En la antesala de las elecciones del 2027, en teoría, los espacios en las boletas aumentarían por cuota de género para las mujeres. Y, de acuerdo a información de la ONU Mujeres y de la INEGI, también aumentarán los casos de violencia digital de género.
Las mujeres en el servicio público e involucradas en la política son un blanco recurrente para recibir ataques mediante perfiles falsos, o por el equipo de trabajo de otros aspirantes, mediante ‘granjas de bots’, en un afán de deslegitimar su trabajo mediante calumnias, amenazas directas y el uso de inteligencia artificial generativa (como imágenes alteradas o deepfakes) para dañar su imagen personal y profesional.
La presidenta Claudia Sheinbaum, por ejemplo, ha sido víctima de que su imagen se utilice para videos e imágenes alterados con la IA, degradando su imagen. Sin la suficiente regulación para este tipo de contenido en internet, es prácticamente imposible garantizar el respeto a las mujeres que estarán buscando un cargo público en el 2027, para que sea una contienda sana, democrática, y que cualquier tipo de información sea verificada antes de estar circulando en la nube.
La elección del 2027 será histórica por el hecho de que más mujeres buscarán un lugar en cargos políticos. Surge, como interrogante, si estarán protegidas las futuras candidatas a elección popular, de ciberataques y campañas de desprestigio que ya imperan en casi todas las plataformas de redes sociales, a pesar de que, en México, este tipo de actos se clasifican y sancionan bajo el concepto de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, tendrá la respuesta oportuna y a tiempo de las autoridades para cuando estas situaciones lleguen.
Como mujeres, no pisamos un suelo parejo. Por el simple hecho de serlo, ya nos deja en desventaja. Ante este tipo de ataques, no solo se nos cuestiona nuestra capacidad para trabajar, se nos cuestiona cómo vestimos, cómo nos comportamos, y qué tipo de relaciones llevamos, lo que nos deja en entorno de exposición y vulnerabilidad, alimentada por otros aspirantes, sus partidos políticos, partidarios y equipos de trabajo.
Desde la autoridad, urgen medidas que garanticen que los ciberataques y las campañas de desprestigio para futuras candidatas sean sancionadas, y que el discurso no quede en el aire. Para poder garantizar la paridad, tenemos que empezar desde antes de ocupar el cargo. Tiene que ser un proceso electoral que ponga en igualdad de oportunidad de hacer campañas, con las mismas condiciones para candidatas como para los candidatos.
