Por. Antonio H. Mandujano
TAMAULIPAS, MÉXICO.- El negocio de la conservación y el turismo cinegético ha retomado fuerza en Tamaulipas, pero detrás del crecimiento de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) persisten preguntas sobre qué tan efectiva es la vigilancia, cómo se controla el aprovechamiento de especies y qué ocurre con los permisos que autorizan la extracción de fauna.
De acuerdo con cifras proporcionadas por la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, el número de UMAs activas pasó de alrededor de 460-470 al inicio de la actual administración estatal, en octubre de 2022, a entre 570 y 580 durante 2025 y 2026.
Es decir, en tres años se habrían incorporado o reactivado más de un centenar de unidades, en una actividad que el Gobierno estatal busca convertir nuevamente en una fuente de conservación, empleo y derrama económica para las comunidades rurales.
La superficie también habría aumentado de aproximadamente 501 mil hectáreas en 2022 a unas 615 mil hectáreas en 2025, un crecimiento superior a las 114 mil hectáreas bajo este esquema.
Y por todo esto, la propia Comisión Estatal de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, ha defendido este crecimiento al señalar que el Estado atraviesa una etapa favorable para el sector, con una recuperación de unidades que durante años permanecieron inactivas.
Pero el crecimiento también plantea una pregunta: ¿más UMAs significan necesariamente mayor conservación y mayor control sobre la fauna?
EL NEGOCIO DE LA FAUNA
Las UMAs permiten el aprovechamiento regulado de especies silvestres mediante planes de manejo y autorizaciones.
En Tamaulipas, la actividad cinegética tiene especial peso en la región norte, donde el venado cola blanca, guajolote silvestre, jabalí, coyote y distintas especies de aves forman parte de la oferta para cazadores.
Durante las temporadas de mayor actividad, particularmente la de paloma ala blanca, llegan cazadores de otros estados e incluso extranjeros, generando ingresos para propietarios, guías, hoteles, restaurantes y comunidades rurales.
Especialistas del sector han estimado que un cazador puede gastar alrededor de 4 mil dólares durante su estancia, dependiendo del paquete contratado.
Así también, Caza y Pesca ha reportado la entrega de más de 8 mil cintillos de cobro cinegético en temporadas recientes, documentos que permiten acreditar el aprovechamiento legal de determinadas piezas.
Y justamente ahí comienza uno de los puntos sensibles.
¿Cuántos animales fueron autorizados, cuántos fueron realmente cazados y cómo se verifica que cada ejemplar aprovechado corresponde a un permiso válido?
La autoridad sostiene que solamente las UMAs que mantienen sus informes y documentación al corriente pueden solicitar aprovechamientos y que existen mecanismos de supervisión y capacitación.
Sin embargo, buena parte del sistema depende de que los responsables de las unidades mantengan actualizada la información de sus actividades y reporten el aprovechamiento realizado.
EL FURTIVISMO NO HA DESAPARECIDO
Aunque las autoridades estatales han considerado la cacería furtiva como un problema controlado y de baja incidencia, los casos documentados demuestran que la actividad ilegal continúa siendo una realidad.
Uno de los casos más relevantes ocurrió en mayo de 2020 (en la administración pianista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca), en Villa de Casas, cuando siete personas fueron detenidas por presuntamente realizar cacería ilegal de paloma ala blanca.
En el operativo fueron aseguradas cuatro escopetas, cartuchos y tres hieleras con carne de cientos de aves, pese a que no se encontraba abierta la temporada ni existían permisos debido a las restricciones derivadas de la pandemia.
Otro caso investigado por autoridades ambientales involucró a presuntos cazadores furtivos en la frontera tamaulipeca, a quienes se les encontraron nueve venados cola blanca destazados sin los correspondientes cintillos de cobro cinegético.
Y en 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por la presunta caza ilegal de un león, en una UMA del municipio se Mier, después de que circulara en redes sociales una fotografía del ejemplar muerto junto a su cazador.
Incluso existe un antecedente particularmente revelador para el funcionamiento del sistema: la comercialización de cintillos apócrifos, es decir, documentos falsificados que pretendían acreditar legalmente un aprovechamiento cinegético.
Estos casos no permiten afirmar que exista una red generalizada de cacería ilegal en Tamaulipas, pero sí evidencian que el sistema de permisos y marcaje puede ser objeto de fraude o utilización ilegal.
EL GRAN VACÍO: ¿QUIÉN VIGILA?
El ex titular de la Comisión de Caza y Pesca, Luis Eduardo García Reyes reconoció en su titularidad la existencia de cacería ilegal, principalmente de venado para autoconsumo, pero ha considerado que representa una incidencia mínima y prácticamente controlada.
La vigilancia de los delitos relacionados con fauna silvestre corresponde principalmente a PROFEPA, mientras que la Comisión estatal concentra sus esfuerzos en la regulación, capacitación y coordinación.
Y aquí aparece uno de los principales cuestionamientos para las autoridades:
¿Cuántas inspecciones se realizan cada temporada?
¿Cuántas UMAs son visitadas físicamente?
¿Cuántos cintillos son verificados?
¿Cuántos ejemplares son decomisados?
¿Cuántas denuncias terminan en sanciones?
¿Cuántas UMAs han sido suspendidas o perdido autorizaciones por incumplir sus planes de manejo?
Son datos que resultan fundamentales para medir si el crecimiento del sector está acompañado realmente de capacidad de vigilancia.
¿Y EL DINERO?
Otro aspecto que permanece prácticamente fuera de la discusión pública es la dimensión económica.
El turismo cinegético implica pagos por permisos, hospedaje, alimentación, transporte, guías, renta de armas y equipo y paquetes de cacería, en algunos casos contratados por visitantes extranjeros.
No existe evidencia pública que permita afirmar que las UMAs de Tamaulipas sean utilizadas para lavado de dinero.
Pero la ausencia de una acusación no elimina la necesidad de preguntar qué mecanismos existen para garantizar la trazabilidad financiera de una actividad que puede involucrar operaciones de alto valor.
El cuestionamiento no es si existe lavado, sino qué controles existen para impedir que pudiera ocurrir.
Especialmente en un estado donde la inseguridad rural y la presencia histórica del crimen organizado han representado un problema para diversas actividades económicas.
EL MODELO EJIDAL, LA OTRA CARA
Frente a estas interrogantes, el Gobierno estatal impulsa una vertiente distinta: las UMAs ejidales y comunitarias.
Actualmente se reportan alrededor de una docena, con proyectos en municipios como Tula, Miquihuana, Jaumave, Llera, Casas, Abasolo y Palmillas.
En octubre de 2025 se anunciaron seis nuevas UMAs ejidales que, en conjunto, abarcaron 43 mil 520 hectáreas y beneficiaron a unas mil 710 personas, principalmente habitantes de comunidades rurales.
La apuesta oficial es que la fauna deje de representar solamente un recurso que beneficia a propietarios privados y se convierta también en una fuente de ingresos para comunidades que históricamente han tenido pocas alternativas económicas.
García Reyes ha defendido precisamente esta política al señalar que una cacería deportiva bien regulada puede contribuir tanto a la conservación como al bienestar de las comunidades.
