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Expreso-La Razón
Tamaulipas volvió esta semana al centro de la conversación política nacional.
En primer lugar por la aspiración presidencial de Francisco Javier García Cabeza de Vaca desde su refugio en Estados Unidos, y como resultado, por la iniciativa de reforma constitucional que la presidenta Claudia Sheinbaum envió el jueves al Congreso de la Unión para prohibir que personas con doble nacionalidad compitan por la Presidencia, las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La iniciativa, elaborada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y el coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, propone reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quien aspire a esos cargos deberá ser mexicano por nacimiento y no podrá tener ni adquirir otra nacionalidad.
Si la tiene, deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato ante el Instituto Nacional Electoral, y no podrá recuperarla ni invocarla ante autoridades extranjeras mientras ocupe el cargo.
De aprobarse en ambas cámaras del Congreso de la Unión y ser ratificada por al menos 17 legislaturas estatales, el Ejecutivo federal propondría después modificaciones a la Ley de Nacionalidad para fijar el procedimiento concreto de renuncia. Sheinbaum ha defendido la medida con el argumento de que una persona con doble nacionalidad es, dijo, ciudadana de dos naciones distintas, por lo que no es posible garantizar que su interés supremo sea el de México.
Aunque la propuesta se presenta como una regla general aplicable a cualquier funcionario o aspirante, la propia presidenta reconoció en conferencia que el caso de Cabeza de Vaca fue parte del contexto que la motivó.
Al ser cuestionada directamente sobre si la reforma le cerraría la puerta al exgobernador tamaulipeco, Sheinbaum respondió que resulta muy difícil ser candidato y lanzar una candidatura desde otro país.
La iniciativa comenzó a perfilarse públicamente el 25 de agosto, un día después de que el propio Cabeza de Vaca confirmara, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, su intención de buscar la Presidencia en 2030.
Esta iniciativa de reforma cobra especial relevancia de cara a los procesos electorales próximos, sobre todo el del 2028, dado que para el 2027 ya no alcanzaría a aplicarse.
Es decir, quienes aspiren a registrarse candidatos a la gubernatura de Tamaulipas el año entrante deberán comprobar contar solo con la nacionalidad mexicana; en caso de tener una segunda -la estadunidense, por ejemplo- deberán renunciar a ella.
Al momento ninguno de los considerados aspirantes a la sucesión han mencionado si cuentan con doble nacionalidad.
El destape de Cabeza de Vaca
Desde Estados Unidos, donde permanece prófugo de la justicia mexicana, el exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca confirmó esta semana su intención de buscar la candidatura a la Presidencia de la República en 2030, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui en la que insistió en presentarse como víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno federal.
La declaración se produce mientras el exmandatario mantiene una orden de aprehensión vigente en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero, y en momentos en que la propia Presidencia discute nuevas reglas electorales que podrían impedirle competir.
El exgobernador dijo a Aristegui tener «más ganas» de involucrarse en la política y llamó a construir una alternativa opositora que trascienda al Partido Acción Nacional, el instituto que lo llevó al poder en 2016. Al mismo tiempo, expresó temor a ser detenido si regresa a México y calificó como un ataque personal la iniciativa de reforma constitucional que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta semana, orientada a prohibir que personas con doble nacionalidad puedan ser candidatas a la Presidencia o a las gubernaturas.
Sobre su elegibilidad legal pese a la orden de captura, el coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, explicó este viernes en la conferencia matutina que la suspensión de derechos político-electorales por el artículo 38 constitucional no se activa por la sola emisión de una orden de aprehensión, sino que requiere además que la persona se haya sustraído comprobadamente de la acción de la justicia.
La narrativa de persecución que sostiene el exgobernador contrasta con el volumen de acusaciones que enfrenta. Además del proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero que motivó su desafuero constitucional, la Fiscalía General de la República lo ha señalado en al menos cuatro investigaciones distintas, entre ellas el presunto pago de sobornos para respaldar la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando era senador y secretario de la Comisión de Energía, así como el uso de empresas fantasma y enriquecimiento ilícito.
La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias del exgobernador y de varios de sus familiares, incluidos su esposa, su madre y un hermano, señalados como parte de una red que, según la FGR, adquirió propiedades en México y Estados Unidos con fondos públicos. En 2021, autoridades estadounidenses detuvieron en McAllen, Texas, a un presunto operador financiero de Cabeza de Vaca acusado de lavar al menos 42 millones de dólares.
Frente a esa narrativa de víctima, voces del propio Congreso de Tamaulipas han señalado un historial inverso: el uso de las instituciones estatales, cuando Cabeza de Vaca gobernaba la entidad, para perseguir a adversarios políticos.
Los casos de persecución
Está el caso del expriista Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas entre 2005 y 2010, detenido en octubre de 2017 en Ciudad Victoria por el entonces fiscal anticorrupción del estado, Javier Castro Ormaechea, bajo la administración de Cabeza de Vaca, acusado de peculado y uso de recursos ilícitos para adquirir terrenos en Altamira.
El exalcalde de Nuevo Laredo Carlos Canturosas Villarreal acumuló al menos tres órdenes de aprehensión por asociación delictuosa durante el mismo sexenio y permanece prófugo. Columnas de opinión publicadas en distintos medios tamaulipecos han añadido a esa lista a la entonces alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, hermana del anterior, y al entonces alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, como blancos de procesos judiciales calificados por sus defensores como políticamente motivados.
Ninguna de esas acusaciones contra el aparato de justicia tamaulipeco durante el gobierno de Cabeza de Vaca ha sido investigada con el mismo despliegue institucional que hoy se aplica al propio exgobernador, lo que alimenta el argumento de sus críticos: que la denuncia de persecución política que ahora enarbola desde el extranjero omite su propio historial al frente del aparato de procuración de justicia estatal.
En la misma semana, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, calificó al exgobernador como «un corrupto y un corruptor, un delincuente prófugo de la justicia» y cuestionó su narrativa de víctima al señalar el patrimonio que exhibe en redes sociales. «Lo vemos en sus ranchos, donde presume vacas, ganado de muchos miles de dólares. ¿Cuál perseguido político? Es un corruptor y un cínico», declaró.
Gutiérrez Luna sostuvo que la posible candidatura presidencial que Cabeza de Vaca ha planteado busca, sobre todo, desviar la atención de los procesos judiciales que enfrenta.
El resultado de este nuevo escenario es un tablero político tamaulipeco que se define, de manera simultánea, desde dos frentes opuestos: uno nacional y judicial, que discute bajo qué condiciones un exgobernador prófugo puede o no aspirar a la Presidencia; y otro estatal y partidista, mucho menos visible, en el que los partidos deciden en privado quién reúne el perfil para representarlos en las urnas de 2027.
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