Por Antonio H. Mandujano
Expreso – La Razón
El negocio de la conservación y el turismo cinegético ha retomado fuerza en Tamaulipas, pero detrás del crecimiento de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) persisten preguntas sobre qué tan efectiva es la vigilancia, cómo se controla el aprovechamiento de especies y qué ocurre con los permisos que autorizan la extracción de fauna.
De acuerdo con cifras proporcionadas por la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, el número de UMAs activas pasó de alrededor de 460-470 al inicio de la actual administración estatal, en octubre de 2022, a entre 570 y 580 durante 2025 y 2026.
Es decir, en tres años se habrían incorporado o reactivado más de un centenar de unidades, en una actividad que el Gobierno estatal busca convertir nuevamente en una fuente de conservación, empleo y derrama económica para las comunidades rurales.
La superficie también habría aumentado de aproximadamente 501 mil hectáreas en 2022 a unas 615 mil hectáreas en 2025, un crecimiento superior a las 114 mil hectáreas bajo este esquema.
Y por todo esto, la propia Comisión Estatal de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, ha defendido este crecimiento al señalar que el Estado atraviesa una etapa favorable para el sector, con una recuperación de unidades que durante años permanecieron inactivas.
Pero el crecimiento también plantea una pregunta: ¿más UMAs significan necesariamente mayor conservación y mayor control sobre la fauna?
EL NEGOCIO DE LA FAUNA
Las UMAs permiten aprovechamiento regulado de especies silvestres mediante planes de manejo y autorizaciones. En Tamaulipas, la cacería pesa más en el norte, donde venado cola blanca, guajolote silvestre, jabalí, coyote y distintas aves son oferta para cazadores.
En temporadas altas, sobre todo paloma ala blanca, llegan cazadores de otros estados y extranjeros, generando ingresos para propietarios, guías, hoteles, restaurantes y comunidades rurales.
Especialistas estiman gasto de unos 4 mil dólares por cazador según paquete contratado. Caza y Pesca reportó más de 8 mil cintillos de cobro cinegético en temporadas recientes, que acreditan aprovechamiento legal de piezas.
Ahí surge punto sensible: ¿cuántos animales se autorizaron, cuántos se cazaron realmente y cómo se verifica que cada ejemplar corresponde a permiso válido? La autoridad afirma que solo UMAs con informes y documentación al corriente pueden solicitar aprovechamientos y que hay mecanismos de supervisión y capacitación real.
Sin embargo, buena parte del sistema depende de que los responsables de las unidades mantengan actualizada la información de sus actividades y reporten el aprovechamiento realizado.
EL FURTIVISMO NO HA DESAPARECIDO
Aunque autoridades estatales ven la cacería furtiva como problema controlado y de baja incidencia, los casos documentados prueban que sigue vigente.
En mayo de 2020, en administración panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en Villa de Casas, siete personas fueron detenidas por presunta cacería ilegal de paloma ala blanca. Se aseguraron cuatro escopetas, cartuchos y tres hieleras con carne de cientos de aves, sin temporada abierta ni permisos por la pandemia.
Otro caso en la frontera tamaulipeca involucró a presuntos furtivos con nueve venados cola blanca destazados sin cintillos de cobro cinegético.
En 2022, Profepa denunció ante FGR la presunta caza ilegal de un león en UMA de Mier, tras difundirse en redes foto del ejemplar muerto junto al cazador.
Existe antecedente muy revelador: venta de cintillos apócrifos, documentos falsos para acreditar aprovechamiento. No prueban red generalizada, pero evidencian que el sistema de permisos y marcaje puede ser vulnerado con fraude.
EL GRAN VACÍO: ¿QUIÉN VIGILA?
El ex titular de la Comisión de Caza y Pesca, Luis Eduardo García Reyes, reconoció durante su gestión la existencia de cacería ilegal, principalmente de venado para autoconsumo, aunque la consideró de incidencia mínima y prácticamente controlada. La vigilancia de los delitos contra la fauna silvestre corresponde sobre todo a la PROFEPA, mientras la comisión estatal se enfoca en regulación, capacitación y coordinación. Sin embargo, para evaluar si el crecimiento del sector va acompañado de verdadera capacidad de vigilancia resulta indispensable conocer cuántas inspecciones se realizan cada temporada, cuántas UMAs son visitadas físicamente, cuántos cintillos se verifican, cuántos ejemplares se decomisan, cuántas denuncias terminan en sanciones y cuántas UMAs han sido suspendidas o han perdido autorizaciones por incumplir sus planes de manejo.
¿Y EL DINERO?
Otro aspecto que permanece prácticamente fuera de la discusión pública es la dimensión económica.
El turismo cinegético implica pagos por permisos, hospedaje, alimentación, transporte, guías, renta de armas y equipo y paquetes de cacería, en algunos casos contratados por visitantes extranjeros.
No existe evidencia pública que permita afirmar que las UMAs de Tamaulipas sean utilizadas para lavado de dinero.
Pero la ausencia de una acusación no elimina la necesidad de preguntar qué mecanismos existen para garantizar la trazabilidad financiera de una actividad que puede involucrar operaciones de alto valor.
El cuestionamiento no es si existe lavado, sino qué controles existen para impedir que pudiera ocurrir.
Especialmente en un estado donde la inseguridad rural y la presencia histórica del crimen organizado han representado un problema para diversas actividades económicas.
