 2025 recibió formal prisión en México, y Eugenio Hernández, acusado en Estados Unidos desde 2015, obtuvo en diciembre pasado un amparo que frenó su extradición, la denuncia llega de fuera y el sistema administra el tiempo.
Rocha Moya tiene derecho a la presunción de inocencia y los sinaloenses tienen derecho a saber, las dos cosas caben en el mismo expediente si alguien se decide a integrarlo con plazos y consecuencias.
Lo que Sinaloa necesita no es otro interinato, sino una investigación propia que no dependa del humor bilateral ni del calendario electoral, porque mientras eso no ocurra seguiremos leyendo en inglés lo que deberíamos estar juzgando en español.
