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Expreso-La Razón
CIUDAD VICTORIA, TAM.- A más de dos años de que venciera la concesión que amparaba su operación, la empresa Victoria Meters continúa cobrando y aplicando sanciones a automovilistas en el primer cuadro de la capital tamaulipeca, en medio de una controversia jurídica que escaló al Congreso del Estado.
Actualmente, el gobierno municipal presentó un litigio contra la concesionaria por incumplimiento de sus responsabilidades y por adeudos financieros.
La concesión, otorgada en 2009 durante la administración del entonces alcalde Arturo Diez Gutiérrez, facultó a la empresa para operar el sistema de parquímetros en la vía pública del centro histórico, con una vigencia de 15 años y la obligación de trasladar al Ayuntamiento el 40 por ciento de los ingresos recaudados para gasto corriente municipal.
El origen de la empresa se remonta a un negocio jalisciense denominado Metro Meters, propiedad del empresario Víctor Manuel Negrete Villalobos, radicado en Guadalajara.
Negrete se asoció con Salomón Rosas, originario de San Luis Potosí, para constituir Victoria Meters, sociedad en la que el socio potosino mantuvo el 55 por ciento de las acciones y el jalisciense el 45 por ciento restante.
Con esa sociedad, la empresa obtuvo el contrato de 2009 con el entonces alcalde Arturo Diez Gutiérrez.
El socio identificable de la empresa es Enrique Salomón Rosas Ramírez, con más de tres décadas en el servicio público. Fue diputado federal por San Luis Potosí en la LXI Legislatura, entre 2009 y 2012, asesor del gobernador potosino y jefe de la Oficina de Estrategia y Planeación del gobernador de Tamaulipas, en el sexenio de Eugenio Hernández Flores.
En mayo de 2016, el entonces presidente Enrique Peña Nieto lo nombró cónsul de México en San Bernardino, California, y actualmente trabaja en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.
La concesión municipal con Victoria Meters concluyó formalmente en febrero de 2024 y desde entonces, la empresa ha seguido cobrando; actualmente, incluso mantiene un adeudo de 1 millón de pesos con el gobierno municipal, que ya ha emprendido acciones legales.
La controversia se intensificó en agosto de este año, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara que un parquímetro ubicado junto al mercado Argüelles emitía comprobantes con la leyenda «Gobierno de Matehuala», en referencia al municipio potosino, y no al de Ciudad Victoria.
El hallazgo llevó al Ayuntamiento a clausurar el aparato y a exigir una explicación formal a la empresa.
El Secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva calificó la emisión del ticket como irregular, «porque el folio, fecha y hora de estacionamiento es con datos de otro municipio”.
El episodio se sumó a señalamientos previos sobre el estado de la infraestructura y los términos del contrato.
De acuerdo con reportes periodísticos, alrededor del 70 por ciento de los aproximadamente 700 parquímetros instalados en el centro de la ciudad presenta fallas de funcionamiento, y la empresa no ha cumplido con la obligación contractual de mantener los equipos en condiciones óptimas.
Ante ese panorama, se presentó el 17 de agosto una iniciativa ante la Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas para que se aclare la situación jurídica, técnica y financiera de la concesión.
Días antes, el 10 de agosto, la Diputación Permanente había aprobado por unanimidad solicitar al Ayuntamiento información detallada sobre las condiciones jurídicas, el funcionamiento técnico y la situación económica del servicio, así como los mecanismos de supervisión municipal utilizados para detectar irregularidades administrativas.
El alcalde Eduardo Gattás Báez anunció que el municipio retiraría la operación de los parquímetros a Victoria Meters, al señalar que ya se inició el procedimiento legal para que la empresa libere los espacios y entregue los equipos.
El edil atribuyó la decisión a las quejas ciudadanas, las fallas de los aparatos y el caso del ticket con el sello de Matehuala, y anticipó que, una vez concluida la entrega, el Ayuntamiento licitaría el servicio.
Las distintas administraciones municipales que sucedieron a la que otorgó la concesión original habían evitado pronunciarse sobre los términos del contrato o sobre los beneficios reales que ha representado para las arcas municipales.
