Por Juan Sánchez Mendoza
A diferencia de sus antecesores, Claudia Sheinbaum Pardo llegaría al segundo informe presidencial con una popularidad del 75.1 por ciento, alcanzando la calificación más alta de las últimas décadas.
Obviamente el diagnóstico no lo comparten los opositores de la cuarta transformación, aunque para alcanzar estas cifras se ordenó a senadores y diputados avalar las reformas promovidas por la jefa del Ejecutivo Federal, en diversas materias. Sobre todo, en materia de asistencia social.
La mandataria está dispuesta a seguir poyando a las madres solteras, adultos de la tercera edad, jóvenes desadaptados, estudiantes del nivel básico hasta universitario y desempleados; al tiempo que ha clausurado algunos programas, por presumir que la corrupción era el principal problema de que la ayuda no llegara a los más necesitados, por simple y llanamente haberse desviados los recursos públicos.
Sobre el tema de seguridad, la presidenta ha insistido en la necesidad de tener corporaciones comprometidas con el bienestar del pueblo en el combate a la delincuencia, aunque deja la responsabilidad de la prevención de delitos del orden común a los estados y municipios que, desde hace años, desmantelaron sus propios cuadros, aunque a decir verdad de poco servían para diezmar la inseguridad.
En materia económica no hay un diagnóstico certero, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos avalan su gestión merced al combate a la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras dependencias, así como al corporativismo obrero que ha entorpecido la productividad.
Esta calificación, sin embargo, no alcanza al gabinete que se mantiene muy por debajo de la popularidad de la mandataria –casi en la penumbra–, por su actuación frívola, a menos que así actúe por instrucciones precisas.
Por otra parte, le comento que el poder presidencial sigue siendo omnímodo. Y que, si acaso la mandataria se equivoca, vuelve a mandar, al más viejo estilo político.
En fin, Sheinbaum Pardo ofrecerá la semana próxima su segundo informe de actividades.
Y, por lo que preveo, será harto cacareado.
Por cierto, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre populismo y popular aplicado en política?
Hela aquí: La popularidad de una persona se califica en base a la aceptación y fama que mantiene entre la mayoría de la gente, mientras el populismo es una tendencia política que dice defender los intereses del pueblo.
Centralismo
La administración de los recursos económicos federales, según advierte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución exclusiva del presidente.
Y al menos hasta ahora no existe forma de disputarle en términos legales cómo, cuándo y dónde ejercer el gasto.
Por eso hay colaboradores de Claudia Sheinbaum Pardo que rehúsan compartir con los gobernadores la asignación del gasto social, a fin de evitar que éste se realice equitativamente, para ellos manejarlos de manera centralista.
A ello obedece que en el Senado de la República, los partidos políticos, las Organizaciones No Gubernamentales (Ong’s), sindicatos y otras entidades de la sociedad civil, aparte de la Cámara de Diputados (federal, por supuesto), pudiera mantenerse firme la convicción de revisar el Pacto Federal, pues legalmente éste ya resulta atentatorio contra el porcentaje del pueblo que no simpatiza con Movimiento Regeneración nacional (Morena), pero sí tiene necesidad de esos recursos que les son conculcados.
Y más en estos momentos cuando la crisis económica azota a todo el país.
Dicho en otras palabras, hay una errónea interpretación del artículo 90 de nuestra Carta Magna por parte de los secretarios federales, pues amparan malamente su proceder exclusivo y excluyente (en el manejo de los recursos) con desplantes centralistas que nada tienen qué ver con la disposición jurídica que determina concentrar los dineros públicos para su repartición justa y equilibrada.
Hago esta reflexión por la necesidad que existe de revisar el marco jurídico, a fin de que los 32 estados de la República Mexicana, como entidades libres y soberanas que son, tengan mayor participación en el manejo de los ingresos recabados vía impuestos.
Sobre todo, en lo que respecta al manejo del rubro social, insisto, pues de cada peso que las entidades fronterizas envían s la Federación, ésta sólo les regresa alrededor de cinco centavos y quizá hasta diez (cuando bien les va), obligándolas a subsidiar a estados con índices graves de marginación y pobreza y, lo peor, negándoles (a los regímenes subsidiarios) la oportunidad de ayudar a sus pueblos directamente, pues la Federación da en agrupar políticamente el manejo de esos dineros.
En fin, el tema es tan interesante que amerita otro análisis, fuera del reclamo social que existe ante la adversidad que sufren miles de compatriotas.
Sobre todo, cuando allá en Palacio Nacional malamente se interpreta el Pacto Federal.
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